El ministro se jactó del modelo fiscal mileísta y criticó por "injustificadas" las subas de ingresos brutos y tasas municipales. El reclamo del Círculo Rojo.
Toto Caputo, modelo 2025
NADespués de que el gobierno de Javier Milei hiciera efectiva la baja de las retenciones a los cultivos principales en medio de las presiones del campo; el ministro de Economía, Toto Caputo cruzó en duros términos a los gobernadores e intendentes por la decisión de aumentar impuestos, particularmente ingresos brutos y tasas municipales.
“Redujimos a cero, y en tan solo un año, 15 puntos de PIB de déficit consolidado (Tesoro + Banco Central), bajando un 30% el nivel de gasto del Estado y terminando con la emisión monetaria”, se jactó el jefe del Palacio de Hacienda en su cuenta de X y destacó: “Estas medidas permitieron la baja fenomenal de la inflación (y con ella, el nivel de pobreza) y una pronta recuperación económica”.
“Esta recuperación económica está haciendo mejorar la recaudación, generando recursos que, como prometimos siempre con el presidente @JMilei, estamos destinando a bajar impuestos, para que la gente pueda tener acceso a mejores bienes y a mejores precios”, sostuvo en su posteo.
Caputo defendió el modelo tributario libertario basado en la reducción del déficit vía baja de gastos y no vía aumento de impuestos y cuestionó por “injustificada” la decisión de algunas provincias y municipios de hacerlo, pese a que “todos están recibiendo mayores ingresos por el aumento en la recaudación”.
“Sería muy importante para el país que provincias y municipios, aprovechando este aumento en sus ingresos, se sumaran al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y redujeran Ingresos Brutos y tasas municipales”, les reclamó el ministro a través de las redes sociales.
Aunque sin nombrarlos, Caputo apuntaba contra los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y otros mandatarios de la región Centro que vienen reclamando el fin de las retenciones al campo, pero que dispusieron incrementos de impuestos provinciales o en cuyas jurisdicciones jefes comunales aplicaron subas en tasas municipales.
Tal como contó Letra P, quien saldría ileso del cruce con el ministro sería el gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien anunció la baja de ingresos brutos y sellos en la provincia, al tiempo que destacó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal.
Horas antes del planteo de Caputo en las redes sociales, el Grupo de los Seis (G6) pidió a provincias y municipios que avancen en una baja de la presión impositiva a través de la reducción de ingresos brutos y tasas municipales.
La asociación empresaria representativa del Círculo Rojo afirmó que el incremento de estos tributos “se han convertido en un método de financiamiento local antes que en una contraprestación efectiva”.
El G6 está integrado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”, advirtió el conglomerado empresario en un comunicado.
En este contexto, el G6 remarcó que si bien la alícuota de ingresos brutos está determinada por ley en 1.5%, su aplicación “en cascada” puede alcanzar entre el 3 y el 9%.
En cuanto a las tasas municipales el G6 advirtió que el problema principal es la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual.
Según informes de las entidades empresariales, sólo la tasa de seguridad e higiene representa en promedio el 34% de los recursos municipales propios y que puede llegar a representar cerca del 2% del valor final de un producto.
En tanto ingresos brutos y sellos explican el 84% de los ingresos impositivos de origen provincial.
El G6 concluyó que el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales no puede ser a costa de los sectores productivos y financieros.