COPARTICIPACIÓN

Episodio II: Larreta va otra vez a la Corte

En el gabinete porteño hay dos posturas: esperar la reglamentación de la ley que deja el índice en 1,4% o avanzar con urgencia. Los detalles y los argumentos.

Horacio Rodríguez Larreta pule una nueva presentación ante la Corte para batallar con el gobierno de Alberto Fernández por el recorte de la masa de recursos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires. La demanda, que saldrá a la luz en las próximas horas, estará direccionada a declarar "inconstitucional" la ley que fija en $24.500 millones el traspaso de la Policía Federal y se aprobó en el Senado y la Cámara de Diputados.

 

En rigor, como adelantó Letra P, el texto es una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad bajo la cual el gobierno PRO busca enlazar las dos podas que autorizó la Casa Rosada: el decreto simple que Fernández firmó en diciembre y llevó la coparticipación de 3,5% a 2,32%  y la ley de traspaso de las fuerzas de seguridad, que barre con el acuerdo de 2016 entre Rodríguez Larreta y el entonces presidente Mauricio Macri, porque propone otro cálculo para estimar los fondos anuales necesarios para costear ese servicio. En términos técnicos, es una nueva demanda, pero es parte de la misma película y arco narrativo que el larretismo sostiene para explicar su pelea con la Casa Rosada por lo que señala como un ataque hacia la "autonomía" de la Ciudad.

 

Ante el primer recorte, la reacción fue elevar dos escritos a la Corte: un amparo para frenar el drenaje y la presentación de fondo para pedir que el decreto del Presidente sea declarado inconstitucional. Ahora, el camino es el mismo, pero el tiempo corre porque el oficialismo PRO estima que por día pierde $150 millones. En la presentación trabajan el procurador general porteño, Gabriel Astarloa; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; y el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro.

 

"Tenemos un solo tiro", grafican en la Jefatura de Gobierno, en Parque Patricios. En el gabinete porteño hay dos posturas: esperar la reglamentación de la ley que deja el índice en 1,4% o avanzar con urgencia. El vicejefe Santilli pidió "reaccionar" y presentar la demanda con urgencia como un gesto político de confrontación con el gobierno de los Fernández, pero Rodríguez Larreta aún no definió. Este grupo de funcionarios mantuvo reuniones durante toda la semana para pulir el expediente. La redacción del texto está prácticamente cerrada. Solo resta el OK del jefe de Gobierno.

 

"La Corte ha subrayado que el federalismo es de concertación", se entusiasman en Parque Patricios. La nueva demanda pedirá declarar inconstitucional la ley aprobada en forma definitiva por el Senado la semana pasada y el argumento que esgrimirá el larretismo es que en ambos casos hubo una "violación al federalismo y al Artículo 75 inciso 2 de la Constitución". Ese artículo es el que establece el espíritu del régimen de coparticipación y que las transferencias de Nación a las provincias deben hacerse con sus respectivos recursos.

 

Es la economía

Por otra parte, hay un argumento económico: como en la anterior demanda, el gobierno porteño insistirá en que, debido al recorte de la coparticipación, no le alcanzarán los fondos para mantener el funcionamiento actual de los servicios de seguridad que brinda la Policía de la Ciudad. El propio Rodríguez Larreta encaró a la Corte y pidió una respuesta ante la primera demanda que elevó. "Necesitamos que la Corte resuelva cuanto antes y que se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró. Hoy es la Ciudad pero mañana puede ser cualquier otra provincia", lanzó durante la conferencia de prensa en la que anunció la nueva demanda como respuesta a la aprobación de la ley.

 

El recorte de la Casa Rosada, que llevó la coparticipación de 3,5% a 2,32%, y la ley que fija en un monto específico la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad representan, según fuentes porteñas, una merma de $65 mil millones para 2021.

 

Rodrigo De Loredo, jefe del bloque UCR en Diputados. 
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

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