El Gobierno intentó cambios y Bullrich no los aceptó. Se firmó el dictamen y se tratará el 19 de noviembre en el recinto. Córdoba, la única disidencia.
Alicia Kirchner (Justicialista) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) en el Senado.
El Gobierno volvió a mostrar sus internas. Con las firmas de La Libertad Avanza (LLA) y del peronismo, el Senado dictaminó el proyecto sobre discapacidad aprobado en Diputados hace 15 días. Patricia Bullrich negoció el acuerdo e ignoró un pedido de la Casa Rosada para hacer modificaciones. El 19 de noviembre habrá una sesión en la que se convertirá en ley.
La iniciativa garantiza las coberturas indexadas por inflación, fija las condiciones para el pago de pensiones y establece un cronograma para la cancelación de una deuda por las compensaciones a los prestadores, que fue estipulada en la ley de emergencia y nunca se pagó.
Según supo Letra P, desde el Poder Ejecutivo le enviaron a Bullrich un borrador con correcciones y ni siquiera lo consideró. "Va a salir como viene. Es un debate terminado", se molestó la jefa del oficialismo en la cámara alta cuando recibió la misiva, informaron a este medio fuentes de la bancada oficialista.
El dictamen fue firmado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y la de Población y Desarrollo Humano presididas por Agustín Monteverde (LLA) y Alicia Kirchner (Justicialismo).
Los discursos de estos bloques fueron favorables al proyecto y la única disidencia fue la de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Los diputados de Córdoba votaron en contra en Diputados por una queja de organizaciones de la provincia, molestas porque no participaron de la negociación.
La iniciativa surgió de una negociación entre todos los bloques de Diputados que tuvo tres momentos claves. Unión por la Patria (UP) abrió el debate para pedir la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre.
Los partidos provinciales, que habían colaborado con la convocatoria a comisiones, luego se aliaron al Gobierno y escribieron un texto diferente, que terminó de corregirse poco antes de la votación.
LLA y el peronismo ratificaron el acuerdo de Diputados. "El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente", celebró Bullrich, quien le pidió al Gobierno mejorar la gestión para reducir el gasto. "Tenemos que garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y saber si se controlan. Sabemos que hay muchas pensiones por encima de la media", sostuvo la senadora.
También cuestionó implícitamente a Mario Lugones, ministro de Salud que tiene la tarea de administrar el Fondo Solidario de Distribución, con el que se pagan las coberturas. El funcionario recibió una fuerte presión de las principales obras sociales y las prepagas, que piden flexibilizar la atención a personas con discapacidad para mejorar sus balances.
La senadora sugirió otro camino. "Son importantes las auditorías para que las prestaciones sean las necesarias y no terminen pagando justos por pecadores", propuso.
Los reclamos de Lugones no fueron tenidos en cuenta por Martín Menem, que negoció la letra de la futura ley y la defendió en el mesa política, con el respaldo de Karina Milei. El riojano no quería repetir la experiencia de diciembre, cuando perdió un capítulo del Presupuesto 2026 por ajustar en el sector.
En el bloque libertario del Senado no hubo cuestionamientos al acuerdo con el peronismo, pese a las quejas que llegaron desde la Casa Rosada. "Nos vamos a hacer cargo de esta media sanción, que asegura la movilidad y preserva los valores básicos de las prestaciones", sostuvo Ezequiel Atauche, cercano a Santiago Caputo.
Los libertarios Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Joaquín Benegas Lynch defendieron el acuerdo pero insistieron en cuidar el gasto público. "Este tipo de leyes nos unen, porque hay un conjunto de argentinos que, por su discapacidad, sufre y tiene desventaja. Pero no hay que abusar del sistema", dijo Benegas Lynch.
El proyecto tiene un costo fiscal mínimo, porque no es más que la continuidad de ley emergencia, sancionada hace un año. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el gasto no subirá más del 0,04% del PBI. Ese número no tiene en cuenta las deudas que el Gobierno tiene por incumplimientos de este año.
Tampoco los gastos de obras sociales y prepagas, que se resisten a seguir aportando al fondo solidario. "Le vamos a dar la llave a Lugones", amenazó hace unas semanas el gastronómico Luis Barrionuevo.
La iniciativa que será ley el 19 garantiza las prestaciones universales, indexadas por inflación. Además, se exige incluir las partidas necesarias en el presupuesto para las prestaciones financiadas por la Nación, que son el programa Incluir Salud y las terapias que provee el Pami.
Las reciben quienes no tienen coberturas privadas y acceden a una pensión. Consiste en el 70% de la jubilación mínima y sólo estarán excluidos quienes cobren dos salarios mínimos. "Es muy importante que, como parte de la recuperación, puedan trabajar", destacó Bullrich.
La negociación más difícil en Diputados fue por el pago de las compensaciones pendientes. Se trata de un aporte que definió la ley de emergencia para los prestadores por las pérdidas de 2024.
Nunca se abonó y el texto aprobado señala que esas deudas deberán ser reconocidas aos 30 días de la promulgación y empezar a pagarse en un plazo máximo de 90, una vez que los prestadores hayan completado la documentación y los procedimientos requeridos.
El peronismo mostró colaboración para tener la ley en la sesión del 19. "Antes de terminar el periodo legislativo le tenemos que dar sanción al proyecto, porque vence la emergencia. Toda ley es perfectible, pero estamos obligados a garantizar las prestaciones", sostuvo Alicia Kirchner.
Juliana Di Tullio tuvo un discurso parecido y le agregó una chicana al oficialismo. "Hay que dictaminar ahora porque el Gobierno no tiene un compromiso fuerte con la discapacidad", sostuvo la bonaerense. Bullrich se fue para no seguir escuchando críticas para la Casa Rosada. Antes, firmó el dictamen y se tomó una foto para desafiar una vez más a Milei.
La única forma que faltó fue la de la cordobesa Vigo, para seguir la línea crítica de Córdoba. La esposa del diputado Juan Schiaretti fundamentó su postura en tres temas: dijo que el debate de Diputados no incluyó a organizaciones, que la compensación no contempla intereses por la inflación de los últimos dos años y que el nomenclador que fija el valor de las prestaciones perdió el 43% de poder adquisitivo desde 2017.
También exigió que la ley dure tres años, pero no tuvo eco de ningún otro senador. Ni siquiera la acompañó en esa postura su compañero de bancada, Carlos Espínola. El acuerdo está cerrado y la discapacidad tendrá una nueva ley.
