Toma y daca en la negociación para destrabar el conflicto. Mejora salarial y una tregua hasta el fin del verano. Números y cambios en las condiciones laborales.
Aerolíneas Argentinas acuerda con gremios aeronáuticos
Más allá del relato oficial que se atribuyó haber terminado con una serie de privilegios y la decisión gremial de bajarle los decibeles para cederle el protagonismo al gobierno de Javier Milei; el acuerdo que alcanzaron Aerolíneas Argentinas con los sindicatos de pilotos, tripulantes de cabina y del personal aeronáutico revela cuestiones clave en la ruta del ajuste libertario.
Tanto la administración mileísta como la dirigencia gremial lograron destrabar un conflicto salarial largo y que había acumulado problemas operativos y cancelaciones que generaron malestar entre quienes usan el avión para viajar y un encono creciente de la gente contra el personal de la aerolínea de bandera.
La empresa comandada por Fabián Lombardo y los sindicatos acordaron una suerte de "paz social” hasta la finalización de la temporada veraniega, durante la cual no habría medidas de fuerzas que entorpezcan los vuelos.
A la Casa Rosada, esta tregua temporaria le viene bien para mostrar que logró quitarle a los gremios aeronáuticos "beneficios" y modalidades laborales que le impedían a la empresa reducir sus pérdidas operativas. Además, le otorga margen de tiempo mayor para sondear en el mercado aerocomercial si hay posibilidades ciertas de venta para sacar a la compañía de la órbita estatal.
Por el momento, el Gobierno no cuenta con la cantidad de votos a favor que necesita en el Congreso para aprobar el proyecto de ley que habilite la privatización de la empresa.
La opción extrema de avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que plantearon desde el entorno de Milei para despedir personal y cerrar la compañía no paso de ser más que una amenaza. Sirvió, sin embargo, para presionar a los gremios.
La ejecución de este proceso resultaría sensiblemente negativa porque provocaría que varios destinos provinciales que atiende Aerolíneas Argentinas se quedaran sin servicios y derivaría en que la administración libertaría tenga que afrontar un costo económico y social elevado en materia de conectividad, transporte y turismo.
Según un trabajo reciente de la Fundación Fundar, que preside Sebastián Ceria, la quiebra de Aerolíneas Argentinas implicaría para el Estado un desembolso de u$s7.614 millones en indemnizaciones, pérdidas patrimoniales, pasivos comerciales, cancelación de leasing de aviones, devolución de pasajes y demandas de acreedores.
Para los gremios, haber encarrilado la cuestión salarial hasta marzo del próximo año equivale a seguir ganando tiempo para tratar de mantener en pie a la empresa bajo el paraguas estatal y, llegado el caso, estar en una posición de fuerza más sólida que la actual para sentarse a negociar los términos y condiciones de una posible privatización.
Otro punto importante del acuerdo de Aerolíneas Argentinas con los gremios es el referido al aumento de sueldos. Según la empresa y la Secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta, la mejora otorgada llega a solo un 16%.
Fuentes gremiales consultadas por Letra P admitieron que, por la actualización de viáticos y otros componentes salariales, los incrementos reales tienen un piso garantizado del 20% y en determinados casos pueden alcanzar hasta un 40% con respeto a los sueldos vigentes.
Junto con las nuevas escalas salariales que corren desde noviembre, el personal de los tres gremios que tenían sus haberes congelados desde mayo también van a cobrar una suma retroactiva equivalente a los aumentos que no recibieron en los últimos seis meses.
A diferencia de otras instancias paritarias, en las que se suele “agrandar” los montos del acuerdo salarial, en este caso las representaciones sindicales optaron por mostrarse conformes en silencio y dejar que corra el relato oficial sobre el alcance de los aumentos.
Un tercer aspecto a sopesar del acuerdo es el vinculado con las modificaciones de las condiciones laborales que, según la gestión libertaria “se encontraban fuera de los estándares de la industria y no permitían mejorar la productividad de la empresa”.
Todas las adecuaciones y eliminación de restricciones laborales que anunció el Gobierno no son de aplicación inmediata. Para que entren en vigencia tienen que ser refrendadas en el ámbito de las mesas técnicas que debe convocar Aerolíneas Argentinas y luego incorporadas a los convenios colectivos de cada gremio.
A priori, según especialistas del sector, hay puntos que el Gobierno dio por hechos que no se encuadrarían dentro de los límites y protocolos de seguridad y condiciones de trabajo que marcan las normas internacionales.
En cuanto al supuesto ahorro o el ingreso adicional que tendría la empresa por los cambios, los números oficiales indican que rondarían en u$s10 millones anuales, algo menos del 10% del déficit operativo previsto para este año.
En la lista de los cambios que el Gobierno pregona como un triunfo figuran las cancelaciones de los pasajes bonificados a familiares y los traslados en remises a cargo de la empresa que, en la práctica, van camino a tener un impacto relativo.
En el caso de los pasajes vacacionales con tarifa mínima que tienen los pilotos, lo que se pactó es dar de baja la confirmación previa y automática de asientos. Ahora, ese beneficio queda sujeto a los espacios disponibles en cada vuelo.
En cuanto a los remises, se acordó su eliminación después de verano, pero con el pago de un nuevo viático compensatorio para que el personal pueda cubrir los costos de traslados entre sus hogares y las terminales aéreas.