El Presidente y el Fondo ultiman un endeudamiento impagable. Economía y democracia, asuntos separados. Contraindicaciones del modelo peruano. Al pie de EE.UU.
La decisión de Javier Milei de tomar nueva deuda con el FMI fue abordada desde diversos ángulos, pero hay uno al que se le ha prestado menos atención que la debida: el modo en que el futuro acuerdo impondrá un cepo sobre la democracia argentina, esto es sobre la incidencia de la voluntad popular en las grandes definiciones de Estado.
Todo lo que ocurre en torno a ese intento de salvataje para el Gobierno, cuyas cláusulas no se conocen y que ni siquiera está cerrado, es serio. La saga del pacto fantasma, aún en curso, resulta elocuente sobre una economía que está más cerca de la necesidad y la urgencia que del milagro, sobre la irresponsabilidad de una mayoría ajustada de la Cámara de Diputados que le extendió un cheque en blanco a un presidente temerario, sobre la ilegalidad flagrante de ese aval al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y sobre el golpe severo que se le asestó a la división de poderes.
Eso, relevante como es, hace a la forma, pero también hay un contenido que le impondría una disyuntiva de hierro a la Argentina de las próximas décadas: radicalizarse, desconocer ese entendimiento por ilegal y con eso descolgarse definitivamente de cualquier circuito crediticio, o someterse a un disciplinamiento que divorciaría de modo duradero la economía de la política democrática.
El Fondo Monetario Internacional sabe que la "plata nueva", según la definición de Toto Caputo, llegará en condiciones que violan, esta vez sin dudas, el marco legal. Más allá de que la Constitución Nacional atribuye al Congreso el rol de arreglar la deuda pública, la ley 27.612 establece taxativamente que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (…) requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".
Lo que viene será una montaña de deuda nueva que se sumará a la contraída por Mauricio Macri en 2018, que llegará acompañada de nuevos condicionamientos y una tutela permanente. De lo poco que se conoce, sobresale el plazo del entendimiento, a diez años, con cuatro y medio de gracia para el pago de capital.
Así, en principio, el acuerdo regiría por lo que queda del actual mandato, del que –con Milei reelecto o con otro jefe de Estado– irá de 2027 a 2031 y del subsiguiente, hasta 2035.
El sentido común indica la improbabilidad de que, en paralelo a los intereses que se acumularán, el Tesoro le devuelva al Fondo 50.000, 55.000 millones de dólares o más de capital –según las vaguedades que trascienden– entre 2030 y 2035. El acuerdo tiene destino de renegociación permanente y, con eso, de ajuste perpetuo y tutela inacabable.
Entre los diputados paraoficialistas y "republicidas" que avalaron a ciegas el DNU de Milei se destacan, por diversos motivos, el cívico Juan Manuel López y el radical cordobés Rodrigo de Loredo.
El primero, que quemó el dogma republicano de la Coalición Cívica al derogar de facto la llamada "ley Martín Guzmán", estimó que el FMI vendría a proveer la institucionalidad que él mismo erosionó con su voto.
El segundo resultó elocuente respecto del modelo por venir. Resumiendo, el sano marco de equilibrio fiscal debería complementarse con un mayor achicamiento del Estado, ulterior reducción de derechos laborales y desgravación para las empresas y personas con capacidad de ahorro e inversión.
La Argentina del ajuste perpetuo además deberá hacer lugar a los ahorros necesarios para pagarle deuda vieja y nueva al FMI o para convencer al mercado internacional de financiarle esos vencimientos a tasas en línea con el 5,63% que cobrará el organismo.
Otro que explicitó el rostro futuro de la Argentina disciplinada fue el propio ministro de Economía. "Empezamos a parecernos a un país normal, por ejemplo, Perú", pronosticó. "En Perú cambian de presidente, no digo cada cinco minutos, pero sí cada año y eso no afecta la macro", añadió Caputo.
La definición podría ser un augurio poco feliz, pero encierra una realidad. La inestabilidad política del país hermano no ha obstaculizado la marcha de una economía que crece pero no derrama, mantiene en la informalidad a la mayoría de sus trabajadores y no termina de pasar de la explotación de recursos naturales –puntualmente, la minería– a un estadio de agregación de valor.
¿A qué se debe esa inestabilidad? ¿Acaso a una crónica insatisfacción popular?
El Perú que terminó con la hiperinflación en tiempos de Alberto Fujimori es el mismo que sufrió, bajo su poder, la clausura del Congreso, la creación de un Estado policial, fraudes electorales y, en el marco de la lucha contra el terrorismo, violaciones masivas de los derechos humanos. Así se fraguó el modelo.
Desde los años 1990, varios hombres llegaron al gobierno con promesas de humanizar el esquema, pero terminaron cumpliendo con la máxima plasmada por Eduardo Galeano en Días y noches de amor y de guerra: "El poder –dicen– es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha".
Eso hicieron, al menos, Alejandro Toledo, Alan García en su segundo mandato y Ollanta Humala. Pedro Castillo "murió" con las botas puestas tras una gestión breve y tumultuosa.
De los mencionados, el primero está preso, cumpliendo una pena de 20 años por corrupción; el segundo se suicidó en 2019, cuando estaba por correr la misma suerte; el tercero está a punto de recibir sentencia por cargos de financiación ilegal de campañas y lavado de activos y el cuarto está sometido a juicio por su intento de disolver el Congreso, en diciembre de 2022, para evitar su destitución.
No son esos los únicos caídos en desgracia. Desde 2016, para no ir más atrás, Perú ha tenido seis presidentes y todos ellos enfrentan causas de diverso tipo. La actual mandataria, Dina Boluarte, además vive al filo de un juicio político por haberse hecho una rinoplastia, con anestesia incluida, sin haber cedido el mando.
Erra quien piensa que lo relatado muestra que las instituciones peruanas funcionan envidiablemente. Más allá del mérito de esas denuncias, la disolución del Estado ha entregado enorme poder a mafias diversas y el Congreso, bajo la sombra de Keiko Fujimori, la hija de Alberto, se ha dado facultades cuasijudiciales para proscribir candidatos a diestra y siniestra de cara a las elecciones del año que viene. Las encuestas de intención de voto dan cuenta de un sistema político estallado.
El paraíso de Toto Caputo es el de una economía de mercado ingobernada en el que no sólo las turbulencias políticas no "afectan la macro"; tampoco el debate público y el voto popular inciden sobre el rumbo.
En la Argentina disciplinada, la deuda con el Fondo será un cepo hecho de renegociaciones y condicionalidades a largo plazo que reforzará la dependencia de la política exterior respecto de los Estados Unidos.
Hay que recordar que el organismo goza de prioridad de pago y que establece, en la parte que sí cumple de sus estatutos, que no puede estar sujeto a quitas y que sus programas no pueden exceder los diez años, renovables en base a nuevos acuerdos y condicionalidades.
El espacio que les quedará a futuros gobiernos es mínimo. Básicamente, deberían optar por administrar el disciplinamiento de la Argentina, diga lo que diga la ciudadanía en elecciones sucesivas, o rebelarse contra un poder abrumador, constituido por toda la comunidad internacional y que tiene la llave que abre o cierra el chorro del crédito del resto de los organismos internacionales de crédito y del mercado voluntario.
La Argentina disciplinada, a la peruana, consagraría un divorcio aun mayor entre sus élites políticas y el grueso de la población, y sería pasto seco para el fuego de la polarización y una radicalidad fácil de enunciar en campaña, pero difícil de aplicar en la gestión. En ese juego, los más débiles podrían olvidar que la ley es su último refugio.
Quiere el destino –¿será el destino?– que este mismo domingo caduque la moratoria previsional, lo que hará que sólo puedan jubilarse las personas que hayan acumulado al menos 30 años de aportes.
El resto sólo podrá acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La prestación, del 80% del haber mínimo, será incompatible con cualquier otro ingreso y sólo cubrirá a hombres y mujeres de más de 65 años. Dada la informalidad laboral rampante, sería, con suerte, la última tabla de salvación antes de la indigencia para la mayoría de las personas adultas mayores en los próximos años.
Las manifestaciones de los miércoles de los jubilados expresan bastante más que un rapto emocional pasajero; lo mismo podría decirse del Congreso y la Casa Rosada rodeados de vallas.
De un lado, los enjuagues de la política; del otro, la gente. En el medio, un mar de policías.
