La motosierra afecta a los siete espacios a cargo del gobierno. Proyectos truncos y pruebas judiciales que se caen a pedazos. La promesa de la CGT.
El impacto del ajuste de Javier Milei
Espacio “El Olimpo”.
Espacio de memoria "Club Atlético".
Espacio de la memoria "Virrey Cevallos".
Junto a los testimonios de sobrevivientes, los sitios y espacios de memoria son la demostración indiscutible de que el terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad existieron en Argentina. Y también son, por estos tiempos, uno de los objetivos principales de la política de ajuste de Javier Milei y Victoria Villarruel. En el último año, más de la mitad de los trabajadores que ponen en funcionamiento esos lugares fueron despedidos.
“Desde el comienzo del gobierno de Milei y Villarruel estamos viendo un gran ataque a las políticas de memoria y, en lo personal, me genera mucha impotencia ver cómo todo lo logrado con años y años de esfuerzo puede ser desmantelado en un instante”, dice Silvia Fontana, integrante de la comisión de trabajo y consenso del espacio de memoria “Club Atlético”.
El último lugar en donde su hermana Liliana estuvo con vida tras ser secuestrada durante la última dictadura cívico militar, en julio de 1977, fue ese centro clandestino que funcionó en el sótano de una dependencia policial del barrio de San Telmo, en San Juan y Cochabamba.
El “Club Atlético” es hoy uno de los siete excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio que fueron reconvertidos en espacios de memoria que dependen del gobierno nacional y que la administración de La Libertad Avanza, con Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia y Alberto Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, vació de trabajadores. Muchos de las alrededor de 400 personas que, desde comienzos de 2024, fueron despedidas del sector vinculado a las políticas de memoria, verdad y justicia se desempeñaban en áreas de Educación, Mantenimiento, Investigación, Archivo y Arqueología y Conservación del “Club Atlético” y sus pares.
Según un informe elaborado por las mesas de trabajo de cada uno de esos espacios, la situación es la siguiente: todos los trabajadores de “Virrey Cevallos” fueron despedidos; “El Olimpo” y “Automotores Orletti” quedaron con un tercio de los trabajadores que lo sostenían; en el “Club Atlético” echaron a más de la mitad del equipo, incluida la coordinadora de las tareas de arqueología –cabe recordar que ese centro clandestino funcionó en un sótano que hay que ir excavando–; en el Faro de Mar del Plata (ex-Esim), el lugar que visitó la semana pasada Mirtha Legrand, queda una sola trabajadora –su coordinadora Ana Pecoraro, cuya madre es sobreviviente de la última dictadura y su padre está desaparecido, fue despedida– y en la Escuelita de Famaillá, lo mismo, al igual que el ex-RIM 9 de Corrientes. Los proyectos para poner en pie los espacios ex-Vesubio y Campo de Mayo quedaron suspendidos y sin trabajadores a cargo.
Hay trabajadores que, aún a pesar de haber aprobado el examen que aplicó la administración de La Libertad Avanza, fueron despedidos. El juez Ariel Lijo ordenó a Baños que garantice la preservación de estos lugares. Baños le respondió que están garantizados, pero la realidad lo desmiente. En "Orletti", por ejemplo, se desmoronaron los techos de una habitación y un baño y no hay quien lo repare. En "Club Atlético" no hay quien continúe las excavaciones, tarea fundamental para seguir sumando prueba judicial a la causa de lesa humanidad. Las tareas de excavación recolectaron muchos elementos personales de personas que hoy están desaparecidas, pruebas que posibilitaron confirmar que habían estado secuestradas allí. Gracias a ese trabajo, Silvia recuperó las medias rojas que su hermana Liliana llevaba puestas el día de su secuestro.
Sin gente que “garantice el mantenimiento del lugar, los lugares se van a venir abajo. Y no es una pared que se cae, es una prueba judicial que desaparece. El equipo de trabajadores es lo que diferencia un espacio de memoria de una ruina”, define María Eugenia Mendizábal, socióloga y co-coordinadora del espacio “El Olimpo”. “Sin trabajadores estos edificios son cáscaras vacías. Los trabajadores son quienes los hacen hablar, los convierten en testimonio vivo, los preservan como prueba judicial, los conectan con otras generaciones, los convierten en herramientas del Nunca Más”, resume Maia Jait, docente que, hasta junio pasado, se desempeñaba en el área de Educación del Espacio de Memoria “Virrey Cevallos”.
Los espacios y sitios de memoria existen en Argentina por señalamiento de una ley aprobada por el Congreso nacional –la n°26691– y promulgada por el Poder Ejecutivo que ordena la responsabilidad de la “preservación señalización y difusión” de lugares que fueron escenarios de crímenes de lesa humanidad no solo como prueba de esos delitos, sino también como un “aporte a los procesos de fortalecimiento de la democracia y a la construcción social del Nunca Más”, remarca el documento de consenso de las mesas de trabajo de los espacios.
A partir de esa normativa, esos escenarios testigos del accionar genocida de las fuerzas armadas y de seguridad que durante la década de los 70 y principios de los 80 diseñaron y ejecutaron un plan macabro y clandestino para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer –de paso, les robaron sus casas, sus bienes, sus hijes– a un sector de la sociedad que buscaba torcer el destino del país para volverlo más justo, así como regar de terror al resto por si acaso se les ocurriera sumárseles, no solo comenzó a preservarse sino también a abrirse en testimonio hacia la sociedad: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad” rezan los carteles de señalización, mientras que los trabajadores se empeñan en su mantenimiento específico, en la preservación del material que allí se encuentra a modo de archivo, en el diseño de planes pedagógicos para convertir todo aquello en material vivo. Lugares donde se construye memoria, herramientas para la garantía de que nunca más lo que ocurrió allí vuelva a suceder.
Son lugares “que nos llevan al horror más profundo y, a la vez, están llenos de futuro, porque ofrecen la posibilidad de encontrarnos en la memoria, la verdad y en la justicia y construir comunidad a partir de eso”, apunta Mendizábal. El vaciamiento que están sufriendo a manos mileistas, así como el desfinanciamiento de políticas públicas que son responsabilidad del Estado nacional acorde a leyes y regulaciones internacionales implica “el abandono de las obligaciones jurídicas, culturales y sociales respecto de los derechos humanos”, pero también un voto antidemocrático.
El miércoles la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y referentes de organismos de derechos humanos solicitaron a la CGT “apoyo para ponerle un freno” a la situación en los sitios y Espacios de Memoria. Desde la confederación confirmaron que se comprometieron a "mancomunar esfuerzos" y "evaluar de qué manera poder aportar ayuda”. La secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, informó que convocará a una reunión de secretarios de las áreas de diferentes gremios "para ver de qué manera podemos colaborar en el sostenimiento de las políticas de memoria a pesar del Gobierno”, informó.
Sin embargo, despedidos y con contrato, los equipos de trabajadores continúan vinculados a los espacios junto a sobrevivientes y familiares de víctimas, comunidades barriales y organizaciones de derechos humanos para reclamar por una recontratación.
“Sin trabajadores no hay memoria, levantamos bien alto esa bandera”, remarca Fontana. Desde mediados de enero, los colectivos se reunieron en una mesa interespacios para organizar la resistencia. Participarán de la marcha antifascista de este sábado y continuarán con actividades cada fin de semana para reclamar por la reincorporación de trabajadores. Reflexiona Mendizábal: “El vaciamiento responde a la ingenuidad de ellos de querer romper algo que existe, que inunda, que echó raíces, el Nunca Más”.