Son propuestos como miembros no permanentes. Villarruel, sólo para reemplazar a Milei. Menos sanciones a empresas. No habrá de delito por desinformación.
María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, a cargo de la gestión del proyecto sobre Malvinas.
El Gobierno continúa la negociación con la oposición para dictaminar el proyecto sobre la soberanía de Malvinas. Este lunes llegó a los despachos de la oposición de Diputados un borrador con las propuestas de cambios, elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo. El texto acepta la incorporación de autoridades legislativas al Consejo de Seguridad, pero con funciones restringidas.
Se trata de un órgano clave para intervenir ante posibles ataques externos. La nueva propuesta sima como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
También a los gobernadores, el jefe de Gobierno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que podrá actuar si existen acciones de seguridad interior. Victoria Villarruel no tendría un lugar propio en el Consejo y sólo participará si reemplazará al Presidente.
Los miembros no permanentes formarían parte de las reuniones del Consejo si lo dispone el presidente de la Nación, que será el titular del organismo.
Por pedido de los aliados, se incorpora una comisión bicameral de seguimiento de ocho miembros, que deberá ser informada en caso de acciones como hundimiento de buques o vuelos.
Los cambios incluyen una reducción de las penas a las empresas que participen en actividades en las Islas Malvinas, una reacción del Gobierno a las quejas de las compañías de Estados Unidos. También se eliminó el delito de desinformación. El borrador será estudiado por la oposición y es por eso que este martes no habrá dictamen. El oficialismo evalúa que sea miércoles o jueves con la expectativa de llevar el texto al recinto el 18 de noviembre.
El resto de la integración del Consejo de Seguridad no cambió y tiene a Santiago Caputo en una posición central. La completan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti, el de Economía, Toto Caputo, la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.
Los dos últimos son leales al asesor presidencial, quien de esta manera se reserva un rol protagónico en este organismo. El texto propuesto presenta algunas lagunas que dificultan un acuerdo rápido con la oposición. Por caso, no acota la definición de infraestructuras críticas, cuya protección puede permitir al Consejo realizar acciones bélicas. La única aclaración es que habrá "reguladores sectoriales" para determinar su localización y se respeta la jurisdicción de cada provincia y los municipios en las regulaciones, como las telecomunicaciones.
Además, el Consejo es empoderado para revisar operaciones de inversión realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica controlada que controle un Gobierno, vinculadas a los sectores de defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería, o que involucren Infraestructuras Críticas declaradas de interés nacional. Parece un artículo dedicado a ponerle límites a China.
Otros cambios propuestos son una reducción de las penas previstas a las empresas por operar en las inmediaciones de las Islas Malvinas, una medida que buscaría acallar las críticas a las empresas de Estados Unidos.
La nueva versión restringe los márgenes de una sanción. Para el caso de un proveedor, sólo habrá sanciones si los bienes o servicios resulten "indispensables para la actividad ilegal" y que que la empresa en cuestión conozca su destino.
Las penas bajan respecto al texto original. El mínimo penal para proveedores se reduce de 5 a 2 años. La exploración de recursos no renovables se tipifica con prisión de 8 a 12 años. La escala de 12 a 15 años quedaría reservada para los delitos vinculados con hidrocarburos.
Además, se aclara que los castigos se restringen a la explotación de recursos no renovables, de extracción de hidrocarburos, transporte o almacenamiento. Se plantean atenuantes, como en los casos de personas humanas con participación del 2% de capital social.
Tampoco serán sancionados los fondos de inversión, "así como sus administradores, gestores o depositarios". Ni los controlantes "directa o indirectamente de sociedades comerciales".
Las sanciones en especie también se reducen. No serán de 1.000 a 20.000 barriles de petróleo, como en el proyecto original, sino de "cuatro veces el beneficio indebido obtenido o que hubiese podido obtener, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiesen corresponder".
Por pedido de la oposición y de sectores del oficialismo, que se hicieron eco de las protestas de las entidades periodísticas,.se reformuló el artículo que establecía penas por campañas de desinformación, con penas de hasta 12 años de prisión. La sanción será para una “campaña de injerencia extranjera” definida a partir de "actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, clandestinas, engañosas, coercitivas, ilícitas y con ocultamiento del vínculo extranjero".
Se exige conocimiento del nexo con agente extranjero por parte de los acusados y se excluyen expresamente a la "actividad diplomática, periodismo, investigación académica y representación abierta de intereses".
En la oposición los cambios no conformaron. Aún deben analizar cuestiones para examinar de taxatividad penal, libertad de expresión y prueba de la intención y del nexo con el exterior. Por eso el dictamen se demora. Al menos unos días más.
