Alerta en la minería: proveedores de provincias rechazan el decreto que flexibiliza el cupo local del RIGI
Imagen generada con IA
El decreto 1366 puso en alerta a proveedores de la minería de San Juan, Jujuy y el centro del país al eliminar el requisito del 51% de capital argentino para ser considerado proveedor nacional en el RIGI. Ahora, las firmas de capitales extranjeros podrán disputar el cupo mínimo del 20% de contrataciones con las firmas territoriales que juegan de local.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
El malestar radica en que la normativa nacional abre la puerta a contratistas multinacionales para que absorban las grandes obras de infraestructura y servicios complejos que las pymes locales esperaban capitalizar.
La decisión resultó aún más desconcertante para el sector porque ocurrió apenas semanas después de que el Ministerio de Economía lanzara rondas de negocios para conectar a la industria nacional con los grandes inversores del régimen.
"Me sorprende que se manden con algo así justo ahora", admitió la diputada catamarqueña Fernanda Ávila en declaraciones a Letra E.
El escenario movilizado
Hasta el decreto publicado el 16 de noviembre, una empresa debía estar constituida y domiciliada en Argentina y contar con al menos el 51% de su capital o de sus votos en manos de titulares con domicilio fiscal en el país para ser considerada proveedora local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esa última condición desapareció.
La disputa involucra a empresas que abastecen a las mineras con servicios de construcción, ingeniería, transporte, logística, mantenimiento, equipamiento, insumos industriales y distintos trabajos necesarios para desarrollar los proyectos. También alcanza a compañías de perforación, servicios técnicos y actividades de apoyo a las operaciones. Son negocios que pueden representar contratos millonarios durante la construcción y posteriormente en la explotación de los yacimientos.
Río Negro avanza en la jurisprudencia para desarrollar minería a gran escala.
Ernesto Cussianovich, director de Energía y Recursos Naturales de Poliarquía, advirtió que el cambio "es una señal de alerta, porque por cada empleo directo hay cuatro que son de proveedores. Es un tema muy complejo que necesita ordenarse, necesita reglas. Pero no es un asunto que tenga solución, es dialectico y con mucho conflicto. Lo cierto es que cuando la minería empiece a producir, ahí si los proveedores no van a alcanzar".
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), que nuclea a cámaras provinciales encargadas de abastecer bienes, insumos y servicios a los yacimientos, advirtieron que la medida pone en riesgo las adjudicaciones más relevantes.
Manuel Gómez Bello, titular de la Fapromin, señaló: "Cuesta entender la medida, especialmente luego de que venimos de participar en importantes convocatorias para federalizar la cadena del valor, lanzadas por el propio Ejecutivo".
Aunque aclaró que el RIGI es un marco fiscal y que las provincias conservan sus regulaciones, alertó: "Esta definición nos pone en alerta, teniendo en cuenta que hay empresas mineras que trabajan con determinados proveedores a nivel internacional, y la medida les abre la puerta para que estas empresas vengan al país a concretar las grandes obras, que, en definitiva, son las que podrían ser adjudicadas a empresas nacionales".
San Juan, el epicentro del reclamo
En San Juan, donde avanzan megaproyectos como Vicuña, las críticas escalaron rápidamente entre las entidades que agrupan a las empresas de servicios, logística, mantenimiento y construcción que operan en las zonas de influencia. La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (Casemica), presidida por José Adolfo Ibaceta, exigió directamente la derogación del decreto al considerar que deja a las pymes departamentales en desventaja frente a estructuras financieras internacionales, al reclamar que se respete una prioridad territorial que comience por las comunidades cercanas a los proyectos.
La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), conducida por Fernando Godoy, pidió al Gobierno provincial acelerar la reglamentación de la ley 2827-M de Desarrollo Local Minero y exigió a las operadoras transparencia y planificación anticipada en las licitaciones.
El temor es que las operadoras cumplan el piso nacional del 20% contratando a filiales extranjeras radicadas en Buenos Aires o en el exterior, vaciando el desarrollo económico en los departamentos mineros y eludiendo los compromisos asumidos en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Ante la escalada del conflicto, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió a diferenciar el alcance del decreto nacional respecto de las herramientas de protección provincial. El funcionario aseguró que la normativa de la Nación no altera las metas de la ley 2827-M ni el Registro de Proveedores Mineros (Repromin), que exigen un mínimo del 80% de empleo sanjuanino y un 60% de compras a firmas locales.
"El decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores", afirmó Perea, al adelantar que la reglamentación provincial está en su etapa final.
Entre la cautela y la defensa
En el norte del país, la reacción combina cautela con la defensa de la autonomía provincial sobre los recursos. Desde Jujuy, el gerente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Edgar González Prada, señaló que el malestar excede a las provincias cordilleranas y alcanza a polos industriales como Santa Fe y Córdoba.
"Desde nuestro punto de vista, la licencia social la seguimos emitiendo las provincias con sus distintos actores. Estamos dispuestos a mejorar nuestros bienes y servicios, a dialogar, a negociar o incluso asociarnos. Tenemos para negociar y ofrecer nuestra localía, que no es poco", sostuvo en declaraciones a Letra E, y condicionó la apertura a que las firmas foráneas generen empleo y radicaciones permanentes.
El gerente de la Cámara Minera de Jujuy, Rubén Agüero, adoptó una postura más expectante al recordar que la reciente etapa de expansión del proyecto Exar bajo el RIGI adjudicó el 100% de las obras a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) jujeña con proveedores comunitarios.
"La normativa tendrá una vigencia y alguna instancia de aplicación que probablemente repercuta en algún proyecto, pero actualmente no nos cruza", diferenció.
El problema de la capacidad local
La preocupación no se limita al origen del capital de las compañías, sino a sus capacidades para ejecutar contratos de gran escala. Durante la construcción de los proyectos se concentran obras y servicios complejos que requieren financiamiento, equipamiento y estructuras empresariales que muchas pymes argentinas todavía no tienen desarrolladas.
La preocupación es compartida por los pequeños empresarios del rubro, quienes ven inviables sus chances en el corto plazo. "En la etapa de construcción las medianas y pequeñas empresas no van a poder participar. Son contratos muy grandes y complejos, y no hay tiempo de desarrollo", explicó en off un empresario pyme del sector, quien advirtió que la industria local se verá perjudicada por el aumento de costos y la quita de personal, postergando sus posibilidades recién para la etapa de explotación a mediano plazo.
El diagnóstico coincide con un relevamiento de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic), que reveló que el 66,9% de las importaciones realizadas bajo el RIGI correspondió a bienes que ya se fabrican en Argentina.