Las áreas de género estuvieron bajo la órbita de distintos espacios del Estado con diversos grados de jerarquización desde la recuperación de la democracia a la actualidad. En 41 años, por primera vez la institucionalidad de género hoy no ocupa ningún lugar dentro del organigrama de la administración pública a nivel nacional. La asunción de Javier Milei significó un pasaje de la institucionalidad de género jerarquizada en su pico máximo a políticas cero. La reciente “eliminación definitiva” del extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad marca un retroceso de cuatro décadas. Basta con poner la historia de la institucionalidad de género en una línea de tiempo para visualizar la degradación.
"La cuestión de la mujer"
Desde mediados de la década de los 80 la denominada por entonces “cuestión de la mujer”, comenzó a aparecer en los debates sobre la modernización del Estado. Mientras proliferaban organizaciones de la sociedad civil dedicadas a las demandas específicas de esta porción de la población, las dirigentes feministas sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar empezaron a disputar poder en la función pública. En ese contexto de restauración democrática, Argentina sumó la institucionalidad de género a la arquitectura gubernamental: el gobierno de Raúl Alfonsín incluyó, por primera vez, los derechos de las mujeres.
El 8 de marzo de 1984 fue mítico. En la manifestación del movimiento de mujeres frente al Congreso se plantearon siete puntos mínimos: entre ellos se encontraba la creación de una secretaría de estado para la mujer.
Ya en 1983 había comenzado a funcionar el Programa de Promoción de la Mujer y la Familia y se había creado la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia. Ese área tenía una existencia simbólica porque su estructura como dirección nunca había sido aprobada. Hasta que en 1987 se creó la primera Subsecretaría Nacional de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. “El primer cuarto propio dentro del Estado”, lo caracteriza la socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del CONICET, Carla Zibecchi, citando a Virginia Woolf.
La primera subsecretaria feminista
La feminista pampeana Zita Montes de Oca fue la primera funcionaria en ocupar ese lugar e inaugurar un linaje de feministas en el Estado. Antes había sido coordinadora General de la Mujer, dentro del Ministerio de Salud y Acción Social. “Éramos un equipo de 40 personas, en un 60 o 70% mujeres que eran feministas, se decían feministas, y no tenían prurito en decir que lo eran”, contó, años después.
Durante el menemismo hubo un breve lapso de jerarquización: en 1989 se creó la Secretaría Nacional de la Mujer, dependiente del Poder Ejecutivo, a cargo de la chaqueña Argentina Berti. Sin embargo, el entonces presidente Carlos Menem cerró esa área con la Reforma del Estado.
“En ese momento yo era jefa de gabinete de Gustavo Béliz, en la Secretaría de la Función Pública e Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y habíamos creado un programa que se llamaba Estado y Mujer que fue muy novedoso”, relata la socióloga Virginia Franganillo sobre 1991. “Nos dimos un debate con la academia y el movimiento y presentamos un modelo de organismo público que fuera compatible con la reforma del Estado. Fue elevado al Presidente como modelo de gestión y con la propuesta de quién sería su titular”, continúa. Así surgió el Consejo coordinador de Políticas Públicas para la Mujer.
Ese año las feministas en el Estado y las que estaban en el Congreso, con la fuerza del movimiento, empujaron la sanción de la ley de cupo, la primera de este tipo en América Latina y el Caribe.
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En 1992 Franganillo se convirtió en presidenta del Consejo Nacional de la Mujer (CNM), el primer organismo del Poder Ejecutivo Nacional encargado del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El CNM tenía Directorio y un Consejo Federal de la Mujer. Convivían peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, sindicalistas, de las organizaciones, entre otras. En 1993 se creó, en el marco del CNM, un Gabinete de Consejeras Presidenciales en políticas de género. En ese momento se hablaba de “feminismos de Estado”: la posibilidad de organismos que den la cara al movimiento de mujeres.
Jerarquizaciones y degradaciones
El debate en torno de la reforma constitucional en 1994 interrumpió el proceso que venía in crescendo. A pesar de que se incluyeron derechos fundamentales para las mujeres, la propuesta del gobierno de incluir una cláusula que prohibiría cualquier forma de aborto generó la renuncia de Franganillo y de otras feministas. La peronista y opositora a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos Esther Schiavoni fue designada como presidenta en 1996. En su gestión se eliminó el Gabinete de Consejeras Presidenciales. A partir de allí el CNM tuvo un giro más “familista” y de política social que puso en pausa el desarrollo de los feminismos en el Estado.
De todos modos, el CNM sobrevivió a distintas gestiones. En 2002 fue degradado, escondido dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En 2004, con Néstor Kirchner, asumió María Lucila “Pimpi” Colombo como presidenta del CNM: peronista católica y entonces opositora a la despenalización del aborto. Luego, en el período 2008-2011 estuvo al frente la activista católica de base Lidia Mondello, favorable a la ampliación de derechos.
Después del Ni Una Menos
En 2010, tras la sanción de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner cambió el nombre por decreto a Consejo Nacional de las Mujeres. Entre 2011 y 2015, Mariana Grass ocupó la presidencia. Si bien no provenía del feminismo sumó feministas al organismo. El movimiento le demandó toda su gestión la presentación del Plan Nacional contra las violencias, que debía haber sido presentado al inicio de la administración. Lo hizo público recién después del estallido por Ni Una Menos, en junio de 2015.
En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el área fue jerarquizada al nivel de Secretaría de Estado: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) funcionó bajó la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y tuvo como primera titular a Fabiana Túñez, que venía de dirigir la organización de la sociedad civil La Casa del Encuentro. La jerarquización fue una respuesta directa del reclamo por Ni Una Menos y la efervesencia del movimiento feminista argentino.
El clímax para la institucionalidad de género llegó con Alberto Fernández en 2019 y la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La primera ministra fue la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
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La trayectoria institucional de las feministas en el Estado no fue lineal. Con la asunción de Milei se interrumpe una construcción de cuatro décadas. Primero, en febrero, se resolvió la degradación de lo que era el ministerio a la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Claudia Barcia. En mayo, tras pasar a la órbita del Ministerio de Justicia, llegó -aún sin resolución en el Boletín Oficial- su eliminación.
