El personal de cabinas se adelantó a la medida. Inició un plan de lucha para frenar 500 despidos. Reestatización y concesionaria en convocatoria de acreedores.
Peajes en la autovía del Mercosur: gremio primerea a Javier Milei
Captura de redes El gremio de Facundo Moyano contra Javier Milei
La suspensión del cobro de peaje en la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria que, a contramano del relato privatizador libertario, el gobierno de Javier Milei tenía programado para el 9 de abril llegó antes. El gremio de Facundo Moyano activó la medida este fin de semana.
No fue por un cambio de fecha en la medida oficial, sino el inicio de un plan del personal nucleado en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), para tratar de evitar el despido de casi 500 trabajadores de la concesionaria privada saliente Caminos de Río Uruguay (CRUSA).
El gremio moyanista resolvió llevar adelante un paro por tiempo indeterminado junto con el levantamiento de las barreras de peajes de la autovía del Mercosur que conforman las rutas nacionales 12,14, 117 y 135 y de los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria.
La decisión se adoptó ante la incertidumbre por el cobro de los salarios de marzo y el destino que tendrá el personal cuando el próximo miércoles a la hora cero concluya la concesión de la operadora privada.
Tal como viene contando Letra P, la administración mileísta dejará de cobrar peajes en las estaciones de Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada que corresponden al Corredor Vial 18 y en la conexión física Rosario-Victoria que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En el sector vial consideran la medida como “una salida de tinte populista de cara a la campaña electoral”, dado que comenzará a regir inmediatamente después de que expire la última prórroga que había sido otorgada a la concesión de CRUSA en abril del año pasado.
Pese a que aún no pudo adjudicar las rutas y puentes a una nueva concesionaria privada, la administración libertaria decidió no prorrogar la operación de CRUSA y dar por finalizada la concesión que había comenzado a mediados de los 90, en plena era menemista.
De no surgir una contraorden oficial a último momento, el contrato de CRUSA quedará finalizado y deberá prescindir del personal y liquidar las indemnizaciones que correspondan por el cese de actividades. Entre peajistas y personal técnico, la empresa cuenta con un plantel operativo de casi 500 personas.
A diferencia de otras concesiones viales y de servicios que se dieron por caídas, en este caso los empleados no serán absorbidos por el Estado ni transferidos por la fuerza a los nuevos operadores.
La empresa CRUSA está integrada por seis constructoras: CODI, Coneviar, Parenti Mai, Eaca, Welbers Insua y Babic. En 1993 se hizo cargo del mantenimiento vial y el cobro de peajes en el puente Zárate-Brazo Largo y en las estaciones de las rutas 12 y 14 Piedritas (Concordia), Yerúa (Colón) y Colonia Elía (Gualeguaychú). En 2014, sumó a su concesión la administración y conservación del puente Rosario-Victoria.
Varias veces estuvo muy cerca de que se rescinda el contrato por incumplimientos y atrasos en las obras. Desde mediados de 2023, Vialidad Nacional viene aplicándole multas atrasadas de los últimos 20 años por el estado deficiente de las rutas y la falta de inversiones.
A su vez, la empresa presentó en la Justicia un reclamo contra el Estado por la no autorización de ajustes en los peajes que, supuestamente, le provocaron un quebranto de u$s 300 millones.
Desde el mes pasado, la concesionaria -que está en convocatoria de acreedores- viene advirtiendo que, sin los ingresos por peaje que tienen actualmente, no podrán afrontar los pagos de salarios ni de las indemnizaciones por despidos.
Para no admitir que se trata de una “reestatización atípica con peajes liberados”, fuentes oficiales sostienen que la medida se enmarca en una “nueva etapa de transición limitada” que regirá por un período inicial de seis meses o hasta que la autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria vuelvan a tener una concesionaria privada.
Mientras dure la “transición”, Vialidad Nacional será la encargada de prestar los servicios de emergencia, ambulancias, auxilio mecánico, arreglos de banquinas y funcionamiento de luminarias en los casi 700 kilómetros de rutas y puentes que dejará de operar CRUSA.
Hasta que llegue la próxima concesionaria, no habrá obras nuevas ni trabajos de mantenimiento pesado que permitan frenar el constante deterioro de las capas estructurales de las calzadas.
En medio de las demoras que arrastra el varias veces anunciado proceso de privatización de las rutas y autopistas que operan CRUSA y la estatal Corredores Viales; la administración libertaria comenzó a implementar un ajuste fuerte en Vialidad Nacional.
A principios de marzo, el administrador general, el menemista Marcelo Campoy ordenó dar de baja todos los contratos de obras con empresas privadas que Vialidad tiene en curso en el país, sin importar el grado de avance en que se encuentren.
La supresión de las obras y trabajos de mantenimiento que estaban tercerizados se justificó en las "restricciones presupuestarias significativas que tendrá que afrontar la repartición durante este año”.
Por otro lado, desde el 1° de abril la conducción del organismo vial dispuso un plan de reestructuración interna a fin de reducir su actual plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes.
La aplicación de la motosierra de Milei en el organismo vial implicará, en una primera etapa, un achicamiento del 30% de su estructura operativa con la desvinculación laboral de 1.600 personas entre empleados, técnicos y personal jerárquico que desarrollan sus tareas en todos los distritos provinciales y en la casa central porteña.