Federico Sturzenegger quiere que compitan con los bienes de capital de fabricación nacional. Ni Cavallo se animó a tanto. El riesgo del lavado de dinero.
Javier Milei golpea a la industria
Captura de redesEn un contexto en el que la actividad cayó 10,7%, Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger ponen a la industria al borde del knock out. Avanzan en una medida para permitir la importación de maquinarias usadas para competir con los bienes de capital de fabricación nacional en los sectores agrícola, energético, aparatología de salud, construcción y transporte.
El secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, que responde a Toto Caputo, está estudiando una posible reforma o derogación de la resolución 909/94 que dictó Domingo Cavallo durante la gestión menemista y que prohíbe este tipo de importaciones.
Lavigne evalúa los pasos a seguir junto a Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado e integrante del equipo de Sturzenegger.
La medida en estudio busca eliminar la prohibición y permitir el ingreso de maquinaria usada importada. Cavallo impuso este mecanismo de protección a la fabricación local, al tiempo que impulsaba -junto al cordobés Juan Schiaretti como secretario de Industria- una apertura comercial, con aranceles cero, en la Argentina de los 90.
Antes de esta resolución se importaban hasta bicicletas y motos usadas. Muchas de las máquinas que ingresaban eran chatarra, ahí estaba la trampa.
El entonces superministro comprobó que la importación libre de bienes usados era un mecanismo que servía para maniobras de elusión al fisco.
"Sobrefacturaban lo que importaban y lavaban guita, quién sabe el precio real de un kit importado”, explicó a Letra P un economista que asesora a la industria.
“No se agrega competitividad a la industria importando una máquina usada con diez años de antigüedad", advirtió.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) está desarrollando un plan de control de daños. Le envió una carta a Lavigne para intentar "consensuar los cambios y evitar" que se autoricen este tipo de importaciones de maquinarias usadas.
La entidad fabril considera que es "competencia desleal" y advirtió que la industria nacional queda "en desventaja total" ante ingreso al país de maquinaria usada.
“Pedimos que no se derogue el régimen, pero estamos para trabajar en posibles cambios que mejoren el sistema”, explicaron fuente de en Adimra y alertaron: “Permitir la importación de bienes de capital usados, desalienta la inversión en tecnología de fabricación nacional, nos pega a las empresas locales y también supone un impacto grave en materia de seguridad y calidad para quienes adquieran estos productos”.
El régimen de protección que la administración libertaria busca eliminar contempla también otro conjunto de productos usados (posiciones arancelarias) que, para poder ingresarlos, hay que pagar derecho de importación. Esto implica que se necesita tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que incluye una consulta, de parte del Estado, a la industria nacional, sobre si se fabrican estos bienes en el país.
Empresarios y especialistas que consultó Letra P aseguraron que el gobierno mileísta impulsa la importación de bienes usados “porque desconoce a la industria nacional y no tiene quién le explique. Tampoco saben de historia. En los 90 se hizo y fue un desastre, el propio Cavallo frenó la fiesta".
El impulsor de la importación libre es Fariña, el economista cordobés que fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, pero que en el gobierno anarcocapitalista ya mostró su capacidad de trabajo: ayudó a Martín Menem en el Congreso para juntar los votos de apoyo a la ley Bases y estuvo entre quienes diseñaron el blanqueo de capitales.
“Estamos trabajando con Lavigne, para revisar el régimen y para eliminar este esquema y para hacer algo mucho más sensato; y si un productor quiere comprar una cosechadora autopropulsada, con dos o tres años de antigüedad, que no es chatarra, que el Estado no se lo pueda prohibir”, dijo Fariña en declaraciones a Radio Rivadavia.
Expertos en desarrollo industrial califican de "un crimen que ya se perpetró" que Argentina resigne su proceso de fabricación de bienes de capital, de máquinas para industrializar sus materias primas, aun cuando se pueda evitar la elusión al fisco y el lavado de dinero.