El faltazo del gobernador al acto de Bullrich en Coronda es apenas una muestra del malestar creciente entre la Casa Rosada y el gobierno de Santa Fe.
Javier Milei y Maximiliano Pullaro, un vínculo que comienza a sumar tensiones.
El polémico acto de inauguración de la cárcel federal de Coronda, una puesta en escena ya que la unidad penitenciaria aún no cuenta con los servicios básicos, dejó traslucir la tensión política entre los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, en franco ascenso a medida que se acerca la disputa electoral de 2025.
El santafesino pegó el faltazo al acto del viernes en parte por las singulares características de la actividad, que incluyó un paseo de presos alojados en la cárcel de Marcos Paz, pero también por el áspero vínculo actual entre ambas administraciones. “Venía de bardeada la cosa. Y encima la exigencia era que no hablara”, explicó una fuente pullarista a Letra P la ausencia del gobernador en el acto, para después sintetizar: “Empieza lo que se veía venir, la tensión por la política en territorio”.
Bajo esa perspectiva se pueden ubicar varios cortocircuitos. El más evidente es la presentación días atrás de un recurso de amparo contra la Ley de necesidad de reforma constitucional recientemente aprobada por la Legislatura santafesina. La acción judicial lleva la firma del diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien encabezará la lista de candidatos a convencionales constituyentes de La Libertad Avanza.
No es el único caso. La semana pasada, la Legislatura santafesina aprobó el proyecto oficial de Ley tributaria, que trajo en su articulado un incremento del impuesto a los Ingresos Brutos para algunas operaciones de billeteras virtuales, uno de los sectores económicos favoritos de Javier Milei. La noticia desató una catarata de durísimas críticas por parte de los principales referentes libertarios.
“Operaron desde ese ecosistema haciendo nota en medios nacionales y sobre ese contenido salió Pierpaolo Barbieri de Ualá, que es el influencer más conocido. Y les pidieron que jueguen en Twitter (Santiago) Caputo, (José Luis) Espert y otros del Gobierno. Tiraron con todo lo que tenían. Faltó que hagan tuitear a (Donald) Trump y Elon (Musk)”, chicaneó, en diálogo con Letra P, un funcionario provincial. Otro tanto ocurrió con la decisión de gravar con un 2% a quienes hayan entrado al blanqueo con más de 100 mil dólares, que incluso motivó llamadas furiosas desde el equipo económico nacional a la Casa Gris.
Hay otro ejemplo del mal estado actual de la relación entre ambas administraciones: el tironeo por las rutas nacionales. También la semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que en el Gobierno “no hay ninguna preocupación” por el tema y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, le contestó furioso: “Cada vez que voy allá me encuentro con gente que no sale de sus oficinas, que no conocen el interior, que viajan en avión, que no saben lo que es andar por una ruta, les chupa un huevo el interior y les chupa un huevo las rutas nacionales”.
Ante esta situación, la propuesta del gobierno santafesino era que la Nación le transfiera las rutas para hacerse cargo de su mantenimiento y reparación. El ministro Luis Caputo les dijo que sí, pero como canje de la deuda que mantiene la Casa Rosada con Santa Fe. No hubo acuerdo.
“Todo esto tiene mucho de déja vu a lo que pasó durante la gestión 2015 – 2019. Te decían una cosa favorable y en lo operativo te lo trancaban. La noticia era la decisión buena y luego era uno el que tenía que explicar por qué no se avanzaba”, amplía una fuente del área.
El intendente de Coronda, el radical pullarista Ricardo “Bachi” Ramírez, sí participó del acto de inauguración de la cárcel federal, pero no se guardó ninguna crítica contra la escena montada por Patricia Bullrich: “Falta infraestructura, cámaras, reclutamiento de personal, que se iba a dar en Coronda y no se dio, el anuncio de la ministra de la llegada de internos fue pasajero, fue una película. Estuvieron a las 6 de la mañana varios internos que no eran de esta localidad y ya se fueron, se les sacó una foto, una película y ya no están alojados en la Unidad Penitenciaria Federal”, disparó.
En rigor, los problemas vienen desde el inicio del proyecto de la cárcel a fines de la década del ’90, cuando la municipalidad de Coronda y varias instituciones de esa ciudad decidieron promover la construcción de la unidad penitenciaria en el distrito, en un contexto económico y social muy distinto. De hecho, las 64 hectáreas del predio fueron aportadas por el Estado local.
En 2015, los intendentes saliente y entrante, Cristian Bortolotto y Marcelo Calvet, firmaron una carta de entendimiento con el entonces ministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Alak, por la cual la Nación se comprometía a realizar cuatro obras compensatorias para la ciudad. De ellas, tres fueron resueltas o están proceso de resolución por distintos gobiernos provinciales.
La que queda, la urbanización de la ruta nacional Nº 11 y la construcción de una rotonda en la intersección con la ruta provincial Nº 64, que es sobre la cual está la cárcel federal, sigue trabada. Según contaron fuentes municipales a este medio, se propuso que aunque sea el personal de Vialidad Nacional realice el proyecto ejecutivo y luego el financiamiento lo aporte la provincia. Sin novedades, hasta ahora.
También hay reclamos corondinos para que la Nación invierta en obras vinculadas directamente a la cárcel federal: iluminación, cámaras de seguridad, lectores de patentes, personal de seguridad para los alrededores y tratamiento de residuos. “No hay plata”, es la respuesta oficial.
Finalmente, hay un punto central en la discordia. En aquella carta de entendimiento, la Nación asumía un compromiso: “Tal como lo viene desarrollando el Servicio Penitenciario Federal en las distintas provincias donde se instalan cárceles federales, realizará el reclutamiento del personal a ingresar a dicha institución en la zona de realización de la obra”.
Ese fue el argumento principal que llevó a Coronda a ofrecer su jurisdicción para construir la unidad penitenciaria. En el municipio entienden que el personal uniformado no será de la ciudad, porque va rotando por todo el país, pero pretenden que médicos, enfermeros, profesionales de la salud en general, docentes y administrativos sí sean locales. Hasta ahora, ese reclamo tampoco fue atendido.