Industriales del sector presentan un proyecto de ley para inversiones XS. Busca compensar las desventajas del nuevo régimen. Discrepancias con la UIA.
Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos
El ecosistema de pymes le reclamó al presidente Javier Milei medidas urgentes para compensar las desventajas y asimetrías que les implantó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y hasta le presentaron un proyecto de ley que promueve a desembolsos desde u$s15 millones.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) coinciden en la necesidad de una promoción industrial enfocada al sector, pero parten de una consigna opuesta.
Mientras IPA encabezada por Daniel Rosato se opuso al RIGI y lo califica como “una bomba de tiempo al entramado productivo local”; la UIA presidida por Daniel Funes de Rioja no sólo que lo apoyó, sino que su estudio jurídico aportó a la redacción y lo considera “una herramienta muy importante para promover el desarrollo de grandes inversiones inversiones y el ingreso de capitales”.
El universo de 530.000 pymes genera más de tres millones de puestos de trabajo en el país y queda en el peor escenario: soporta el derrumbe del mercado interno, está excluido de la promoción industrial y es acorralado por la competencia desleal que genera los 30 años de estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria que otorga el RIGI a los nuevos grandes proyectos productivos.
Las diferentes entre la UIA e IPA se ensancharon por el posicionamiento de Funes de Rioja frente al RIGI. Ahora la entidad industrial busca hacer control de daños mediante la letra chica de la reglamentación del RIGI. Intenta, entre otros puntos, que quede explícito que los grandes proyectos estén obligados a comprar “el 20% de la inversión a proveedores locales”.
Funes de Rioja fue anfitrión de la visita que le hizo este martes el equipo de Toto Caputo: el secretario de Desarrollo Productivo, Juan Pazo; de Comercio, Pablo Lavigne, y de Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra.
La visita se interpretó en ambientes industriales como una foto forzada de "diálogo y trabajo continúo" entre la UIA y el equipo económico. Es un mensaje de Caputo, dijeron fuentes del sector, respecto de qué área gubernamental será la autoridad de aplicación del nuevo régimen, debido a que el futuro ministro Federico Sturzenegger también manifestó su intención de participar.
Sobre los tiempos en que pueda finalmente establecerse una ley pyme, un participante del encuentro aseguró que “no es un tema que se pueda procrastinar”. Aunque primero deberá reglamentarse el RIGI.
El proyecto pyme de la UIA se articula alrededor de seis ejes:
El administración libertaria, por definición, descree de los incentivos estatales para la promoción de la industria. “El aporte del gobierno es ordenar la macro, achicar el peso del Estado, reducir el déficit y bajar la inflación, no esperen otra cosa”, repiten desde los despachos de Economía y agregan: "Así no van a necesitar que les subsidien la tasa de los créditos”.
Un informe de la Consultora Qualy de la economista Anastasia Dahicich definió: "El gobierno se orienta a un 'keynesianismo' con fondos privados. El proyecto de RIGI para pymes de IPA, se contrapone con ese espíritu, requiere la inversión estatal.
“El RIGI implica una bomba de tiempo para las MiPyMEs que están siendo fuertemente afectadas por la coyuntura nacional”, dijo el titular de Rosato y detalló que el proyecto promoción a las pequeñas empresas incluye modificaciones a tres impuestos: IVA, Ganancias y sobre débitos y créditos en cuentas bancarias”.
IPA propone en su proyecto de ley que se contemple “un programa de apoyo para el pago de indemnizaciones a las MiPyMEs que demuestren estar en crisis" y pretende una especie de seguro de desempleo y acompañamiento para la reinserción laboral de quienes sean echados.
La entidad pyme también reclama: “La eliminación de aranceles de insumos específicos, bienes intermedios y de capital que no se produzcan a nivel nacional, por caso a los insumos difundidos y aceros/metales ferrosos y no ferrosos, materias primas básicas y bienes intermedios y de capital que utilizan las MiPyMEs para su adecuado funcionamiento y producción”.
El proyecto de IPA busca aplicar aranceles sobre la producción de las pymes para “equiparar el costo de producción local con el de importación y evitar beneficiar al productor internacional”. Un punto en el que la administración libertaria mostro otros intereses.