Es el Registro de Incentivos a las inversiones relevantes (RIIR), que fue aprobado en el Senado. Prevé beneficios para inversiones de 12 millones de dólares.
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich volvió a moverse con agenda propia. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) no logró reactivar el tratamiento del proyecto de súper-RIGI, pero aceptó aprobar una iniciativa similar, promovida por la UCR, con beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Fue aprobada con apoyo del peronismo, lo que garantiza su sanción.
La propuesta fue presentada por el jefe del bloque radical del Senado, Eduardo Vischi, y crea el Régimen de Incentivos a las Inversiones Relevantes (RIIR), que favorece a pymes nacionales y extranjeras, que desembolsen hasta u$s 12 millones en proyectos productivos.
El RIGI, aprobado junto a la ley Bases, está reservado a inversiones de u$s 200 millones. El súper-RIGI, aprobado en Diputados, benefician sólo a quienes gasten hasta u$s 1000 millones.
El partido centenario hace dos meses trabó este proyecto en el Senado. Por pedido de la Unión Industrial Argentina, Maximiliano Abad (UCR) y Carlos Espínola (Provincias Unidas) exigieron más ventajas para los productores locales y no fue posible dictaminar. Bullrich no retomó más negociaciones y avaló el RIGI para las pymes del radicalismo.
El RIIR fue aprobado con 60 votos a favor y dos en contra. Sólo se opuso la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano). El peronismo consiguió algunas modificaciones en el debate en particular.
"No es un privilegio tributario sino una herramienta política para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores y generar trabajo genuino", explicó Vischi.
El RIIR es un plan para favorecer inversiones de las empresas comprendidos en el tramo dos de medianas. Deberán presentar planes con estudios de factibilidad, impacto productivo y empleo. El 20% de la inversión debe ser destinado a proveedores nacionales, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado.
Serán favorecidas inversiones en maquinaria y bienes de capital nuevos, actividades productivas, equipos de riego y de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes amortizables. Se excluyen automóviles, activos financieros, inversiones de cartera y bienes de cambio.
El beneficio principal que tendrán será la amortización acelerada del impuesto a las ganancias. Será en dos cuotas iguales para inversiones de bienes amortizables.
Cuando se trate de obras se considerarán las cuotas que resulten del 60% de la vida útil de la infraestructura creada. También habrá facilidades para las pagos de equipos de riego agrícola, bienes semovientes y mallas antigranizo.
El proyecto también contempla la devolución de créditos fiscales por IVA y se garantiza estabilidad fiscal por 30 años. No podrán ingresar quienes hayan recibido condena en segunda instancia de delitos contra la administración pública, tributarios o hayan declarado la quiebra.
Bullrich defendió el RIIR como si fuera una propuesta propia. "Tienen una lógica sencilla: permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten. Eso es fundamental porque genera la cadena de inversión", señaló la senadora.
El peronismo cuestionó el modelo económico pero respaldó igual. “Con un régimen de incentivos no basta, este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse", señaló Mayans.
Jorge Capitanich fue el senador peronista encargado de pedir modificaciones y la mayoría fueron tenidas en cuenta. “Estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos”, sostuvo el chaqueño.
También con 60 votos afirmativos, el Senado aprobó un proyecto de Flavia Royon (Salta) para crear un marco regulatorio del mercado de carbono. La dupla santacurceña fue la única que votó en contra. La Libertad Avnza apoyó, pese a que Javier Milei siempre se opuso a avalar proyectos que remitan al cambio climático y la necesidad de reducir la contaminación.
El proyecto crea un mercado de carbono para darle valor económico a reducir o retirar de la atmósfera gases de efecto invernadero. Se establecen reglas claras, define quién es el titular de cada crédito y habilita a la Argentina a acceder a mercados internacionales donde se paga entre dos y cinco veces más que en el mercado voluntario.
Según las estimaciones que citó, el potencial argentino es de 131 millones de créditos por año, con ingresos de hasta US$ 3.900 millones. Para la senadora, la ley permite convertir ese potencial en inversión, empleo y desarrollo para las provincias.
"Lo que se hace es definir que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos, como el artículo 6 del Acuerdo de París, que necesitan una autorización del país, y valen mucho más", sostuvo Royón.
"Entonces, lo que regula el proyecto y constituye el corazón técnico del sistema, es el supuesto de que un crédito argentino pueda ser utilizado por otro estado o por un mecanismo internacional, para ello crea un registro y este proyecto de ley regula ese mecanismo para evitar que una misma tonelada de carbono se contabilice dos veces", completó la salteña.
