BUENOS AIRES

Cómo es el mecanismo de juicio político bonaerense para desplazar a Conte Grand

Qué dice el artículo 60 de la Constitución provincial. Evalúan pedidos de destitución. Dos tercios de Diputados necesarios. La foto del procurador con Macri.

La foto del Procurador General de la provincia de Buenos Aires Julio Marcelo Conte Grand -nombrado en el cargo por la exgobernadora María Eugenia Vidal- junto al expresidente Mauricio Macri se transformó en uno de los datos políticos de la semana y generó todo tipo de lecturas y especulaciones. La cercanía del jefe de los fiscales de la provincia el exmandatario fue cuestionada por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, al tiempo que en la Cámara de Diputados bonaerense ya se analizan pedidos de juicio político contra el titular del Ministerio Público Fiscal, indicaron fuentes legislativas a Letra P.

 

El mecanismo de remoción del Procurador General es una de las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados que están establecidas en el artículo 60 de la Constitución provincial. En el inciso 2 del artículo mencionado se establece que es potestad de la Cámara baja “acusar ante el Senado al Gobernador de la Provincia y sus ministros, al Vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la misma y al Fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo”.

 

Para hacer uso de esta atribución y que el planteo avance en el cuerpo legislativo “deberá preceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que declare que hay lugar a formación de causa”, es decir, la sola denuncia inicia el trámite que luego debe seguir su curso.

 

La carta magna provincial también habilita en el mismo artículo para que “cualquier habitante de la Provincia” tenga “acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación”, aunque se especifica que la ley determinará el procedimiento de estos juicios.

 

Una vez que se deduce la acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, “no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado”, es decir, se deben activar los mecanismos institucionales (juicio político) para su remoción de cargo.

 

La publicación de la polémica foto, en la que se ve a un magistrado jefe provincial con un actor central de la política nacional, puso sobre el tablero -una vez más- las cuestionadas relaciones entre representantes del Poder Judicial con dirigentes políticos, imagen que afecta la objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la magistratura.

 

En un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter, el ministro Alak recordó que Macri es “uno de los máximos referentes de la coalición opositora” y que sobre el exmandatario “pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos”.

 

“Esta reunión genera, además, fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora”, agregó el ministro.

 

“Situaciones de estas características son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población”, completó.

 

Las críticas de Alak se conocieron mientras juraban los nuevos senadores y las nuevas senadoras bonaerenses y tomaba cuerpo una Cámara alta en la que el gobernador Axel Kicillof tendrá más chances de avanzar con proyectos pisados por la oposición, que hacía uso de su mayoría ante la fragilidad legislativa del oficialismo en los dos primeros años de gobierno.

 

Aunque el acuerdo que debe prestar el Senado a la designación de un nuevo Procurador o Procuradora requiere de mayoría especial (dos tercios de la Cámara), el Ejecutivo bonaerense estaría dispuesto a encarar, después de dos años de tener en suspenso el objetivo, un proceso y las negociaciones necesarias para el desplazamiento de Conte Grand.

 

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