24|11|2021

Declaran inconstitucional la ley que da superpoderes a la justicia porteña

24 de noviembre de 2021

24 de noviembre de 2021

La Cámara Civil de Apelaciones se pronunció contra la norma que habilita al Tribunal Superior de la Ciudad a revisar sentencias de la órbita nacional.

 

La batalla por el control judicial de los fallos que involucran territorialmente a la Ciudad de Buenos Aires se volvió a recalentar este miércoles con un fallo de alto voltaje adoptado por la sala J de la Cámara Civil de Apelaciones que consideró que la ley aprobada en septiembre por la Legislatura porteña, que buscaba convertir al Tribunal Superior de Justicia local en un tribunal de alzada "constituye una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional".

 

Si bien, la resolución de la cámara no le pone punto final al tema, complica los planes del oficialismo capitalino y del alcalde Horacio Rodríguez Larreta para colocar a los tribunales porteños como último eslabón de apelaciones por encima, incluso, de la Corte Suprema de Justicia. 

 

La polémica gira en torno a la Ley N°6452 promulgada el 25 de octubre pasado, que adjudica "atribuciones que la propia Constitución de la Ciudad no reconoce a la Legislatura local y que avanzan sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación", señaló el fallo firmado por las camaristas Gabriela Scolarici y Beatriz Verón y el camarista Maximiliano Caia.

 

"Lo legislado no solo es contrario a toda lógica jurídica, sino que, además, constituye una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional, desde cualquier punto de vista donde se lo analice y estudie, pues vulnera el principio de jerarquía normativa cuando, como es sabido, el Poder Legislativo (federal) es aquel que tiene a su cargo la sanción de las normas", dice el dictamen.

 

La referencia sobre los ámbitos de competencia federales o provinciales había sido uno de los argumentos centrales en el rechazo generado en el mundo del derecho laboral, dado que el artículo 116 de la Constitución Nacional no considera a la Ciudad como una provincia y el campo de acción de la justicia local queda limitado a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.

 

La aprobación de la ley, que incluyó cambios de último momento en el recinto legislativo, causó revuelo en el mundo del derecho y provocó la reacción del ámbito letrado laboralista vinculado a los sindicatos, que interpretaron que detrás de la modificación existe la intención del gobierno de Larreta de derivar las demandas laborales hacia el TSJ. 

 

"La intención del gobierno porteño es, no solo poner en duda los derechos laborales, sino avanzar para controlar también la decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida", cuestionó semanas atrás la Asociación de Abogados Laboralistas que conduce Cynthia Benzion.

 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ya había condenado, tras la sanción de la norma, el “avasallamiento a la justicia nacional por parte de la Legislatura porteña pretendiendo vulnerar las competencias de la Constitución Nacional”.