El ministro le vetó a la titular del área la aplicación de un cargo tarifario para financiar obras. El freno de Santiago Caputo. El proyecto, al freezer.
La interna Toto Caputo - María Tettamanti
A menos de dos meses del cambio de autoridades, el área energética volvió a quedar envuelta en una interna entre el ministro de Economía, Toto Caputo y la secretaria de Energía, la macrista María Tettamanti. Es por un proyecto para las mejorar las redes eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El primer capítulo conflictivo entre ambos quedó planteado en torno al esquema de financiamiento que equipos técnicos de Energía habían definido para llevar adelante la ampliación de las redes de transporte eléctrico que forman parte del proyecto AMBA I.
Tettamanti quería financiar las obras valuadas en u$s1.100 millones con el cobro anticipado de un “cargo fijo” a todas las personas usuarias del sistema eléctrico nacional. Ese cargo extra implicaba un aumento entre 1% y 3% que iba a recaer en las facturas finales emitidas por las distribuidoras eléctricas.
Tras haberlo anunciado como un hecho hace 15 días durante un acto del sector, Tettamanti se topó esta semana con un veto de Caputo, quien ordenó suspender esta vía de repago y explorar otras alternativas que no impliquen la creación de nuevos cargos tarifarios.
En la decisión de Economía contra el cargo fijo pesaron las posiciones que esgrimieron el asesor presidencial Santiago Caputo y el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), Mario Cairella.
Fuentes del sector dijeron a Letra P que el argumento principal que plantearon fue que el Gobierno no podía imponer un recargo tarifario, equivalente a un impuesto, en medio de la ofensiva que mantiene con las administraciones municipales y provinciales para que eliminen las tasas y cobros extras que aplican sobre los precios de los combustibles y las boletas de luz y gas.
El freno a la iniciativa de Energía confirmó el escaso margen de acción que la administración libertaria le deja a Tettamanti, quien llegó tras el acuerdo político que cerraron hace dos meses la Casa Rosada con el espacio liderado por el expresidente Mauricio Macri.
Al igual que su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo, Tettamanti -una ejecutiva con trayectoria en empresas petroleras y gasíferas- asumió condicionada por los Caputo y con un poder de decisión devaluado que no le permitió cambiar a la mayor parte de los subsecretarios que le habían impuesto de antemano.
En los últimos días, los anuncios destacados sobre temas del sector estuvieron a cargo del secretario coordinador de Energía y Minería, el antiguo ejecutivo de YPF Daniel González.
Otra muestra de la posición limitada que tiene Tettamanti dentro del equipo económico se reflejó en el sitio web de la Secretaría de Energía, en el que la última noticia que aparece publicada es del 3 de diciembre y está referida a una cuestión menor como son los precios de referencia de la garrafas de GLP.
El proyecto AMBA I, ahora freezado, está conformado por un combo de 11 ítems entre los cuales sobresalen la construcción de la Estación Transformadora (ET) Plomer; la ampliación de las ET existentes en Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova; y el tendido de 500 km. de líneas de alta tensión en 500, 220 y 132 kV para unir las nuevas instalaciones con Vivoratá en la zona de Mar del Plata.
Las obras fueron planificadas hace más de una década con el fin de asegurar el abastecimiento en las zonas densamente pobladas del Norte y Oeste del Gran Buenos Aires y limitar los riesgos de fallas en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez que están funcionando al límite técnico.
El cortocircuito interno por la forma de financiar las obras sumó una nueva demora en el proyecto que analistas y empresarios del sector califican como “prioritario y urgente” para revertir la falta de inversiones que arrastra el sistema de transporte eléctrico.
El primer traspié tuvo lugar durante la administración de Mauricio Macri. Estaba en las licitaciones que iban a hacerse bajo el sistema de PPP (Participación Público-Privada); pero, por las complicaciones económicas y financieras que afloraron a partir de 2018, la convocatoria a oferentes privados quedó archivada.
El gobierno de Alberto Fernández volvió a ponerlo en agenda y a principios de 2022 suscribió un acuerdo con la empresa China Electric Power Equipment and Technology (CET) para "la conformación del contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción del Proyecto AMBA I".
El convenio contemplaba una "inversión estratégica de u$s1.100 millones que sería financiada por el Banco of China Limited y el ICBC, en el marco de la cooperación vigente entre Argentina y China”.
Las internas energéticas de la gestión albertista no permitieron avanzar con la firma de los acuerdos de financiamiento y ejecución de las obras.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el proyecto quedó otra vez relegado hasta que la empresa Transener -controlada por Pampa Energía y la estatal Enarsa- propuso hace cuatro meses incluirlo dentro del plan de inversiones de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que debería aprobarse y entrar en vigencia durante el primer semestre de 2025.
Tras descartar esta opción, la Secretaría de Energía a cargo de Tettamanti diseñó el esquema del recargo tarifario que terminó frenado por Caputo.
Ahora, una de las variantes en estudio es llamar a licitación para que un oferente privado ejecute las obras, opere la nueva red como “transportista eléctrico independiente” y recupere la inversión por una doble vía: un canon por la construcción y una tarifa de peaje por la energía movilizada en sus líneas.