Es por los tramos pendientes de la Autopista 19. La Nación transfirió las obras sin resolver la situación de la contratista. La provincia toma distancia.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, busca activar la obra pública
NALa licitación para terminar las obras de la Autopista 19 que lanzó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora quedó jaqueada por irregularidades de la gestión de Javier Milei. Ahora suma una denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que complicaría la obtención de una nueva línea de crédito que gestiona la provincia para el pago de los tramos pendientes.
La semana pasada, el ministro Toto Caputo se anotició de la presentación de una denuncia por presuntas “maniobras fraudulentas y prácticas indebidas” efectuada ante las autoridades del BID por la contratista CRZ Construcciones que, en los papeles, aún tendría a su cargo la ejecución de las obras que Córdoba licitó tras un acuerdo con la Nación.
Fuentes de la cartera económica confirmaron a Letra P que la copia de la denuncia elevada a la Oficina de Integración Institucional del BID en Washington plantea que la Nación y Córdoba acordaron de manera irregular “transferir y licitar” un paquete de obras adjudicadas en 2017 que cuentan con financiamiento del organismo, sin haber cerrado previamente los contratos en curso con la adjudicataria inicial.
La movida ante el BID puso en la mira el accionar del secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; del ex titular de Vialidad Nacional Raúl Bértola (ambos cordobeses); y del actual responsable del organismo vial, el menemista Marcelo Campoy. Los tres estuvieron a cargo de llevar adelante el acuerdo de transferencia de las obras.
Para los analistas del sector, si la denuncia escala internamente en el BID podría complicar las negociaciones que tiene la provincia para utilizar el remanente del crédito que tomó la Nación y acceder a nuevos préstamos destinados a obras viales y de infraestructura.
Ante una consulta de Letra P, fuentes del gobierno cordobés precisaron que “el conflicto con la contratista es de la Nación, no afecta a la provincia y no interfiere en el proceso licitatorio de la Autopista 19”.
“Además de la gestión de un crédito del BID, también estamos buscando financiación en otros organismos multilaterales y una salida al mercado para los proyectos en curso. Pero, por la coyuntura económica y la suba del riesgo país, ahora vamos a esperar un poco antes tomar decisiones en ese sentido”, plantearon.
Las obras en disputa fueron adjudicadas a la UTE de CRZ Construcciones y Perales Aguiar en marzo de 2017. Abarcan los tramos que van desde San Francisco hasta Jeanmarie y de Arroyito a Río Primero.
En 2018, Perales Aguiar entró en convocatoria y redujo su participación en la sociedad del 50% al 1%. En el caso de CRZ, la convocatoria que abrió en 2019 se terminó levantado tras un acuerdo de pagos a los acreedores en diciembre de 2022.
Para el pago de las obras valuadas en u$s 300 millones, la Nación accedió a un crédito del BID que cubría el 60%, quedando el 40% restante como contraparte local.
A diferencia de otro par de tramos de la autopista en territorio cordobés que ya se encuentran terminados, los dos de CRZ se atrasaron por la demora en la liberación de la traza, complicaciones operativas y tardanzas en los pagos.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las obras quedaron paralizadas y con una deuda acumulada de seis meses de trabajo.
A principios de 2024, Giovine y Bertola abrieron una negociación para rescindir el contrato de común acuerdo o reprogramar las obras. Las tratativas terminaron quedaron en la nada, a raíz de los recortes presupuestarios que impuso la motosierra de Milei y Caputo.
Sin chances de que la gestión libertaria reactive las obras, el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López comenzó a negociar con Giovine el traspaso de los tramos inconclusos de la autopista.
En junio de 2024, la Nación y la administración de Llaryora cerraron un convenio de transferencia sin resolver la situación de la contratista que tenía asignadas las obras. En el acuerdo, las autoridades nacionales sólo se comprometieron a entregar “la traza liberada”.
Ante la falta de pago y la paralización de los trabajos, en diciembre pasado CRZ solicitó la rescisión de las obras por culpa del Estado junto con los resarcimientos económicos previstos en los pliegos. Este planteo fue rechazado por Vialidad que dejó correr los contratos sin tomar ninguna medida.
El conflicto por la Autopista 19 se agravó a partir de marzo:
La empresa, que aún tienen parte de sus equipos en las trazas, rechazó administrativamente la baja contractual y denunció que se convocó a una licitación sin haber resuelto la adjudicación que estaba vigente.
Mientras tanto la licitación sigue adelante y la apertura de ofertas quedó agendada para el 5 de mayo. La inversión prevista es de u$s 154 millones y será financiada inicialmente con recursos de la provincia.
Según se estima, la obra generará 800 puestos de trabajo y, si no hay contratiempos, deberían terminarse a mediados de 2026.