La aseguradora privada mantiene un mercado cautivo de un millón de pólizas del sector público. Un negocio con 30 años de vigencia y una ley sin reglamentar.
La motosierra de Javier Milei no pasó por La Caja
La motosierra de Javier Milei no toca el monopolio de La Caja. La aseguradora mantiene la contratación de pólizas obligatorias en caso de fallecimiento para un millón de personas del sector público, pese a que hace seis años el Congreso promulgó una ley que compele al Estado a licitar la toma de estos seguros de vida en forma optativa.
El “olvido” atraviesa las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual gestión libertaria, que sigue sosteniendo el negocio monopólico de la empresa perteneciente al grupo italiano Assicurazioni Generali.
En 2018, por iniciativa del presidente Macri, el Congreso aprobó la ley 27.444 que derogó la ley 13.003, vigente del primer gobierno de Juan Domingo Perón.
La nueva norma estableció que el Estado “llamará a licitación pública para adjudicar la contratación del seguro a las entidades aseguradoras oferentes según corresponda” y determinó que “el seguro para casos de muerte del personal del sector público nacional será optativo en todos los casos”.
El negocio monopólico de La Caja continúa vigente porque la ley 27.444 nunca se reglamentó y no entraron en vigencia los cambios.
El primer responsable del cajoneo es el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, quien en 2018 era titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que debía escribir la instrumentación de la ley 27.444.
Pazo, actual alfil del ministro Toto Caputo, volvió a tener injerencia en la Superintendencia de Seguros. Es el jefe de Guillermo Plate, quien tampoco muestra interés en desarmar el monopolio y aplicar la nueva-antigua legislación, que determina, además, que los seguros para el personal estatal deben ser optativos.
La Superintendencia de Seguros ya tiene una carga negativa. En esa dependencia estuvo seis años el expresidente Alberto Fernández, involucrado en la causa judicial que investiga las comisiones que cobraban los brokers del sector para gestionar las pólizas que aseguraban los bienes físicos de organismos y dependencias estatales.
Alberto Fernández también firmó el decreto 823/2021 para habilitó a la empresa con participación estatal Nación Seguros a quedarse en forma exclusiva con las pólizas ahora cuestionadas por el pago de las comisiones y el lobby de Héctor Martínez Sosa, esposo de su ex secretaria María Cantero.
Según el artículo 5° del decreto quedan exceptuados de trasladarse a Nación Seguros "las pólizas de los seguros colectivos de los empleados del Estado Nacional".
Ese dato refuerza la idea del resguardo por parte de las últimas gestiones del negocio de la aseguradora La Caja, que es la continuadora de la Caja Nacional de Ahorro Postal que creó Perón y que luego pasó a llamarse Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
En 1994, el gobierno de Carlos Menem privatizó la aseguradora y pasó a llamarse Caja de Ahorro y Seguro S.A. En ese momento, quedó en manos de la familia Werthein, que luego se asoció con el grupo italiano Assicurazioni Generali que finalmente se quedó con la compañía.
Alberto Fernández designó en la Superintendencia de Seguros a Mirta Adriana Guida, quien tampoco reglamentó la ley 27.444 que desarmaría el monopolio de La Caja. Entonces la sucesión de responsables son Pazo, Guida y Plate, que responde al colaborador directo de Caputo.
Por estar bajo la órbita del titular del Palacio de Hacienda, la ley 27.444 no entró en el radar del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien promocionó su proyecto de ley hojarasca como un digesto light para eliminar las leyes inútiles que traban el normal funcionamiento del país.