19|11|2021

Envases: las empresas agitan los cucos de la inflación y la caja política

19 de noviembre de 2021

19 de noviembre de 2021

Scrum patronal contra el proyecto. Avisan que la nueva tasa irá a precios y alertan sobre el manejo de lo recaudado. Diputados lo aprobaría antes del 10-D.

Las cámaras empresarias activaron un rechazo coral al proyecto de ley de envases, que busca fijar una tasa a los recipientes para financiar y formalizar las tareas de reciclado que realizan quienes trabajan en la economía popular. Como anticipó en julio Letra P, las distintas entidades seguían con atención el tema desde antes de la formalización del proyecto, pero la aprobación en las comisiones de Presupuesto y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aceleró los tiempos y el tema llegó a las tapas de los diarios con el más sensible de los argumentos: el impacto en el bolsillo de un costo adicional que se trasladará a precios.

 

El foco de las críticas al proyecto, presentado dos días después de la sanción de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, se centra en la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep). Se trata de un recargo que debe pagar la empresa que ponga el producto en la góndola y que, según el proyecto, será fijada por el Ministerio de Ambiente y no puede superar el 3% del precio mayorista del producto envasado. Esa tasa, que deberán pagar las empresas que no presenten a la autoridad de aplicación un plan de disposición de residuos propio, financiará el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager). Según el proyecto, el Fondo redundará en empleo formalizado para trabajadores y trabajadoras del reciclado, vía cooperativas.

 

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación en su reunión de junta directiva de este martes. La entidad que preside Daniel Funes de Rioja criticó "la falta de representación sectorial en la norma, la ausencia de un abordaje que permita construir una economía circular más integrada como propone el sector industrial y la creación de nuevas imposiciones tributarias que afectan a la actividad industrial". La central fabril advirtió que la tasa en cuestión se trasladará a los precios que paga el consumidor.

 

Lo mismo indicó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), también presidida por Funes de Rioja. En un informe que distribuyó este jueves, sostuvo que se trata de un impuesto y no de una tasa, porque "no se verifica" una conexión entre el pago y la contraprestación. Agregó que, en vez de tasa, debería haber "aportes" empresarios, "en función a las toneladas puestas en el mercado según el material", para considerar las tecnologías empleadas. Y que ese aporte debería medirse en función del costo del envase y no del producto envasado.

 

Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, calificó de "anacrónica" a la propuesta, respaldada por el Gobierno y los movimientos sociales y presentada por el diputado Máximo Kirchner. "Genera mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa", indicó. Con vehemencia, consideró que, "lo que es peor", la administración de lo recaudado por la tasa "recae en un fidecomiso administrado por el Estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal".

 

Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos que impulsa la iniciativa, replicó a Amcham vía Twitter: "Grave sería si las corporaciones responsables de la crisis socioambiental estuvieran contentas con las leyes que limitan sus prácticas contaminantes".

 

Las tres cámaras nucleadas en la Industria de Higiene Personal, del Hogar, Aerosoles y Afines se manifestaron a favor de una normativa de Envases: "Una ley que realmente promueva la economía circular y que asegure revalorizar los envases a través de un sistema de gestión con participación activa de todos los actores de la cadena de valor, fijando metas progresivas alcanzables y razonables, para garantizar que la ley responde en forma eficiente a la problemática ambiental". "Estamos a favor de formalizar el trabajo genuino de toda la cadena de valor y promover también a partir de la ley, nuevas fuentes de trabajo que desde sus inicios cumplan con esta premisa, la formalidad", añadieron.

 

El lobby empresarial, en general, coincide en la necesidad de una legislación que promueva la circularidad, pero critica distintos puntos de la iniciativa. Para Copal, el texto "no fomenta la circularidad" y debería establecer "metas a nivel nacional y la obligación de los productores a cumplirla". También, "estímulos reales y diferenciadores para la utilización de material reciclado". La gestión del Fideicomiso, insistió, "debería ser público-privada". Las empresas quieren tener control sobre el destino de los fondos.

 

El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, defendió la iniciativa ante las críticas empresarias. "Plantean que debe ser una decisión individual, un compromiso de cada empresa. Nosotros decimos que hay que actuar. Se importan 800 millones de toneladas por año de plástico. Y se supone que es gratis, pero alguien lo está pagando", sostuvo en Radio Con Vos. "La ley permite que las empresas realicen sus sistemas de gestión aprobados por el Ministerio de Ambiente de modo particular o en su defecto que abonen la tasa”, repitió en Infobae.

 

El Gobierno espera acelerar con la norma antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, en la primera semana del mes próximo. Fuentes del sector privado que siguen el proyecto auguran que Diputados dará media sanción al texto antes de esa fecha, pero que el Senado no llegará a votarlo. La oposición ya avisó que no convalidará leyes que sumen mayor carga impositiva.