El jefe de Gabinete dijo que aplica la emergencia, pero entró en contradicciones e ignoró el proyecto que envió al Senado. El libreto sobre la criptomoneda.
Manuel Adorni.
Aunque la expectativa se concentró en las denuncias sobre su crecimiento patrimonial, sobre el cual evitó precisiones, durante su informe en Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue incomodado con los dos temas que más erosionaron al Gobierno de Javier Milei: las políticas en el área de discapacidad y la causa $Libra.
Estas consultas formaron parte de las respuestas incluidas en el informe que envió el jefe de Gabinete y de las preguntas que recibió en la sesión, donde, como contó Letra P, leyó cada contestación, escrita por sus colaboradores, después de largos intervalos dispuestos por Martín Menem.
Los conflictos de Milei con el sector más vulnerable de la sociedad y el lanzamiento de la criptomoneda con olor a criptoestafa tienen un elemento en común: son parte de causas judiciales que están abiertas y podrían complicarlo.
Por eso el jefe de Gabinete recitó cada uno de los párrafos que en los próximos días serán repasados en detalle por la oposición. Además, en estos temas Adorni dejó traslucir la interna del Gabinete que estuvo reflejada en los palcos.
La aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada y ratificada por el Congreso el año pasado -tras un veto de Milei- fue uno de los temas más consultados por la oposición, demandó una veintena de respuestas en el informe escrito de Adorni y varios tramos de sus alocuciones en la sesión.
El jefe de Gabinete entró en contradicciones graves. Aseguró en sus respuestas que la emergencia se está cumpliendo, aunque reconoció inconsistencias que podrían poner en duda esa afirmación. Ignoró por completo el proyecto que, con su firma, llegó al Senado para modificar esa norma y eliminar el sistema de prestaciones. Con la legislación vigente, el sector se financia de esta manera: hay un fondo común con aportes privados (obras sociales y prepagas), destinado a financiar los servicios con valores preestablecidos, conocido como nomenclador.
Estas partidas son manejadas por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien es cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. En el proyecto que envió a la Cámara alta, el funcionario propone eliminar los montos del nomenclador. Si prospera esta iniciativa, cada persona con discapacidad deberá negociar sus terapias en forma individual.
Adorni destacó la indexación por inflación en las prestaciones que se aplica desde este año, las compensaciones por las pérdidas de 2024 y los planes de regularización de ARCA, temas que quedarían en el olvido si avanza el proyecto del Senado.
En el recinto, el jefe de Gabinete reconoció dos inconsistencias que podrían complicar a Milei en la Corte Suprema, que ya tiene en sus manos la apelación del Gobierno al fallo que lo obligó a aplicar la emergencia.
Admitió que existen demoras en los pagos de Incluir Salud y PAMI, la pequeña porción de prestadores que paga el Estado, que según su informe representa sólo el 16,51% del total. El resto lo pagan obras sociales y prepagas, las grandes beneficiadas en este ajuste. En respuesta a una consulta sobre Salta, sostuvo que sólo "algunas instituciones" de esa provincia pudieron cobrar todos los servicios que financia el Estado durante 2025. En el escrito, aclaró que los pagos pueden tardar hasta 90 días.
En otro tramo del informe escrito, el ministro coordinador aseguró que se ejecutaron los 121 mil millones de pesos que su antecesor, Guillermo Francos, dispuso en septiembre para mejorar las prestaciones en Discapacidad. La trazabilidad de ese dinero es parte de la pesquisa judicial, que deberá determinar por qué, si efectivamente se gastó, existen demoras en los pagos que corresponden al Estado nacional.
Tal vez preparado para esa situación, Adorni reiteró en muchas de las respuestas que Argentina cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que no permite regresividad en los derechos del sector.
En la Corte deberá dar más detalles de esa afirmación, que se contradice con algunas de sus respuestas escritas. Por caso, en el informe admite que los valores del nomenclador estuvieron congelados por un año (entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025), una clara regresión.
Esta decisión, que además de un ahorro fiscal permitió a las obras sociales y prepagas gastar menos en las prestaciones, fue justificada por Adorni en “una asignación responsable de recursos” y en favorecer a “quienes lo necesitan”, una frase por demás imprecisa. Ninguno de estos criterios está contemplado en ninguna regulación vigente.
Otra zona gris del jefe de Gabinete fue reconocer que la mayoría de las áreas del Estado no cumplen con el cupo de empleo para personas con discapacidad, que es del 4%. No detalló algún apercibimiento a los infractores.
La causa $Libra es uno de los temores de Milei en Tribunales, tanto que su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, premió con pliegos al juez que instruye la investigación, Marcelo Martínez de Giorgi.
En el recinto, Adorni repitió un discurso que, a partir de documentación y testimonios de expertos ya había sido desechado por la oposición en la comisión investigadora: que el tuit que publicó el presidente con el contrato de la memecoin era información pública. Los diputados que evaluaron esa afirmación concluyeron es que es casi imposible que Milei tuviera ese dato por su cuenta minutos después a la publicación en una plataforma.
“Me remito íntegramente a las explicaciones realizadas por quien me precedió en este cargo. No hubo ningún acto de gobierno relacionado con el proyecto Viva la Libertad o la moneda $LIBRA. Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, leyó Adorni.
El jefe de Gabinete tampoco se refirió a las reuniones que mantuvo con Hayden Davis, el dueño de $Libra, que fueron parte de la información que justifica uno de los pedidos de interpelación presentados por la oposición.
“Hay una investigación judicial en trámite y no es competencia de este Congreso de la Nación ni del Poder Ejecutivo conocer sobre causas en curso. Mi intención es que los argentinos tengan claridad sobre el tema, y es por ello que hemos creado la Unidad de Tareas de Investigación y hemos puesto a disposición de la Justicia la información correspondiente. La Justicia deberá determinar las responsabilidades que los miembros de esta Cámara denuncian”, completó el exvoceropresidencial.