Bajo la consigna “Una memoria que ARDE, El Conti en guardia”, se convocó a un festival para rechazar el cierre temporal del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ordenado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. Si bien la administración de Javier Milei habla de una "reorganización" y de una "guardia pasiva", la noticia desató una fuerte reacción de trabajadores y organizaciones de derechos humanos. Afecta a casi la mitad del personal del espacio.
El cierre, que rige desde el 1 de enero, busca reorganizar las actividades del centro cultural para enfocarse en "nuevas problemáticas de derechos humanos". Según Baños, la reestructuración incluye despidos y presiones para que los empleados acepten retiros "voluntarios", que en la práctica fueron forzados.
“Convocamos a nuestra comunidad hermosa, digna, beligerante -la que hizo de este gran escenario fuerza, transformación y libertad de la de verdad- a acompañarnos. Traigan sus palabras, sus acordes, sus máscaras, sus poemas, su intensidad, su malestar, su alegría. Traigan el corazón prendido fuego, clavado en un cuchillo, con las raíces a la intemperie”, se lee en la convocatoria de este sábado. "Que la memoria arda, que la historia continúe, que el Conti siga de pie”, es el cierre.
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Como previa, este viernes se realizó una misa frente a la Secretaría, encabezada por el sacerdote Toto Vedia, en apoyo a los trabajadores despedidos y las políticas de memoria histórica.
Desde su creación en 2008, el Centro Conti ha sido un espacio clave para recordar el terrorismo de Estado. Ahora, su futuro queda en suspenso mientras se define su “reorientación temática”.
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Desfinanciamiento y resistencia sindical
El ajuste afecta también a otras áreas sensibles como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional por la Memoria. Según los gremios, más de 600 trabajadores de la Secretaría han sido despedidos bajo modalidades similares.
La lucha por la continuidad del Conti refleja un escenario más amplio de resistencia a los recortes en políticas de derechos humanos. Las organizaciones sindicales y de derechos humanos prometen mantener la memoria activa, enfrentando lo que consideran un intento de silenciar el pasado.
"Es terrible lo que está pasando. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex-ESMA", denunció Estela de Carlotto en declaraciones a Radio Splendid.
