Especialistas advierten que el Gobierno carece de una hoja de ruta que lo haga viable. Crea un consejo en el que no tienen cabida las autoridades del área.
El plan nuclear de Javier Milei y Demián Reidel
Presentado como “el renacer del sector y piedra angular del futuro energético argentino y mundial", el nuevo Plan Nuclear Argentino (PNA) que anunció el presidente Javier Milei dejó cuatro preguntas sin responder: quiénes se harán cargo de las inversiones, cuáles serán las condiciones y exigencias, qué rol tendrán las empresas estatales y cuánto tiempo demandarán los proyectos en carpeta.
Flanqueado por el jefe del Consejo de Asesores, Demián Reidel, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, Milei lanzó el PNA que, montado sobre la demanda energética creciente que se espera de los proyectos de Inteligencia Artificial (IA), apuntará a dos objetivos iniciales: la construcción de un reactor modular pequeño en Atucha y la explotación de las reservas de uranio.
Más allá de la importancia y relieve que buscó imprimirle el Gobierno, el PNA arrancó devaluado. Cuando muchos esperaban, por la transcendencia del tema, un acto rodeado de empresarios, científicos y profesionales del sector; la presentación del plan se efectuó sin público y sin acceso a la prensa a través de un mensaje grabado que se dio a conocer por las redes sociales la Oficina del Presidente.
Sin mayores definiciones, Milei indicó que el plan prevé la conformación de un Consejo Nuclear Argentino que estará presidido por Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle.
Economista y físico egresado del Instituto Balseiro, Reidel encabeza el equipo de asesores estratégicos de Milei. En la administración de Mauricio Macri ocupó una silla en el directorio del Banco Central y ahora tendrá a su cargo la implementación del nuevo plan del que no se dieron a conocer dos datos clave: el tiempo que durará y la suma de inversiones privadas que prevé captar para la concreción de las obras.
Tras destacar que lo anunciado resulta difícil de creer frente al ajuste y achicamiento que se viene aplicando a los fondos destinados al área nuclear; especialistas y técnicos consultados por Letra P señalaron que a priori el plan deja en evidencia varias inconsistencias y puntos oscuros que ponen en duda su viabilidad.
Entre otras inconsistencias, analistas consultados señalaron la falta de participación de la Secretaría de Energía, conducida por la macrista María Tettamanti, tanto en la elaboración como en la futura implementación del plan. Teniendo en cuenta, además, que dentro de su órbita está la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la operadora estatal de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
Además, tampoco formará parte del nuevo Consejo Nuclear Argentino, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, que depende directamente del ministro de Economía, Toto Caputo.
Otro de los interrogantes que plantea el proyecto es qué pasará con la empresa NASA que integra la lista de las empresas a privatizar con respaldo del Congreso. La ley Bases habilita a la administración libertaria a privatizar NASA junto con sus pares estatales Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En el caso específico de NASA, la normativa permite incorporar actores e inversores externos por medio de un programa de propiedad participada o con la inclusión de capitales privados, pero siempre bajo el control mayoritario del Estado que tendrá el voto decisivo para “ampliar y sacar de servicio temporal una central nuclear, crear una nueva usina e incorporar más accionistas”.
Los interrogantes también se extienden al papel de las compañías estatales Empresa Neuquina de Servicio de Ingeniería (ENSI), que tiene a su cargo la planta industrial productora de agua pesada; y Dioxitek, la proveedora de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles de las usinas.
Lo mismo se plantea para la empresa de alta tecnología INVAP que tiene en construcción un reactor multipropósito RA-10 en Ezeiza y otro similar destinado a Países Bajos. Transformada recientemente en sociedad anónima, tiene a la provincia de Río Negro como accionista principal y a la CNEA como socia minoritaria.
La empresa logró patentar el diseño de un reactor nuclea modular compacto de 300 MW que ahora requiere de financiamiento para seguir avanzado con las etapas previas a su construcción.
Otro aspecto polémico es la ausencia de precisiones sobre el reactor modular pequeño (SMR), que Reidel anunció para la primera parte del PNA con el fin de “facilitar el acceso a la energía en todo el país y disminuir considerablemente los cortes de luz".
Sobre este punto, un ex directivo de NASA advirtió que “no está claro cuál será la capacidad de generación de ese reactor, ni quien estará al frente de la operación. En cualquier caso, la construcción con viento a favor demandará entre cuatro y cinco años de obras, plazo en el cual el país necesitará incorporar otras centrales de generación para atender el crecimiento de la demanda”.
En el plan que presentó el Gobierno tampoco queda definido qué va a suceder con los convenios vigentes que se firmaron hace casi una década con China para instalar dos nuevas centrales nucleares.
En 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, acordaron con el gobierno y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) la construcción de dos usinas: una del tipo CANDU de 800 MW y otra, HMR Hualong de 1.000 MW.
El proyecto incluía el financiamiento por el 85% de la inversión y la transferencia de tecnología a la CNEA para que los combustibles nucleares pudieran fabricarse en Argentina.
Suspendidos en la gestión macrista y con negociaciones reanudadas durante la administración de Alberto Fernández, las iniciativas aún se mantienen en pie a la espera de un posible acuerdo entre Argentina y China.