A los 77 años, falleció el exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza que recibió al contingente de miembros de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), de Javier Milei. "El colorado", como lo conocían en tiempos de dictadura militar, cumplía condena por la apropiación de un bebé nacido en cautiverio y estaba siendo juzgado por secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico militar en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), un centro clandestino que funcionó en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Estuvo prófugo durante casi 20 años.
Entre 1977 y 1978, Vázquez Sarmiento fue suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea en la RIBA. La Justicia argentina confirmó que sustrajo y retuvo a Ezequiel Rochistein Tauro, nacido en la ESMA en 1977, que modificó su identidad y falsificó documentos públicos. Y también lo acusó de haber secuestrado, en 1978, a Gabriel Pontnau y a Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, mamá y papá de Mariana Pérez –secuestrada durante algunas horas en el mismo operativo– y de Guillermo Pérez Roisinblit, que fue apropiado y restituyó su identidad en 2000.
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Permaneció prófugo de la justicia más de 19 años: fue detenido en octubre de 2021, mientras caminaba por las calles de la zona oeste del conurbano, donde en años de dictadura militar dirigió la patota genocida de la Fuerza Aérea. Detenido y condenado por la apropiación de Rochistein Tauro, fue parte del grupo de genocidas -entre los que estaba Alfredo Astiz- que recibió a parte de la bancada de LLA en julio pasado.
Un mes después de esa visita, en agosto de 2024, Vázquez Sarmiento tuvo que sentarse al banquillo de acusados frente al Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, que lo empezó a juzgar por el secuestro de Roisinblit, Pérez Rojo y Pontnau. Quedó comprobado en el primer juicio por los crímenes de la RIBA, que tuvo lugar en 2016 mientras permannecía prófugo, que por lo menos los papás de Mariana y Guillermo Pérez estuvieron secuestrados en la regional.
El año pasado, el represor se negó a declarar: jamás aportó dato alguno sobre los crímenes que cometió y en noviembre, fue apercibido por la presidenta del tribunal, María Claudia Morgue Martín, por bajarse los pantalones y mostrar sus genitales ante la cámara a través de la que participaba del debate desde el penal de Ezeiza. El TOF debía resolver esta semana un pedido de su defensa para apartarlo del debate por incapacidad sobreviniente. Fue internado hace unos días y falleció este miércoles en el hospital interzonal de agudos de Ezeiza.
“Se va sin arrepentirse, sin dar un dato de mis padres. Es injusto”, apuntó Guillermo Pérez Roisinblit al conocer la notica.
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A través de Pablo LLonto, el abogado que la representa en su querella, Mariana Pérez solicitó al Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, que juzga a Vazquez Sarmiento y a otros cuatro integrantes retirados de la Fuerza Aérea, que los casos de sus padres y el de ella también continuaran siendo parte del debate en base al derecho a la verdad. “Aunque no corresponde aplicarle alguna pena a Vázquez Sarmiento, es probable que en el transcurso del juicio aparezcan elementos relacionados” con los hechos que persiguen, fue uno de los argumentos de la presentación judicial.
Un colorado difícil de olvidar
A Vázquez Sarmiento, sus compañeros de la patota represora de la Regional de Inteligencia Buenos Aires le decían “El colorado”. Ante la jueza María Servini, Julio César Leston, que había sido su subordinado en la RIBA, lo señaló como apropiador del bebé que Graciela Tauro, secuestrada en la zona oeste del Gran Buenos Aires junto a su compañero, Jorge Rochistein, había parido en la maternidad clandestina que la Marina montó en el Casino de Oficiales de su Escuela de Mecánica. Eran los inicios del 2000 y, entonces, Ezequiel se negaba a hacerse los análisis para determinar su verdadera identidad, algo que hizo diez años después.
Por aquella época, el único de los crímenes de lesa humanidad que se podía juzgar y condenar era la apropiación de bebés. Una denuncia anónima que recibió Abuelas de Plaza de Mayo relató una escena que sucedió en noviembre de 1978: el apropiador Francisco Gómez y una persona a quien llamaban “el colorado” llevaron a un bebito en pleno llanto a una mujer para que lo amamante. La criatura era Guillermo Pérez Roisinblit. Su mamá, Patricia, secuestrada en octubre de 1978 junto a José, lo había parido en la ESMA.
Mariana Pérez, la hija mayor de Patricia y José, hermana de Guillermo, registró aquella denuncia anónima en Abuelas de Plaza de Mayo –la mamá de Patricia, Rosa Roisinblit, es presidencia honoraria de la institución–. La joven tenía poco más de un año cuando se realizó el operativo en el que se llevaron a sus padres y en el que ella también fue secuestrada durante algunas horas. La dejaron el 6 de octubre de 1978 en la casa de sus tíos paternos, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La recibió su primo Marcelo Moreyra, quien en la causa judicial declaró que entre los que tocaron el timbre aquella noche había un “colorado” que era el jefe. Luego lo reconoció ante la Justicia: era Vázquez Sarmiento.
En 2003, en el marco de la causa que lo investigaba por apropiador, la Justicia federal lo llamó a indagatoria y no lo encontró. Ordenó su captura, pero Vázquez Sarmiento se mantuvo prófugo un largo tiempo.
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Vázquez Sarmiento estuvo casi 20 años prófugo.
Detenido, condenado, juzgado
Desde que actuó en la RIBA y hasta principios del siglo XXI, Vázquez Sarmiento vivió libre, tranquilo y en buen estado de salud. Fue detenido en octubre de 2021. Daniel Rafecas, a cargo del juzgado federal número 3 –que investigó los secuestros de Roisinblit, Pérez Rojo y Pontnau y rechazó sumar el de Mariana–, lo indagó y lo procesó por los secuestros. Como había permanecido 20 años prófugo, la detención en cárcel común era lógica. Desde entonces, su defensa comenzó a insistir en que su estado de salud ameritaba el beneficio de prisión domiciliaria, un camino que análisis periciales desarmaron sistemáticamente.
En abril de 2023 fue condenado por el juzgado federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, a 15 años de prisión por la apropiación de Ezequiel. La condena fue reducida a 11 años por la Sala 1 de la Cámara de Casación, que esa mínima ayuda pudieron prodigarle.
