El diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, denunciante en la causa por el robo a Gabriela Michetti, se presentará esta semana ante el juez Ariel Lijo para pedirle que investigue la conexión de la vicepresidenta con el banco fantasma, casa de cambio y financiera reconocida por maniobras irregulares con divisas, que resultó ser aportante de la Fundación SUMA.
Como reveló este viernes Letra P, en el listado de aportantes a la Fundación que la propia vicepresidenta entregó al juzgado del juez Lijo, figura Transacciones Crediticias S.A., una sociedad de la firma Transcambio, que pagó $80.000 por el cubierto de la cena recaudatoria de fondos que se realizó el 1 diciembre de 2015. Transcambio es una financiera con escándalos de magnitudes en maniobras con dinero negro. Las cabezas de la firma, Sergio Fares y Gerardo Alfredo Irigoin, están investigados por asociación ilícita, presunto lavado de activos y fuga de capitales.
"Esto viene a ratificar que el conjunto de aportantes, sponsors y auspiciantes que tiene Suma en general tienen muchos aspectos reprochables en términos de transparencia", dijo Tailhade en diálogo con Letra P. En un escrito presentado ante el juez Lijo el diputado apuntó contra las empresas aportantes de la Fundación que se beneficiaron con millonarios contratos de obra pública otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Es una modalidad de corrupción que involucra a empresarios concesionarios de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del macrismo y sus fundaciones, creadas a tal fin", aseguró Tailhade.
Entre esas empresas figuraba el grupo Farallon, presidida por Eduardo “el Negro” Gutiérrez, que, además de los vínculos con SUMA, saltó a la fama por estar vinculado a la vivienda que el ex secretario de Obras Públicas José López utilizó en el Delta. "Detectamos un circuito que arranca con el Gobierno de la Ciudad, cuando Michetti era vicejefa de Gobierno, que le otorgaba obras públicas a las empresas que luego aportaban a su fundación", explicó el diputado, denunciante en la causa junto a su compañero de bancada Juan Cabandié.
Tailhade reveló, además, que "hasta ahora ningún aportante de la Fundación presentó un solo recibo", que pueda explicar la donación, al tiempo que "hay algunos testimonios muy forzados". "La misma vicepresidenta hizo la denuncia por el robo pero hasta hoy es plata que no puede justificar. No aportaron ni un papel. La Fundación era un desastre en términos de documentación y libros contables. Está claro que SUMA era una pantalla para recaudar plata para la actividad política", agregó.
En los próximos días el juez Lijo podría llamar a declarar a los ministros Hernán Lombardi y Rogelio Frigerio, el embajador Guillermo Montenegro y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, entre otros. Luego definirá si llama a Michetti a declaración indagatoria.
A mediados de agosto, la vicepresidenta quedó imputada en la causa por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, quien consideró que el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le sustrajeron de su casa el 22 de noviembre de 2015 - la noche que Mauricio Macri ganó el ballotage - podía configurar un “delito de acción pública”. El fiscal acogió favorablemente la denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, a la que se sumaron Tailhade y Cabandié..