La Suprema Corte, la gran deuda pendiente. Además, hay demasiadas vacantes por cubrir. Con todo, el gobernador logró el nombramiento de 160 magistrados.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Con una Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) desintegrada y la crisis crónica de vacantes en la magistratura, pero también con un puñado de logros, el año judicial del gobernador Axel Kicillof termina con claroscuros.
El 4 de abril recibió una noticia que era de esperar. La renuncia de un ministro de la Suprema Corte abrió un nuevo frente de tormenta en la gestión provincial, que ahondó uno de sus karmas: las vacantes de magistrados sin cubrir en el servicio de justicia. Desde el 1 de junio, la Corte funciona con tres integrantes naturales, aunque cuenta con el auxilio de la Casación.
Luis Genoud renunció y el máximo tribunal quedó compuesto por Hilda Kogan -ya tiene edad para jubilarse-, Fernando Soria y Sergio Torres. También está vacante el cargo de subprocurador general de la provincia de Buenos Aires.
La Constitución de la provincia de Buenos Aires no establece cómo debe estar integrada la Corte. Eso está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se detalla que estará formada por “siete miembros”. Según la Carta Magna provincial, las o los integrantes serán “designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros”. Aquí es dónde comienza el problema. El oficialismo no cuenta en el Senado con las voluntades necesarias para avanzar sin sobresaltos. Todo es materia de intensas y extensas negociaciones.
Una muestra de ello es que el bloque oficialista no consigue los votos para la remoción del procurador Julio Marcelo Conte Grand, a quien señalan como una cuña de la exgobernadora María Eugenia Vidal para empastar la gestión en materia de política criminal.
Uno de los logros en 2024 fue el nombramiento de más de 160 magistrados (jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales) en todos los fueros de la provincia de Buenos Aires, pero las vacantes siguen siendo un problema crónico. Uno de ellos fue la llegada de Manuel Bouchoux a la Casación.
El viernes 12 de julio juró como flamante juez de la máxima instancia del fuero penal, paso previo a la Suprema Corte provincial (SCBA). La designación se dio luego de varios meses de negociaciones entre el gobierno de Kicillof y el sector del radicalismo que tiene representación legislativa en la cámara alta provincial, que responde al senador Maximiliano Abad.
El flamante magistrado llegó a una instancia que cuenta con apenas ocho cargos cubiertos (uno actualmente de licencia por lo que en rigor son siete) para atender las causas penales de los 20 departamentos judiciales de la provincia. Casación cuenta con seis salas, pero una está cerrada. Los cinco restantes deberían estar cubiertas por al menos diez magistrados.
Según datos oficiales a los que accedió Letra P, a fines de septiembre de 2024 se registraban 851 vacantes de la magistratura sin cubrir.
A fines de noviembre, el Ejecutivo envió al Senado otra tanda de 200 pliegos para cubrir vacantes en la magistratura, pero la ausencia de acuerdos políticos postergó todo para 2025, un año electoral que se estima tendrá muy baja actividad legislativa.