Proyectos de infraestructura paralizados desde diciembre de 2023. El esquema alternativo de los PPP privados, sólo una promesa. Gobernadores que se desmarcan.
Obras públicas, clave para que lo de Bahía Blanca no se repita
De las obras públicas a la nada misma con Javier Milei
La tragedia natural y las inundaciones en Bahía Blanca expusieron una de las aristas más negativas que arrastra el gobierno de Javier Milei en materia de infraestructura. Desde diciembre de 2023, la aplicación de la motosierra y la decisión política de terminar con el sistema tradicional de contrataciones convirtieron a las obras públicas en la nada misma.
Apenas quedaron activos unos pocos proyectos hídricos, viales y ferroviarios que cuentan con financiamientos de organismos internacionales, pero que continuaron a un ritmo de trabajo muy ralentizado.
Las obras de control de inundaciones y saneamiento hídrico que llevaba adelante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) quedaron paralizadas con la decisión de Milei de eliminar este organismo a mediados del año pasado.
Tanto Vialidad Nacional como Corredores Viales, la concesionaria estatal de las rutas con peajes, no tienen recursos para obras y sólo están haciendo tareas elementales de mantenimiento, aunque en algunos tramos ni siquiera cortan los pastos de las banquinas por falta de fondos.
En el caso de los trenes de cargas y pasajeros, después de la declaración de emergencia aprobada a mediados de 2024, la gestión libertaria prácticamente dejó de girar los u$s1.300 millones que había comprometido para la reparación de vías y compras de nuevas formaciones y sólo transfiere lo imprescindible para que no se corten los servicios.
Una medida del ministro de Economía también impactó en el sector. En mayo del año pasado, Toto Caputo redireccionó para gastos corrientes un crédito de u$s400 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tenía como destino la modernización y electrificación de la línea metropolitana del ferrocarril San Martín.
A 15 meses de haber llegado a la Casa Rosada, el ajuste y los recortes presupuestarios implementados por Milei profundizaron el deterioro de las infraestructuras que fueron heredadas en un estado regular de la administración de Alberto Fernández.
A modo de ejemplo, un ingeniero de Vialidad Nacional consultado por Letra P advirtió que “actualmente más del 40% de las rutas nacionales se encuentran en mal estado". “Hace un año, reparar un kilómetro demandaba una inversión aproximada de u$s400.000. Ahora, por el deterioro sufrido, ese kilómetro se tiene que reconstruir a un costo que oscila entre u$s800.000 y u$s900.000”, graficó.
En la campaña presidencial, Milei propuso eliminar las obras públicas a cargo del Estado y reemplazarlas por el sistema PPP de construcción y mantenimiento privado.
Al igual que el fin de la casta política, la dolarización y la implosión del Banco Central; el traspaso de las obras públicas a manos privadas por medio de contratos PPP quedó en la lista de las promesas incumplidas.
Nacidos en los 80 en Inglaterra, los PPP tuvieron su época de auge en España y, unos años después, en algunos países de Latinoamérica; pero nunca llegaron a hacerse masivos. Consisten en convenios entre contratistas privados que adelantan los fondos y construyen las obras, a los que el Estado les asegura el repago de las inversiones a largo plazo mediante el cobro de tarifas y peajes que se van actualizando en forma periódica.
Según las estadísticas del Banco Mundial, las obras de infraestructura y servicios concretadas bajo el paraguas de los PPP no superan el 10% a nivel global y en muchos casos fracasaron antes de tiempo por fallas de instrumentación y el encarecimiento financiero de los costos finales de los proyectos.
El despido prematuro del ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, quien fue el mentor de la idea que compró Milei, y las complejidades operativas y financieras que rodean al sistema, hicieron que los PPP se perdieran en el camino sin que el Gobierno explorara otro esquema alternativo para las obras públicas.
Lejos de revertir su visión negativa sobre las obras públicas, Milei redobló su ataque en la apertura de sesiones del Congreso, al calificarlas como “uno de los curros más grandes de la política".
Para el Presidente, “la obra pública no genera trabajo y solo benefician a aquellos que las ejecutan porque hay que financiarlas con impuestos o deudas que castigan a las generaciones futuras".
El Gobierno sigue con su política de ajuste a fondo para terminar con el paradigma de que el Estado debe hacerse cargo de las obras públicas. En el caso de las rutas y los trenes de cargas, equipos técnicos del Palacio de Hacienda expresan confianza en que las soluciones e inversiones llegarán con las privatizaciones de las empresas estatales Corredores Viales y Belgrano Cargas y Logística.
Ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales, los gobernadores de Neuquén y Córdoba salieron a hacerse cargo de las obras abandonadas y de otras que estaban proyectadas, pero con pocas chances de concreción.
A cambio de la adjudicación a YPF de cuatro nuevas áreas no convencionales, el mandatario neuquino Rolando Figueroa acordó que la petrolera de mayoría accionaria estatal construya un nuevo gasoducto provincial de 16 kilómetros que llevará gas natural a la localidad de Añelo.
Por su parte, el gobernador cordobés Martín Llaryora asumió la terminación de los 63 kilómetros que faltan de la autovía 19 que une Córdoba con Santa Fe. Destinará u$s154 millones del Presupuesto provincial para que el ganador de la licitación lanzada la semana pasada construya los tramos pendientes en un plazo de 18 meses.