El ministro le recortó atribuciones a Energía y sumó a un funcionario de su confianza. La privatización de las usinas, a cargo del ex interventor de Télam.
Interna Toto Caputo y Eduardo Rodríguez Chirillo
La decisión del ministro de Economía, Toto Caputo, de sacar al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo del proceso de reprivatización de las cuatro hidroeléctricas del Comahue, derivó en un nuevo foco de conflicto en la disputa interna entre los funcionarios por el manejo del área energética.
A principios de agosto, cuando estaban por expirar los plazos legales, la administración de Javier Milei dispuso mediante el decreto 718/24 la implementación de dos medidas en relación con las represas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila.
Una de las decisiones de la administración libertaria fue extender por un año más las concesiones de las hidroeléctricas otorgadas durante la gestión de Carlos Menem. Esto permitió que las empresas ENEL, Aconcagua Energía, AES y Central Puerto sigan operando las centrales, pese a tener los contratos vencidos desde el año pasado.
La otra medida fue abrir un proceso licitatorio de 180 días para volver a concesionar por 30 años la explotación y mantenimiento de las centrales a nuevos operadores privados.
Según el decreto 718/24, la persona encargada de elaborar los pliegos, llamar a licitación, evaluar las ofertas y seleccionar a los ganadores era Chirillo; pero mediante el decreto 895/24, Caputo le recortó las atribuciones al secretario de Energía.
El ministro incorporó al manejo de la licitación a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, ex interventor de Télam y antiguo gerente corporativo del Grupo Vila-Manzano.
De acuerdo con el nuevo decreto, Chaher en coordinación con la Secretaría de Energía será el responsable de llamar a “un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes” de las cuatro hidroeléctricas.
A Chirillo le tocará establecer, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, las pautas técnicas y operativas del llamado a licitación que, entre otros ítems, deberán incluir: el esquema de remuneración a los nuevos concesionarios, el contrato de concesión, el inventario de las represas, las normas de manejo de aguas, las obras obligatorias y los seguros exigidos para la operación de las usinas.
La administración libertaria justificó el recorte de atribuciones a Chirillo con el argumento de que, cuando se aprobó el decreto de agosto, aún no estaba constituida la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y que ahora resulta necesario “adecuar la normativa vigente” con las funciones asignadas a Chaher.
Según el decreto de creación de la Agencia, su objeto principal es “dirigir y coordinar todas las acciones en materia de desenvolvimiento de las empresas y sociedades estatales, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto, como a la modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Dentro de ese marco, la Agencia a cargo de Chaher está habilitada para “intervenir, implementar y prestar asistencia legal y normativa” a todas las empresas y sociedades del Estado que lleven adelante procedimientos de privatización y venta total o parcial de sus paquetes accionarios.
Más allá de ese argumento legal, Caputo aprovechó las demoras de Chirillo para activar las licitaciones y avanzar sobre el área de Energía y concentrar un mayor poder de decisión sobre las cuestiones del sector.
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país.
Durante la gestión menemistas fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están a cargo de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también operan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante.
Desde diciembre pasado, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Para la reprivatización de las usinas, la gestión libertaria creó cuatro nuevas sociedades anónimas con la receta del exministro Sergio Massa, que están transitoriamente en manos de Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%).
Se trata de Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA.
Fueron creadas para facilitar la llegada de las futuras operadoras mediante la transferencia directa de sus paquetes accionarios y contratos de concesión. De esa manera, las concesionarias no tendrán que constituir empresas desde cero para hacerse cargo de las usinas.