El nuevo esquema operativo de los servicios interurbanos no es claro sobre el cupo de viajes sin cargo. Pulseada con las empresas. Quejas y sanciones.
La desregulación de los servicios de ómnibus de larga distancia que dispuso Javier Milei a principios de octubre provocó el primer impacto colateral: las personas con discapacidad se quedaron sin pasajes gratuitos. Los grises del decreto 883/24 hicieron que las empresas del transporte automotor limitarán o cancelarán el beneficio.
Ante las quejas de las personas usuarias en esa condición que dejaron de acceder al beneficio, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) intimó a las compañías de micros de larga distancia a restablecerlo.
Las cámaras empresariales del sector anticiparon que ya no están obligadas a cumplir con esta medida y cuestionaron que la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, no haya reglamentado todavía el nuevo esquema ni haya definido si se mantiene vigente esa cesión y quién se hace cargo del costo de los pasajes.
El régimen normativo y operativo vigente hasta la primera semana de octubre establecía que las empresas de ómnibus habilitadas para prestar servicios regulares de larga distancia tenían la obligación de trasladar en todos los viajes, en forma gratuita, hasta dos personas con certificado de discapacidad.
Con el decreto 883/24, la gestión mileísta eliminó el carácter de “servicio público” que tenía el sistema establecido en la década de los 90 e introdujo un nuevo esquema legal que desregula y flexibiliza la actividad del sector, sin dejar clara la cuestión de los pasajes sin cargos para personas con discapacidad.
Según los números del empresariado, mensualmente se entregan alrededor de 100.000 pasajes sin cargo, con un costo aproximado para el sector de $3.500 millones. Si bien el Estado se había comprometido a compensar parcialmente ese gasto, nunca lo hizo en los tiempos y plazos acordados.
Para la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), la desregulación implica que “no existe más el servicio público de larga distancia y por ende, las condiciones y obligaciones que tenían las compañías por las normativas anteriores”.
La entidad indicó que no obtuvieron respuestas del Gobierno cuando solicitaron convocar a la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar una solución a este problema que involucra a empresas y operadoras del sector.
La cámara empresarial consideró que la autoridades gubernamentales deberían corregir la situación de "desigualdad" que afecta a las empresas regulares y que deja al margen de la obligación de ceder pasajes gratuitos para personas con discapacitad a las compañías de turismo de oferta libre y a las aerolíneas, que no tienen esa imposición y compiten "con ventajas y en forma desleal" con operadoras históricas y tradicionales del sector.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) también cuestionó la pretensión oficial de querer mantener la entrega obligatoria de pasajes sin cargos en medio del nuevo escenario de desregulación y liberalización de los servicios.
Asimismo, reclamó la creación urgente de un sistema que "elimine o minimice la carga pública de gratuidades, asegurando que no recaigan desproporcionadamente sobre las empresas en el actual contexto de competencia con el sector aéreo”.
La entidad solicitó que, previo a la desregulación plena de los servicios, se implementen seis medidas que el sector viene planteando para seguir prestando servicios. Ese listado comprende:
La desregulación de los servicios de larga distancia, que se asemeja al esquema de "rutas abiertas" que sigue el criterio aerocomercial de los "cielos abiertos", contempla la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor (RNTIPA), en cual quedarán incorporadas las actuales empresas de larga distancia y las nuevas operadoras que ingresen al negocio.
Con la nueva metodología, las empresas deberán consignar tanto los servicios que seguirán operando, como aquellos que quieran ampliar a cualquier destino del país.
En tanto, las nuevas operadoras que sean habilitadas podrán comenzar a prestar servicios a los cinco días de concluida la inscripción en el Registro. Deberán comunicar su capacidad de transporte, cantidad y tipo del parque móvil a utilizar, oferta de asientos, seguros contratados por el parque móvil y la nómina de choferes que cuenten con sus licencias profesionales vigentes.
Con el nuevo escenario, las empresas podrán establecer libremente los recorridos, horarios, tarifas, modalidades y duración de los servicios. Las compañías que actualmente sólo están habilitadas a operar en un corredor interprovincial único, podrán ampliar sin trabas sus servicios a cualquier destino nacional. Lo mismo podrán hacer aquellas que operan en el interior del país y las nuevas que entren a competir en el sector.
Empresarios y especialistas del sector consultados por Letra P que este aspecto clave de la desregulación promete generar un problema operativo doble a partir del verano: una sobreoferta de servicios a los destinos turísticos más demandados y la desatención de los trayectos menos rentables del interior, que podrían quedar desconectados de la Ciudad de Buenos Aires y las ciudades principales del país.