Es el Régimen de Iniciativa Privada. Está bajo la órbita de Guillermo Francos. Ya se reciben propuestas para la operación del complejo de Paso de los Libres.
Guillermo Francos activa el plan privatizador de Javier Milei
En línea con el modelo privatizador del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, activó el nuevo Régimen de Iniciativa Privada para la concesión de la operación y la prestación de servicios al transporte de cargas y pasajeros en uno de los pasos fronterizos clave con Brasil.
Desde la vicejefatura de Gabinete del Interior a cargo de Lisandro Catalán, la gestión de Francos ya hizo la convocatoria formal para recibir propuestas de iniciativas privadas para la concesión del uso, explotación, operación, administración y funcionamiento del Centro de Fronteras “Paso de los Libres”, Complejo Terminal de Cargas (Cotecar) y el Área de Control Integrado (ACI), que funcionan en la localidad correntina de Paso de los Libres.
La movida representa, en la práctica, el debut del nuevo Régimen de Iniciativa Privada aprobado en la ley Bases y que le otorga al Gobierno la facultad de poder otorgar “concesiones por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos tanto para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras, como así también para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”.
El Centro de Frontera “Paso de los Libres”, que la administración libertaria pretende entregar a manos privadas, funciona desde 1982 a cargo del Estado. Abarca una superficie de 938.987 metros cuadrados donde está el Complejo de Cargas (Cotecar) y el Área de Control Integrado (ACI).
Cuenta con cinco playas de estacionamiento para 900 camiones y en sus instalaciones se encuentran las delegaciones y oficinas de Gendarmería, Migraciones, la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP), Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Según las últimas estadísticas, registra un tránsito anual promedio de 1.547.031 vehículos. De ese total, el 85,7% corresponde a autos particulares; el 13,7%, a camiones; y el 0,53%, a ómnibus de pasajeros.
De acuerdo con los fundamentos de la convocatoria, lo que busca el Gobierno con la presentación de iniciativas privadas es lograr “una mayor eficiencia en los procesos vinculados con la logística de mercaderías y personas y una mejor calidad de los servicios en el primer paso fronterizo en importancia del interior del país, donde se realizan controles fiscales, aduaneros y migratorios”.
Las empresas interesadas en el negocio de operar el centro fronterizo y prestar distintos tipos de servicios a conductores de camiones, pasajeros y automovilistas particulares tienen plazo hasta el 13 de diciembre para elevar sus proyectos bajo el esquema de iniciativa privada.
Las propuestas deberán contener un conjunto de inversiones “básicas e innovadoras” en materia de obras nuevas, de ampliación y remodelación destinadas a la explotación, operación, administración y funcionamiento de los servicios públicos y asistenciales del centro de frontera.
En los lineamientos del llamado, la administración libertaria precisó que se van a valorar “las propuestas que potencien o mejoren la infraestructura actual y los servicios prestados en el Centro, contemplando que se trata de un nodo logístico estratégico para el aumento del comercio internacional”.
De acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno, el plazo de la concesión será de 25 años y los ingresos de la operadora privada provendrán de las tarifas reguladas de estacionamiento y la facturación libre de los distintos tipos de servicios que brinde a las empresas de transporte y personas usuarias.
No habrá ningún aporte ni subsidios del Estado y la concesionaria deberá abonar un canon fijo anual independientemente de lo que suceda con el tránsito de vehículos de cargas y pasajeros.
Todas las inversiones correrán por cuenta de la concesionaria privada que tendrá entre sus obligaciones operativas la “prestación permanente” de servicios médicos de urgencia, asistencia mecánica y grúas para vehículos pesados.
En lo que respecta a los servicios complementarios y adicionales, la concesionaria que se quede con el manejo del centro fronterizo podrá instalar negocios de comida, un hotel, casa de cambio, farmacia, lugares de esparcimiento y hasta una tienda libre de impuestos.
Además, tendrá libertad para ofrecer servicios de gomería, lavadero de camiones, taller mecánico y tareas vinculadas con el almacenamiento, fraccionamiento, clasificación, consolidado y desconsolidado de cargas.
Tras la presentación de los proyectos, el Gobierno se tomará 60 días de plazo para declarar de “interés público” el que considere que resulta más funcional y conveniente. Después, deberá llamar a licitación en un plazo de 60 días para determinar quién llevará adelante la propuesta elegida.
En esta puja, la empresa que diseñó el proyecto ganador correrá con una ventaja competitiva doble. Se quedará con la concesión en caso de que salga segunda y la diferencia con la primera no sea mayor al 10%. Además, tendrá la chance de ir a un repechaje con la oferta mejor calificada en caso de que exista una diferencia entre un 10% y 15% entre ambas.
En caso de perder la licitación, la promotora de la iniciativa privada tendrá a derecho a percibir de la empresa ganadora una suma equivalente al 1% de la oferta total en concepto de “honorarios y gastos reembolsables”. De manera excepcional y en función de las características del proyecto, el Gobierno podrá elevar ese resarcimiento hasta un máximo equivalente al 3% de la oferta triunfadora.