“No nos quedamos de brazos cruzados”, dice el intendente para diferenciarse de Melella. Lo acusa de inacción ante la motosierra. La deuda del gobernador.
Martín Pérez , intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, anunció la alternativa habitacional ante el abandono del gobierno nacional.
“No nos quedamos de brazos cruzados”, dice Martín Pérez, el intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, para explicar la decisión de encarar un plan de construcción de viviendas en un contexto de cuesta especialmente empinada para la ciudad.
Además de sufrir el ajuste del gobierno nacional libertario y la ausencia total de obra pública, Río Grande espera que también la gestión provincial de Gustavo Melella se ponga al día con la abultada deuda por coparticipación.
Pérez eligió salir por arriba de ese laberinto y armó un programa, en acuerdo con sectores privados, para ofrecer terrenos a mitad de precio. El plan pone en el radar 600 parcelas, con la idea de proyectar 1500 lotes en cuatro urbanizaciones al finalizar la gestión.
La avanzada también es consecuencia de una realidad de mercado que el intendente resumió así: “Vemos cientos de casas en venta, en alquiler, departamentos y terrenos que se venden, pero los precios no bajan”. La demanda frente al nuevo plan municipal se hizo masiva: en 48 horas, hubo 3200 postulaciones para los 231 lotes inicialmente disponibles.
Como ocurre en varios ámbitos y rubros, el retiro del gobierno nacional o la anulación de programas tradicionales e históricos obliga a provincias y municipios a combatir con alternativas la máxima libertaria de que “no hay plata”, una de las consignas preferidas del presidente Javier Milei. Una propuesta similar de “loteos con servicios” se registra en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y son política pública del gobierno de Sergio Ziliotto en La Pampa, aunque en este último caso como gestión encarada exclusivamente desde el Estado, sin intervención privada.
En el caso puntual de Río Grande, se suman otros costados de la misma crisis. El impacto de las políticas nacionales aumenta la desocupación y pone en aprietos al sector industrial, pero además en el pago chico tampoco se siente el derrame de recursos provinciales.
La pelea por fondos de coparticipación que Melella le adeuda a la ciudad está en el centro de la escena. La comuna reclama más de $18.000 millones por ese concepto, en un contexto de puja política que también pone en el radar las elecciones del año que viene. Melella y Pérez aparecen en veredas opuestas y el intendente advirtió que no se dejará “disciplinar”.
Aún en ese marco, Pérez apostó a una novedosa herramienta de sostenimiento de su política municipal de urbanización. La lógica inicial es que un propietario privado aporta su terreno y la comuna se ocupa de la planificación y la ejecución de la infraestructura.
El desarrollo de los primeros 600 lotes con servicios será en la zona de Chacra XII, un sector urbano que permaneció durante años sin desarrollo, ubicado entre los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves. “Un vacío urbano, prácticamente un descampado”, definió el intendente.
Esos 231 lotes integran la primera convocatoria. Los terrenos tienen una superficie de 180 metros cuadrados y un valor de referencia de $16 millones, alrededor de la mitad del precio del mercado inmobiliario local. El Concejo Deliberante ya intervino de manera positiva frente al proyecto, aunque no hubo consenso completo.
El intendente prometió que “cada peso que pague la familia por adquirir el lote, que va a ser a un valor razonable, con la posibilidad de pagarse en cómodas cuotas, con un interés bajo también, va a ser reinvertido en que esta obra se pueda finalizar rápidamente”.
El proyecto tiene una historia. El modelo plantea una alternativa para municipios que enfrentan restricciones presupuestarias: articular inversiones privadas, intervenir en el mercado del suelo y generar mecanismos de financiamiento que permitan ampliar el acceso a terrenos urbanizados.
En agosto de 2023 el municipio firmó un convenio con propietarios privados para incorporar nuevas tierras al desarrollo urbano de la ciudad. El esquema combina el aporte de terrenos de ese sector con la intervención del Estado municipal. Los recursos provenientes de la comercialización de los lotes serán reinvertidos en más obras a través del Fondo de Desarrollo Urbano.
Hay tres modalidades de pago: la cancelación total con un 15% de descuento, un anticipo del 50% y financiación en 48 cuotas, o un anticipo del 20% y saldo en 36 cuotas. La respuesta inicial reflejó la magnitud de la demanda habitacional. En 24 horas se registraron 2352 postulaciones y al segundo día la cifra superó las 3200. La inscripción vence el próximo miércoles 11 y en diciembre se hará el sorteo.
Pérez proyecta alcanzar 1500 lotes con servicios, distribuidos en cuatro urbanizaciones, al finalizar su gestión.
