Accedieron a un financiamiento de hasta el 90% de la vivienda, vigente para empleados públicos. Dudas sobre sus ingresos y codeudores.
Toto Caputo y un grupo de colaboradores del Ministerio de Economía
Los Picantes de Toto Caputo aprovecharon una zona gris del Banco Nación para sus créditos hipotecarios: la Justicia federal investiga cómo un grupo selecto de colaboradores del ministro y legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios de la entidad. Bajo la lupa, las rápidas adjudicaciones y las condiciones frente a los ingresos declarados.
Fuentes gremiales con representación en el Ministerio de Economía aseguraron a Letra P que “es imposible” que personal de planta pueda calificar para financiamientos de ese volumen bajo las condiciones actuales.
El foco está puesto en la línea +Hogares Sector Público, lanzada en mayo de 2024, que permite financiar hasta el 90% del valor de la vivienda a empleados públicos en relación de dependencia que cobren sus haberes en el Banco Nación.
Los datos que dispararon las denuncias surgen de cruces con la Central de Deudores del Banco Central y revelan montos elevados concentrados en funcionarios cercanos a la Casa Rosada.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, registra un crédito tomado en agosto último por $367,6 millones, con una tasa estimada del 8%. Según los datos disponibles, declaró ingresos por $5,4 millones, complementados por codeudores que llevarían el total a $10,8 millones. La cuota inicial se ubicaría en torno a los $2,7 millones.
En tanto, el director del Banco Central, Pedro Inchauspe, accedió a un crédito aún mayor: $510,6 millones en diciembre pasado, con una tasa del 12%. La cuota inicial rondaría los $4,97 millones, con ingresos declarados por $9,94 millones y un total de $19,87 millones al sumar codeudores. Para calificar, los ingresos familiares deberían rondar los $20 millones mensuales, una cifra que triplica el sueldo bruto de un ministro.
También aparecen otros nombres del oficialismo y del entramado estatal. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), figura con un crédito por $373 millones en febrero; Felipe Berón, también vinculado al banco, con $362 millones en abril pasado; y Leandro Massacessi, del Ministerio de Capital Humano, con $401 millones en septiembre, poco antes de presentar su renuncia tras trascender la gestión.
Otros nombres en la lista incluyen al director de YPF, Emiliano Mongilardi ($302 millones) y el joven asesor Sharif Menem, quien con 24 años accedió a cerca de $350 millones.
Incluso figuras del mundo virtual como Juan Carreira (Juan Doe), y legisladores como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde aparecen en los registros de la Central de Deudores del BCRA con deudas hipotecarias en el Nación que promedian los $250 millones.
El punto más controvertido es la relación entre ingresos y montos otorgados. Según las escalas salariales oficiales, un ministro percibe alrededor de $3,58 millones brutos mensuales, un secretario $3,28 millones y un subsecretario $2,98 millones a diciembre de 2025. Incluso considerando actualizaciones paritarias cercanas al 70%, tal como advirtieron voces gremiales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ante la consulta de Letra P, los números quedan lejos de las cuotas iniciales estimadas en varios de los casos.
Por eso, el uso de codeudores aparece como un elemento clave para alcanzar el scoring requerido. La línea permite hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que sean familiares directos, lo que amplía la capacidad de endeudamiento.
Sin embargo, en el mercado financiero advierten que el scoring del Banco Nación es restrictivo y que no todas las solicitantes logran pasar el filtro. “No hay plata para todos”, resumieron fuentes del sector, lo que refuerza las dudas sobre la velocidad y aprobación de estos créditos.
Fuentes gremiales del Palacio de Hacienda aseguran que para una persona de planta es "imposible" acceder a los montos otorgados. Un análisis de los casos más resonantes expone brechas salariales difíciles de explicar sin la ayuda de codeudores o criterios de scoring extremadamente flexibles.
El epicentro de la polémica es la línea +Hogares Sector Público, lanzada en mayo de 2024. Diseñada originalmente para personal de carrera, la normativa contiene una "zona gris" que fue usufructuada por la planta política.
Según un exdirector de la entidad, "la línea exige relación de dependencia, y los cargos bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aunque sean políticos, entran en esa categoría. Es un vacío que transformó un beneficio para el trabajador estatal en un privilegio para el funcionario de turno".
La línea no exige ser planta permanente, sino tener relación de dependencia. Eso incluye a funcionarios que, aunque no tengan estabilidad laboral, están encuadrados dentro del SINEP.
Esa interpretación habilitaría su acceso, pero al mismo tiempo abre cuestionamientos sobre si se trata del espíritu original del programa, pensado para quienes trabajan en la administración pública.
Las presentaciones judiciales apuntan a determinar si existió trato preferencial, flexibilización de requisitos o incluso un “exceso de límites” en el otorgamiento a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Del lado oficial, tanto funcionarios involucrados como el ministro de Economía sostienen que no hubo irregularidades. Aseguran que los créditos pertenecen a la línea UVA tradicional, que los trámites fueron digitales y que no existieron excepciones en los criterios de evaluación.
El Banco Nación, por su parte, niega cualquier privilegio y afirma que se trata de una operatoria estándar abierta a todos los empleados públicos que cumplan con los requisitos.
Se suma a la polémica el condimento adicional de que justamente algunos de los beneficiarios, como Núñez y Furiase, habían cuestionado públicamente al Banco Nación e impulsado su privatización. El primero decía que el banco estatal era una "cueva de acomodados".
Ahora, su acceso a créditos con tasas por debajo del mercado -en un contexto en el que la entidad pública es prácticamente la única que ofrece financiamiento hipotecario competitivo volvió a poner en discusión el rol del Estado como sostén del crédito y las tensiones entre discurso y práctica dentro del oficialismo.