Prevé licitar las nuevas concesiones de las represas en enero. Venta de acciones mayoritarias. Contrato a 30 años y tarifa fija dolarizada por la generación.
Las hidroeléctricas en la era Javier Milei
Captura de redesTras varias demoras y decisiones cambiantes, el gobierno de Javier Milei espera poner en marcha a mediados de enero el proceso de reprivatización de las primeras cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Habían sido concesionadas en la era menemista y sus contratos se encuentran vencidos y prorrogados hasta el segundo semestre de 2025.
Se trata de las represas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila que la administración libertaria prevé volver a concesionar por un período de 30 años. Lo hará con la inclusión de una serie de obras de mantenimiento y mejoras obligatorias y un esquema de remuneración tarifaria que seguirá regulado por el Estado.
Si bien el plazo límite para licitar expira a principios de abril, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González –que depende directamente del ministro de Economía, Toto Caputo- les hizo saber a las operadoras temporarias de las centrales que la intención oficial es abrir la privatización antes de que culmine el primer mes de 2025.
Para esta movida, las personas responsables del área ya tienen armadas cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas y cuyos paquetes accionarios se encuentran de manera transitoria en manos de las empresas estatales Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%).
Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA fueron creadas con la finalidad de facilitar la transferencia directa de las acciones en venta junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias, sin necesidad de que tengan que constituir nuevas empresas desde cero para entrar en el negocio de la generación eléctrica.
De acuerdo con lo establecido en el decreto 895/24, la encargada de las licitaciones será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, ex interventor de Télam y antiguo gerente corporativo del Grupo Vila-Manzano.
En forma coordinada con la Secretaría de Energía que conduce la exejecutiva macrista María Tettamanti; Chaher deberá llamar a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de “proceder a la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes” de las cuatro hidroeléctricas.
Si bien aún resta precisar qué porcentaje de los paquetes accionarios serán subastados, quienes están a cargo del proceso de privatización ya habrían definido el punto clave de las nuevas concesiones: el precio de la energía que van a cobrar las operadoras privadas.
A contramano de la idea inicial, que era dejar los ingresos de las concesionarias ligados a los valores horarios que rigen en el mercado mayorista eléctrico, el nuevo esquema de remuneración prevé un precio fijo dolarizado para las tres décadas de contrato.
De esta manera, la energía hidroeléctrica continuaría con una tarifa regulada desde el Estado, la cual incidirá tanto en lo que se podrá recaudar por la venta de las SA como en el precio final horario que arroje el mercado mayorista.
Si esa tarifa resulta baja, las ofertas que se podrían recibir no serían de gran impacto. En cambio, si la remuneración reconocida es elevada, el Gobierno podría engrosar sus ingresos a costa de un mayor impacto en el precio final de la energía que deberían afrontar las personas usuarias.
Pese a que hasta ahora la postura oficial fue no darles cabida a los reclamos de las provincias de Neuquén y Río Negro de acceder al manejo y control de las usinas.
Fuentes del sector indicaron a Letra P que no habría que descartar la posibilidad de que la Nación decida abrir la puerta a una participación provincial mínima en las nuevas concesiones.
Según las fuentes sería por medio de la cesión de una porción accionaria minoritaria por fuera de la mayoría controlante y a cambio de que las provincias desistan de las demandas que tienen planteadas por regalías hidroeléctricas de los últimos años que, supuestamente, fueron mal liquidadas.
Antes del inicio de las licitaciones, la administración mileísta tiene que resolver también los reclamos económicos de las actuales concesionarias por una serie de medidas adoptadas en los últimos 20 años que alteraron las reglas originales y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Por su parte, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Central Puerto.
De acuerdo con los cálculos de los cuatro grupos controlantes, los montos reclamados al Estado oscilarían entre u$s500 y u$s800 millones.
Como prueba de este reclamo muestran un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que determinó el impacto económico negativo que tuvieron desde 2003 en adelante por las modificaciones regulatorias que fueron recortando los precios que tenían reconocidos en los contratos de venta de energía.