El reloj corre por dos carriles, el legal y el político, que arrecia. El dilema de organizar un comicio y con qué sistema. Lluvia de proyectos de reforma.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
El gobernador Axel Kicillof atraviesa semanas clave para el futuro político y electoral de Buenos Aires: tiene que definir la estrategia para las elecciones de 2025, que incluye la decisión de separar o no los comicios bonaerenses de los nacionales, derogar o no las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y encarar una serie de reformas que podrían cambiar el sistema de votación, tal como se lo conoce hasta ahora.
El almanaque legal dispone fechas concretas para la toma de esas decisiones, pero el reloj que corre al gobernador es el que marca el tiempo político que le queda para resolver asuntos y evitar complicaciones en el año electoral. El financiamiento y el despliegue logístico de los que deberá hacerse cargo la provincia si organizara una elección demandarán bastante más que los meses de anticipación que exige la ley electoral.
Debe tomarse en cuenta que, si bien las fechas legales le permiten al gobernador estirar los tiempos, la lógica indica que los plazos políticos se regirán por -semanas más, semanas menos- la fecha puesta para los comicios nacionales, pautadas para el 26 de octubre..
Hay quienes dicen que el gobernador podría anticipar tres o cuatro semanas la elección bonaerense, es decir, celebrar los comicios entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, por lo que las PASO se trasladarían a julio-agosto. Sobre ese razonamiento, la presentación de listas de candidaturas no podría excederse de junio. La discusión por los nombres ya arrancó de manera incipiente, pero se acelerará en el amanecer de 2025.
Desacoplar o no las elecciones bonaerenses de las nacionales -que tendrán un sistema de votación distinto, con la Boleta Única de Papel (BUP) aprobada por el Congreso- y utilizar o no la instancia de las PASO que rigen desde 2009 -hay dos proyectos presentados en la Legislatura para voltearlas en 2025-, sumados al cierre de listas, la boleta a utilizar, la reforma a la ley que pone tope a las reelecciones consecutivas y alguna sorpresa que trae entre manos la oposición deberán cocinarse en los próximos días, aunque legalmente Kicillof pueda patear la definición un par de meses.
Es cierto que el gobierno provincial también tiene la posibilidad de no realizar modificaciones, aunque no desdoblar los comicios y votar el mismo día que se celebran las elecciones nacionales podría darle vida al inédito caso de las elecciones concurrentes: asistir a un centro de votación y votar cargos nacionales con una boleta en una urna y cargos provinciales con otra boleta y en otra urna.
Ese escenario asoma caótico. Las primarias en la Ciudad en 2023 dejaron un pésimo antecedente. Con todo, es lo que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa dejaron trascender como su preferencia, metiéndole presión a Kicillof. La razón, explican, es nacionalizar la discusión, polarizar con Javier Milei y evitar que el debate sea sólo sobre Buenos Aires, donde la inseguridad, sobre todo, podría colarse como uno de los tópicos difíciles de eludir para el gobierno bonaerense.
La Ley electoral 5.109 dice sobre las elecciones legislativas: “La convocatoria es realizada por el Poder Ejecutivo provincial con no menos de 60 días de anticipación. El sistema bonaerense no prevé una fecha cierta como Nación (en 2025 serán el 26 de octubre), pero el artículo 116 estipula que la elección deberá realizarse entre 30 y 120 días antes de la culminación del mandato. Teniendo en cuenta que el 10 de diciembre vencen los mandatos vigentes, el 10 de noviembre debería ser el límite para su realización (caerá lunes, por lo que el domingo anterior inmediato es 9).
No obstante, esa fecha estará condicionada, en primer término, por la culminación del proceso eleccionario de las PASO y, luego, por la segunda fecha que la política bonaerense deberá pinchar en el almanaque: la presentación de listas debe realizarse al menos 30 días antes del acto electoral. Si tomamos el 9 de noviembre como posible última instancia para celebrar elecciones, el 9 de octubre es la fecha final para presentar las nóminas. A eso, habrá que agregarle que la convocatoria que el Ejecutivo debe realizar 60 días antes del comicio, nos lleva al 9 de septiembre como el límite para el llamado de Kicillof a elecciones.
Según la ley EPAOS 14806 que regula las primarias en Buenos Aires, “el Poder Ejecutivo provincial debe convocar a elecciones primarias en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización”, de lo que se desprende que -siempre pensando la fecha límite del 9 de noviembre para celebrar las elecciones generales-, en julio, como máximo, deberían realizarse las PASO. Esta especulación caprichosa se apega únicamente al límite que tiene administrativa y legalmente Kicillof para llamar a elecciones. Si todo fuera medianamente en línea con las fechas habituales de elecciones, en junio deberían cerrarse los plazos para la presentación de las listas.
Sin embargo, el extraño hecho de que el gobierno provincial convoque a votar después de las nacionales es posible en términos legales, aunque imposible en términos políticos, sería una decisión a todas luces errónea que el oficialismo jamás cometería, corriendo el riesgo de ir a una contienda bonaerense cargando –eventualmente– con una derrota nacional. Se presume que, si no organiza las elecciones en octubre, junto con la Nación, lo hará en los meses anteriores. El reloj corre.
Como contó Letra P, el eventual desacople de la elección nacional en Buenos Aires implicaría que la administración Kicillof debiera hacerse cargo de los gastos y la logística de los comicios, como nunca ha sucedido desde el retorno de la democracia. En términos económicos, si fueran dos elecciones (PASO y generales) le costaría $100 mil millones a las arcas bonaerenses, una cifra que la provincia busca repartir con la Casa Rosada.
Además de las cuestiones económicas y financieras, el Juzgado federal con competencia electoral en Buenos Aires debe iniciar el proceso de compras de todos los elementos necesarios para la elección, desde sobres, al papel para las boletas y los bolsines. Si la provincia organiza sus propios comicios, tiene que poner en marcha esas licitaciones, lo que obliga a Kicillof a resolver dentro de pocos días el dilema de cómo se votará en terreno bonaerense en 2025.
La Legislatura bonaerense discute por estas horas sobre dos proyectos presentados por distintas fuerzas para que en 2025 no haya PASO. Primereó el Frente Renovador con una iniciativa que prevé suspenderlas el año que viene hasta tener claro el nuevo escenario político y otra de La Libertad Avanza que directamente supone derogarlas.
Pareciera haber cierto consenso, en el marco de una negociación macro que implica muchísimas aristas de gestión y reformas políticas, para dejar atrás el sistema de primarias establecido en la Argentina en 2009. El kirchnerismo y el PRO no están tan convencidos de quitarlas.
Las reformas electorales no se quedan sólo en el posible desdoblamiento o elecciones concurrentes y si habrá o no PASO. En los últimos días volvió a cobrar fuerza la posibilidad de que se modifique la ley que le pone tope a las reelecciones, algo que rechazan en casi todos los espacios pero que nadie se atreve a descartar. Además La Libertad Avanza podría sorprender en las próximas horas -guarda el proyecto bajo siete llaves- con la idea de derogar otra ley que rige en el sistema de votación.
El último asunto relacionado a lo electoral que pareciera no cobrar demasiada fuerza pero que está sobre la mesa es la boleta a utilizar. Kicillof ha manifestado públicamente que defiende la lista sábana y el modelo que se utiliza hace décadas en el país. Un puñado de proyectos similares al aprobado en Nación circulan en los despachos de la Legislatura para implementar la BUP. El antecedente del caos porteño en 2023, cuando se votó con dos mecanismos, resuena en la Gobernación.