Mayoristas de CADAM le cuestionan a CAME y CAC el manejo "discrecional" del aporte para capacitación laboral. Reclamo de pymes. Sturzenegger no interviene.
Javier Milei tiene buen diálogo con Mario Grinman, de la CAC.
El sesgo desregulador de Javier Milei y Federico Sturzenegger desató una guerra entre la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es un reproche por el manejo de más $4.000 millones mensuales para capacitación que paga el empresariado.
“Hay que recortar este tipo de aportes, de los cuales no hay una rendición de cuentas pública para entender qué hacen con los más de $60 mil millones que se recaudaría por año", dijo el vicepresidente de CADAM, Armado Farina.
El referente de la cámara empresarial dirigió sus críticas a CAME, por considerar que “no hace una distribución equitativa y transparente de ese fondo”.
Es un reclamo directo del empresariado mayorista al entrerriano Mario Grinman, presidente de la CAC y al chaqueño Alfredo González, presidente de CAME.
El titular de CADAM es Juan Castro, de la cadena correntina Facor. A esta cámara también pertenecen Víctor Fera, de Maxiconsumo; Armando Farina, de Hipermay; representantes de Yaguar y Nini; y decenas de firmas mayoristas del país.
La puja es por la administración de los fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) que, por una resolución de 2008 del Ministerio de Trabajo, administran CAC, CAME, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y dos representantes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Sentarse en esas sillas tiene carácter honorario.
El Inacap se fondea con el aporte de las empresas grandes y pymes que, por cada persona trabajadora contratada, envían el 0,5% del sueldo de una empleada de maestranza del convenio de comercio (130/75) a la cuenta que administran CAME y CAC.
En octubre, cada empresa aportó $4.300 por cada persona empleada. El sector, según se estima, involucra a 1,2 millones de personas.
Cuando Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, le advirtió al empresariado que "no le pidan rebajar impuestos”, CADAM le reclamó a Milei que aplique “motosierra profunda con los aportes obligatorios”.
La cámara mayorista también le reprocha a la administración libertaria la caída del consumo y la carga impositiva de los tres niveles del Estado “que impacta entre el 43% y 49% del valor del ticket que pagan los consumidores”.
Consultado sobre la disputa intercámaras, Sturzenegger respondió: “Los aportes deben ser voluntarios”.
Fuentes de la cartera consultadas por Letra P también argumentaron que “se trata de un convenio privado, en el que el Estado no interviene”.
Ni CAME ni la CAC se expresaron públicamente sobre el tema, pero abrieron un canal de diálogo con Sturzenegger. "Hay una movida política que no se entiende, CADAM recibe fondos de CAME y son socios de la entidad", dijeron a este medio fuentes del sector empresarial.
Las empresas mayoristas señalan a CAME, al advertir que muchas de sus asociadas en el país no están recibiendo los fondos del Inacap que la entidad debería distribuir.
Fuentes de CADAM pusieron como ejemplo que González, de CAME, reparte fondos para cámaras empresarias del Chaco de las que, advirtieron, "no se sabe su real representatividad”.
“Queremos que los aportes lleguen a todas las cámaras empresarias del país; pero hay un manejo discrecional de la CAME”, dijo a Letra P un dirigente gremial pyme y aseguró: “Hemos hecho presentaciones en nombre de cámaras que nunca recibieron nada”.
Fuentes de la administración del Inacap explicaron a Letra P que “todo lo recaudado, va a capacitación de los empleados de comercio y a sostener económicamente a alrededor de 400 cámaras de comercio de todo el país”.
“Si lo vuelven voluntario, nadie va a pagar; y van a desaparecer unas 300 de esas cámaras”, anticipó la misma fuente.
El Inacap estimó que ya se realizaron 10 millones de capacitaciones no aranceladas y puntualizó que este aporte para financiar capacitaciones rige en alrededor de 25 convenios similares: Metalúrgicos, Hoteleros, Gastronómicos, Gráficos, Panaderos, Madereros y Farmacia, entre otros.