En medio de la emergencia ferroviaria, siguen tres empresas con contratos vencidos. Una norma incumplida y sin señales para las “privatizables” de la ley Bases.
Javier Milei prorrogó la concesión ferroviaria del grupo de Aldo Roggio
Captura de redesAl igual que lo hizo Sergio Massa durante la gestión de Alberto Fernández, el gobierno de Javier Milei prorrogó por un año las concesiones de Ferrosur Roca y de las líneas de trenes de pasajeros Urquiza y Belgrano Norte, controladas por los grupos locales de Aldo Roggio y Gabriel Romero.
De este modo, la administración libertaria sigue esquivando las normas vigentes que establecen la reestatización y reconfiguración de los trenes de carga y de pasajeros, transferidos a manos privadas por el menemismo en la década del 90.
A mediados de este año, el ministro de Economía, Toto Caputo extendió por 12 meses los contratos de Ferroexpreso Pampeano, la concesionaria del corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca controlada por el grupo Techint, de Paolo Rocca; y de Nuevo Central Argentino (NCA), operadora de la línea Mitre, bajo el manejo del grupo Urquía a través de Aceitera General Deheza.
Ahora, mediante tres resoluciones, Caputo completó las ampliaciones contractuales de las ferroviarias privadas con la extensión por un año de Ferrosur Roca, la empresa de cargas operada por la brasileña Camargo Correa; y las líneas metropolitanas Urquiza, a cargo de Metrovías, del grupo Roggio, y Belgrano Norte, operada por Ferrovías, del grupo Romero-Emepa.
Tal como la gestión albertista lo hizo tres veces desde 2019, la administración de Milei continúa dilatando la aplicación plena de la ley de reordenamiento ferroviario 27.132 de 2015, que no fue derogada ni modificada por la ley Bases y el DNU 70/23.
Según esta normativa, todos los trenes privados de carga y pasajeros ya deberían haber sido reestatizados hace más de cuatro años, cuando vencieron las concesiones otorgadas durante el menemismo.
Junto con la reversión de esas concesiones al Estado, la ley 27.132 establece la implementación de un nuevo modelo operativo de libre acceso (open access) a todas las redes ferroviarias, con el pago de peajes para que nuevos operadores habilitados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) puedan conformar sus trenes a medida, utilizando locomotoras y vagones alquilados al Estado.
Este esquema deja en manos del Estado las inversiones en infraestructura, necesarias para la renovación y mantenimiento de las vías. Además, el Estado debería asumir inicialmente los gastos de reparación y puesta a punto de locomotoras y vagones destinados al alquiler.
Si bien tanto Milei como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresaron su apoyo al sistema open access, hasta ahora el gobierno no dio señales claras de que adoptará este modelo en el corto o mediano plazo.
Tampoco definió qué hará con las ferroviarias estatales incluidas en la lista de “privatizables” de la ley Bases: SOFSE, operadora de pasajeros de seis líneas metropolitanas, servicios regionales y de larga distancia; y Belgrano Cargas y Logística SA (BCLSA), que concentra los trenes de carga de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.
Al igual que con Ferroexpreso Pampeano y NCA, la nueva prórroga otorgada a Ferrosur Roca extiende el contrato por un año, con el fin de "garantizar la operación de los servicios, la cual se realizará con carácter precario y podrá ser revocada en cualquier momento sin generar derechos subjetivos, expectativas ni precedentes a favor del operador".
Según la administración libertaria, esta medida que favorece a la concesionaria controlada por Camargo Correa, actual dueña de Loma Negra, es "necesaria para evaluar y ponderar la viabilidad económica, el estado de la infraestructura y el marco normativo vigente para un proceso de contratación futuro que garantice la continuidad y regularidad del servicio ferroviario de cargas".
En cuanto a las líneas metropolitanas de pasajeros, las prórrogas otorgadas a Metrovías y Ferrovías mediante las resoluciones 999/24 y 1000/24 extienden las concesiones por un período inicial de 12 meses o "hasta tanto se adjudiquen los servicios en el marco de la licitación aprobada por el decreto 423/19 y modificada por el decreto 170/23".
Frente al vencimiento de los plazos de las últimas prórrogas de la gestión Fernández, el gobierno libertario consideró que "en el actual contexto de emergencia ferroviaria, y ante la necesidad de desarrollar una nueva documentación licitatoria, es conveniente extender de manera precaria y provisional los plazos de ambas concesiones".
Como justificativo, la Secretaría de Transporte destacó que desde junio rige la "emergencia pública en materia ferroviaria" y que a fines de agosto se aprobó el Plan de Acción y Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes, que contempla las necesidades prioritarias de las líneas Urquiza y Belgrano Norte.
Las resoluciones señalan que "se encuentran en etapa de definición las cuestiones atinentes a la ejecución de las obras y trabajos para esas líneas y, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, no resulta razonable realizar una transición operativa hasta que se definan con mayor precisión los alcances, plazos y cronogramas de ejecución".
De manera indirecta, Caputo y el equipo del área de Transporte reconocen que, por ahora, seguirán manteniendo el status quo al admitir que "la profunda transformación institucional y normativa que atraviesa el Estado Nacional demanda un análisis exhaustivo y prudente de la regulación de los servicios ferroviarios, fundamental para definir las mejores alternativas de su futura regulación, considerando el carácter de largo plazo de los contratos de concesión y su impacto social y económico".