Corrió a María Luz Landivar de la Dirección Nacional Electoral. En su lugar, asume un exlarretista ligado al riojano. El acuerdo con Diego Santilli.
Lule Menem.
Javier Milei consumó este jueves su enésimo cambio de gabinete. María Luz Landívar, una neutral cercana a Santiago Caputo, dejó la Dirección Nacional Electoral y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, un exlarretista que llega de la mano de Lule Menem. La funcionaria saliente esquiva el llano: encontró refugio bajo el ala de Diego Santilli, que la sumará como asesora.
Si bien el tema se venía rumoreando hace algunos días, recién este jueves por la mañana se confirmó que le habían pedido la renuncia a Landívar. Se trataba de una de las últimas funcionarias del PRO en la Casa Rosada, que había sobrevivido a las sucesivas purgas del macrismo desde que el vínculo entre Milei y Mauricio Macri se empezó a enturbiar. Si bien la exfuncionaria se había mantenido neutral en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, esa supervivencia se había dado en parte a que, en otras ocasiones en las que fueron por ella, la salvó su buen vínculo con el asesor plenipotenciario.
La salida de Landivar fue parte de una negociación entre Lule Menem y Santilli. No es casualidad que el ministro del Interior le haya pedido a la ahora exdirectora que se sume a su equipo como asesora y que trabaje junto al secretario del Interior, Gustavo Coria. El riojano, por su parte, empujó a Limodio como reemplazante. Con un pasado en el PRO, es un nombre que no cayó mal en las huestes santillistas. Sin embargo, se da por sentado que será una figura que responderá directamente al subsecretario de Gestión Institucional
Aunque es una dirección de bajo perfil, la DINE es un botín más que interesante para cualquier interesado en manejar la botonera del poder. Es la dirección encargada de organizar las elecciones a través de varias licitaciones millonarias, manejar el escrutinio provisorio, anunciar los resultados el domingo electoral y ejecutar las decisiones del Ministerio del Interior en el plano electoral. Por esa razón, tiene voz y voto en contrataciones más que jugosas como la de la impresión de las boletas o la que define qué empresa prestará el servicio informático para el escrutinio provisorio.
En ese sentido, Limodio parece un nombre con experiencia para realizar esa tarea. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, fue subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Allí se desempeñó bajo la órbita de Eduardo Macchiavelli, uno de los armadores de la malograda campaña presidencial larretista. Titular de un estudio jurídico, algunas voces lo sitúan como una persona cercana a Hugo Anzoarreguy, extitular de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem.
Limodio ya venía siendo funcionario del gobierno: fue presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio hasta febrero de este año. Se trata de una empresa estatal que era propiedad en partes iguales del gobierno nacional, del de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán. La Casa Rosada le cedió a la provincia administrada por Raúl Jalil su porcentaje hace pocos meses en retribución a la ayuda otorgada por el gobernador a la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026. Al frente de la empresa, el mandatario provicnial ubicó a su hermano.
La razón que se arguyó oficialmente para justificar el recambio al frente de la DINE es que Limodio “es la persona indicada” para capitanear la etapa que se viene, donde el tema por excelencia será la reforma electoral que el Gobierno reveló hace pocas semanas. Esa presentación fue la última movida de Landívar como jugadora neutral: el proyecto fue presentado por la DINE para evitar que se lo atribuyera alguna de las dos grandes tribus que animan la interna en la Casa Rosada. Había sido un pedido del caputismo que, con el diario del lunes, tuvo costos.
Limodio será el encargado de impulsar el proyecto que, por ahora, no encuentra demasiado eco en los bloques dialoguistas del Congreso. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, el endurecimiento de los requisitos para crear un partido político, la flexibilización del régimen de aportes electorales y la ficha limpia para candidaturas. Esa última propuesta generó tensión con el PRO, que quiere que una de sus banderas más preciadas sea tratada en un proyecto separado al resto de las reformas.