Nunca lo planteó como una promesa de campaña, pero sí como una cuestión de principios: para Victoria Villarruel, los uniformados que participaron del aparato represivo de la última dictadura no son genocidas, sino héroes de la patria; no tienen que ser investigados o condenados sino honrados, no tienen que estar presos sino libres. Sin embargo, su llegada al poder le resultó poco útil hasta el momento para cumplir con esas banderas. Durante el primer año de gestión negacionista, los represores siguieron siendo juzgados y condenados.
Después de varias negativas en primera instancia, días atrás la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa sobre el estallido de una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, hecho perpetrado en julio de 1976 y autoadjudicado por Montoneros, y anuló el sobreseimiento que resguardaba a algunos y algunas exmilitantes de la agrupación setentista.
El fallo de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fue un guiño de parte de la Justicia –o acaso de la política, si se tiene en cuenta la marcada cercanía de los jueces a Mauricio Macri– a Villarruel, quien se abrazó tímidamente a una de las pocas buenas noticias que recibió en el año. Un año que, políticamente, la catapultó a lo más alto del poder vernáculo y, a la vez, le resultó complicadísimo: desde aquella noche del 19 de noviembre de 2023 en la que el 56% del país la convirtió en vicepresidenta, Javier Milei, su hermana Karina y el asesor estrella Santiago Caputo licuaron su posibilidad de construir poder dentro del gobierno. No le dieron el Ministerio de Seguridad ni el de Defensa que le habían prometido públicamente en campaña y la relegaron a maniobrar en el Senado, aunque allí también la dejaron sola.
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El negacionismo en la agenda
Villarruel no se sentó a llorar. Se armó una agenda propia, siempre ligada a su base política: las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, la batalla simbólica en torno de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad, su “lucha” para que “todos los Montoneros terroristas vayan presos”. Así, sumó al frente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado a Claudia Rucci, una dirigente embanderada en la Teoría de los dos demonios que acusa a Montoneros de haber asesinado a su padre, el sindicalista José Ignacio Rucci, en 1973. Organizó en la cámara alta homenajes a las “víctimas del terrorismo en Argentina”, en relación a los operativos de agrupaciones guerrilleras setentistas, especialmente arrasadas durante la última dictadura. Visitó sedes policiales y regimientos militares. Desfiló junto a uniformados.
Menos expuesta, monitoreó sin ni una mueca que evidenciara su influencia los tejes y manejes para empujar dentro del Congreso un proyecto de ley que habilitara la impunidad para genocidas, visita a los “perseguidos políticos” en la cárcel de Ezeiza incluida. Villarruel no dejó los dedos marcados, pero hubo quienes desde su mismo espacio político la señalaron a los gritos. La diputada Lilia Lemoine la acusó de tener “una agenda propia” y la chicaneó por su objetivo contra Montoneros: “Va a meter presos a los montoneros, ¿incluye a Patricia Bullrich?".
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Aunque no generó ni siquiera declaraciones de repudio del pleno del Parlamento, la visita oficial a genocidas estalló en contra del Gobierno, que intentó como pudo desligarse de la situación y que lo único que aportó a la meta de frenar los juicios de lesa humanidad tuvo que ver con el ajuste en la planta de trabajadores públicos y en la desactivación, dentro de los márgenes del Ministerio de Defensa, de los grupos de investigación de archivos de las Fuerzas Armadas, una vía nutricional muy importante para las causas judiciales con represores en la mira.
El lobby vía Whatsapp que abogados de genocidas, diputados y asesores vinculados con Villarruel intentaron para lograr leyes que morigeraran condiciones de detención de represores condenados o investigados, o le pusiera fin a los juicios fue develado, rápidamente se quedó sin chances.
La agenda judicial de lesa humanidad
Mientras tanto, los juicios y las causas judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura avanzaron durante 2024, sin prisa pero sin pausa. El primer año de gobierno de La Libertad Avanza cosechó la inauguración de unos 17 debates orales y públicos sobre secuestros, torturas, apropiaciones de niños, abusos sexuales, homicidios y robo de bienes y recursos, entre otras violaciones a los derechos humanos, en los tribunales federales a lo largo y ancho del país. Hubo inauguración de juicios en todos los meses a excepción de julio y diciembre, en las jurisdicciones de Santa Fe, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y Córdoba.
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos, contabilizó 14 sentencias emitidas durante el 1 de enero y el 2 de diciembre de 2024. A ese registro, pueden sumársele las condenas a prisión perpetua de Horacio “Pantera” Ferrari, represor de la ESMA, que tuvo lugar en los tribunales de Ciudad de Buenos Aires el 8 de diciembre pasado, y a los exmagistrados judiciales Pedro Duarte y Víctor Ortiz, que recibieron penas de 11 años de cárcel en los tribunales de Neuquén, por no investigar crímenes de lesa humanidad. También, la condena que recibió el carcelero Santo González por la apropiación del nieto restituido 119, Mario Daniel Navarro, y las que recayeron en las hijas y el hijo de Miguel Save, un represor integrante de la banda de Aníbal Gordon, condenados por usar el dinero que su padre le robó a una víctima de secuestro, torutra y desaparición. Según el conteo de esta cronista, fueron 58 las personas que recibieron condenas por cometer violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y 14 las absueltas.
Los registros de la PCCH indican que, desde que las causas de lesa humanidad fueron retomadas a partir de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, hubo casi 340 sentencias; que unas 1.195 personas fueron condenadas y casi 200 absueltas. En tanto, de las 3.775 personas alcanzadas por el proceso de juzgamiento por los crímenes de terrorismo de Estado, 46% no fueron condenadas. “De ellas, 370 se encuentran procesadas, 161 con falta de mérito y 100 fueron sobreseídas, en tanto que 465 tienen pedido de indagatoria”, indica el documento fiscal al que se puede acceder aquí. De las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad, 1.450 están en libertad y 613, detenidas, la inmensa mayoría bajo el régimen de prisión domiciliaria. Solo 117 cumplen encierro en cárceles federales o en la prisión vip de Campo de Mayo.
