Tribunales federales de EE.UU. impulsan demandas del gobierno que pueden obligar al buscador y a Meta a desprenderse de negocios. El rol de Donald Trump.
A pesar del sobreactuado alineamiento con Donald Trump y de elogiar su guerra retórica y arancelaria con China, las big tech estadounidenses, como Google y Meta, dueña de Facebook, están asediadas de problemas en estos primeros meses del segundo mandato del líder republicano.
Las demandas judiciales en curso, que el gobierno patrocina, podrían desmembrarlas y son una amenaza inédita para los conglomerados digitales, cuyos dueños venían amasando megafortunas sin mayores obstáculos. Hasta ahora.
El lunes se abrió la audiencia judicial de recursos en la demanda oficial contra Google por el control que ejerce en las búsquedas online a través de contratos de exclusividad, sobre todo con Apple, pero también con Samsung, lo que a su vez capitaliza posicionándose en ventaja en el mercado de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). Google podría ser obligada a vender su navegador Chrome, a cambiar las preferencias que sus propios servicios tienen en el sistema Android y a severas restricciones en su proyección en nuevos negocios. Una hipótesis de máxima es que la Justicia sentencie su separación de Android.
El juez que resolverá el caso es Amit Mehta, del Distrito de Columbia, quien en agosto último dictaminó que “el comportamiento anticompetitivo” de Alphabet “debe detenerse” y que, a través del omnipresente motor de búsqueda, Google ha explotado ilegalmente su dominio para distorsionar la competencia y sofocar la innovación.
Las semanas previas fueron intensas tanto para Google como para Meta: el jueves 17 de abril, la jueza Leonie Brinkema calificó el dominio de Google en la intermediación de avisos publicitarios online como “monopolio ilegal” que viola las normas antitrust vigentes desde hace más de un siglo en EE.UU. La posición de Alphabet como mayorista del marketing es cuestionada por las cláusulas contractuales que impone a los anunciantes (un supermercado, por ejemplo) y a los sitios donde los anunciantes publicitan sus productos (un medio de comunicación online, por ejemplo). Google saca tajada de ambas partes y establece precios de referencia en subastas carentes de controles externos a la propia empresa.
Como observó el periodista especializado en tecnología Juan Brodersen, “alrededor del 78% de los ingresos totales de Alphabet en 2024 provinieron del negocio publicitario, entre Google Search (búsqueda), avisos en YouTube y los anuncios de terceros a través de AdSense y Ad Manager”. Una eventual sentencia que fuerce a Google a vender parte de su red de anuncios publicitarios daría en la línea de flotación del grupo creado como motor de búsqueda en 1998.
Mientras tanto, Meta, el holding de Mark Zuckerberg, enfrenta otro juicio en Washington donde el gobierno, a través de la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuestiona su compra de Instagram (en 2012) y WhatsApp (en 2014), puesto que esas adquisiciones habrían tenido como objetivo eliminar competidores, además de que estaban sujetas a compromisos que Facebook -según la demanda- incumplió. El gobierno pide una separación estructural del conglomerado, es decir, que Meta venda Instagram o WhatsApp.
Si alguno de estos juicios antimonopolio contra las big tech llegara a traducirse en medidas de desconcentración, la historia de Internet tendría un giro inesperado nada menos que en Estados Unidos donde, a diferencia de Europa, la norma fue evitar regulaciones que puedan perturbar, aunque sea mínimamente, el meteórico ascenso y el dominio de mercados de los conglomerados digitales.
La abstención gubernamental en los negocios de las big tech está perdiendo apoyos. Las acusaciones contra Google y Meta tienen en común el hecho de haber sido originadas durante el primer gobierno de Trump, reforzadas con evidencia aportada por la administración del demócrata Joe Biden y, en este tramo final, con desenlace a cargo de funcionarios designados nuevamente por Trump. Además del respaldo del gobierno federal, fiscales de decenas de estados se sumaron a las querellas. Por eso los analistas subrayan que existe consenso político acerca de la necesidad de atenuar la concentración excesiva de los mercados digitales, consenso que no existía hace diez años.
Según las demandas, el abuso de poder dominante en los mercados digitales afecta indirectamente los precios finales que pagan los consumidores en toda la amplia gama de productos y servicios que compran y cuya publicidad personalizada a través de las grandes plataformas tiene un costo superior al que tendría si hubiera competencia. A esto se agrega el candado anticompetitivo que se produce cuando pocos actores corporativos extraen los datos de miles de millones de personas y organizaciones y usan esa información para desarrollar nuevos servicios y aplicaciones, con Inteligencia Artificial por ejemplo, cosa que no puede hacer la competencia porque carece del acceso a los datos obtenidos gracias a la posición monopólica de las big tech.
Sin embargo, los directivos de las grandes plataformas digitales contraatacan superponiendo su interés corporativo con el interés nacional en una etapa geopolítica donde la disputa por el liderazgo tecnológico y económico entre Estados Unidos y China ha escalado como nunca antes. La foto que los mostró sonrientes en el acto de la última asunción de Trump, el 20 de enero pasado, escenifica la apuesta geopolítica que sirve de argumento a los gigantes de Internet.
Aquella foto, empero, muestra una película cuyo guion se sigue escribiendo: en el juicio contra Google que tramita Mehta, el jefe de producto de OpenAI (creadora del ChatGPT), Nick Turley, declaró esta semana que si Google es obligada a vender Chrome, OpenAI estaría interesado en comprar el navegador.
Business as usual?