La ministra busca que se apruebe el aumento de penas por reincidencia y reiterancia. Negocia en el Congreso. Juicio en ausencia, con modificaciones.
Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich será protagonista silenciosa de las sesiones extraordinarias, en las que buscará la sanción de proyectos que envió hace casi un año y permanecen en los cajones del Congreso. Para lograrlo, la ministra de Seguridad aceptó algunas modificaciones pedidas por la oposición como condición para ofrecer los votos.
Los proyectos que fueron incluidos en la sesión del jueves son el aumento de penas por reincidencia y reiterancia y la implementación del juicio en ausencia, ambos dictaminados el año pasado. Iban a tratarse en la última sesión ordinaria de 2024, pero no hubo cuórum por diferencias en Ficha limpia.
El primer proyecto modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal para agilizar los procesos judiciales y fue dictaminado por las comisiones de Justicia y Legislación Penal. La reincidencia considera agravante la doble condena, sin tomar en cuenta si cumple penas de prisión. Sumaría hasta un tercio de la pena.
El caso de reiterancia es el más polémico. Se trata de habilitar la prisión preventiva si hay antecedentes de delitos similares cometidos, sin considerar si existieron condenas. Deberá corregirse para que sea aprobado.
Fuentes de Diputados aseguran a Letra P que la decisión de incluir estas iniciativas el jueves sigue firme, pero para enviarlas al Senado Bullrich deberá aceptar modificaciones. En la Cámara alta aún está en espera el proyecto para aumentar penas por crimen organizado, conocido como "anti mafia", otro de los textos que la ministra quiere convertir en ley y le daría amplios poderes para intervenir en investigaciones judiciales. Hasta podría demorar en comisarías a sospechosos.
En el oficialismo aseguran que los proyectos de Bullrich deberían ser aprobados sin problemas, con los retoques que se harán en la sesión.
Unión por la Patria no está dispuesto a acompañar, mientras que los partidos provinciales transitan una etapa de aliados fijos de La Libertad Avanza. La negociación de la letra chica es con las diferentes vertientes de la UCR y Encuentro Federal.
El oficialismo ofrece a la oposición dialoguista un escenario de combate contra la inseguridad, en plena disputa con Axel Kicillof por la difusión de delitos en el conurbano bonaerense. Sabe que no querrán estar del otro lado.
En cuanto a reincidencia y reiterancia, esta última definición no convence a varias figuras de la oposición. "Es un invento que no existe en la doctrina procesal, porque constituye una contradicción: si las personas no fueron condenadas, no cometieron delitos. Que tengan procesos penales en curso es un dato para que los jueces puedan dictar la prisión preventiva. ¡Pero no se puede establecer una automaticidad!", señaló ante Letra P Fernando Carbajal, de Democracia Por Siempre, la bancada integrada por 12 ex miembros de la UCR.
El kirchernerista Rodolfo Tailhade fue más enfático. "¡Ya está todo legislado! Los jueces tienen herramientas, como dictar la prisión preventiva ante una posible fuga. Es inconstitucional y lo que se busca es que desde la política salvemos a los jueces, que son responsables de que los pibes entren y salgan de las cárceles. Son unos inútiles e inservibles", señaló a este medio.
Para llegar a los 129 votos, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, quien preside la comisión de Legislación Penal y estuvo a cargo de la negociación, prometió incorporar en el recinto que el concepto de reiterancia no puede ser automático, sino "un factor a analizar al momento de determinar la concurrencia de los peligros procesales (fuga y entorpecimiento de investigación)". Con ese cambio, confían en tener una mayoría.
El proyecto de juicio en ausencia no es ni más ni menos que la posibilidad de realizar una audiencia sin los acusados, en caso de que no asistan y no hayan podido ser llevados por la fuerza. La iniciativa permite que se implemente para las investigaciones de delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada de personal, proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo, definidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
Se aplicaría ante la declaración de rebeldía del imputado y la imposibilidad de una extradición. El acusado tendría 10 días después de la sentencia para pedir otro juicio, si demuestra que nunca fue notificado. De sancionarse, la primera consecuencia es que podrían juzgarse a las personas acusadas de volar la sede de la AMIA, quienes nunca se ajustaron al derecho argentino.
El bloque DPS logró un compromiso de modificaciones en el recinto. Se aclararía que la modalidad sólo regirá en "aquellas jurisdicciones en las que aún no hubiera entrado en vigencia el Código Procesal Penal", que delega en los fiscales la instrucción de las causas, como ocurre en las provincias. UP está en contra. Los números están justos.