13|1|2022

La task force religiosa ambiental que detonó el plan minero de Arcioni

24 de diciembre de 2021

24 de diciembre de 2021

Presión ecuménica hasta forzar al gobernador a derogar su ley emblema. Denuncia de “compra de voluntades” legislativas y aval a la rebelión popular “pacífica”. 

A fuerza de declaraciones públicas y apoyo a la revuelta popular “pacífica”, autoridades eclesiásticas católicas, metodistas y luteranas de la Patagonia, además de asambleas ambientales, lograron bloquear un nuevo intento del gobernador Mariano Arcioni de imponer su ley de zonificación minera en la provincia de Chubut con el argumento de llevar progreso a la región y generar fuentes empleo; pero -según sus detractores- sin consenso social, sopeso del impacto medioambiental y sospechas de un gran negociado entre líneas.

 

Acorralado por la protesta social y la presión religioso ecologista, Arcioni se vio obligado a derogar su ley emblema seis días después de haberla promulgado en un rápido trámite y tras su aprobación en una sesión sorpresiva de la Legislatura unicameral provincial por 14 votos a favor y 11 en contra, en medio de protestas con incidentes graves y represión policial a las manifestaciones populares. Eso no fue todo: el mandatario accedió esta vez a convocar a un plebiscito provincial para escuchar a “todas las voces”, tal como hace un año le había sugerido que lo hiciera la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.

 

La derogación de la norma en forma unánime por parte de la Legislatura provincial trajo alivio en las filas de la coalición ad hoc de personas con liderazgo en los credos y gente de a pie que se resiste a la megaminería, pero advirtieron que no hay nada para festejar. “Es apenas un paso. No hay que descuidarse, la lucha continúa. La próxima etapa es movilizar las bases para la consulta popular para que el NO a la mina sea contundente”, dijo a Letra P una pastora evangélica y militante de la causa que pidió reserva de su nombre.

 

La alianza religiosa ambiental fundamentó su oposición al proyecto de rezonificación para habilitar por ley la explotación minera a gran escala en la Meseta Central del Chubut, en la encíclica Laudato si’ del papa Francisco, considera la “biblia verde” del pontífice argentino por su predica a favor del cuidado del planeta como casa común y de la preservación del agua potable como bien esencial escaso; un texto que ha encontrado gran consenso mundial tanto entre las religiones como en la marea ecologista.

 

Aparentemente solo en su cruzada, Arcioni cuenta, sin embargo, con el acompañamiento incondicional del Consejo Federal de Minería (Cofemin), que este martes reiteró el apoyo a la Zonificación Minera de los departamentos de Gastre y Telsen recordando que se trata de una actividad de diversificación productiva “lícita”. La nueva zonificación suponía llevar adelante el Proyecto Navidad, un yacimiento de plata de importancia mundial, que implicaría una inversión superior a los 1.000 millones de dólares y la eventual creación de miles de puestos de empleo y de una red de proveedores locales.

 

Paralelamente, el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, conformó un equipo especial para avanzar en una investigación a fin de identificar a los responsables de los daños en edificios públicos, la redacción del diario El Chubut y comercios, además de a quienes instigaron la rebelión popular; y también establecer si hubo “compra de voluntades" entre las diputadas y los diputados de la unicameral que aprobaron la ley de Arcioni y determinar por qué no trataron la iniciativa popular que se oponía al plan minero del mandatario provincial.

 

En la mira del funcionario judicial tampoco quedaron al margen las autoridades de las iglesias cristianas que, apenas sancionada la ley a favor de la megaminería a cielo abierto en Chubut, salieron a advertir sobre las consecuencias de una norma que consideraban no sustentable, antipopular e inconsulta. Los primeros fueron los obispos de la región Patagonia Comahue que titularon “A la violencia institucional, resistencia pacífica” su pronunciamiento, en el que también apoyaban las protestas evitando que "el lógico enojo comprometa el patrimonio" y reclamaban derogar la ley para alcanzar la paz social en la provincia, como finalmente sucedió.

 

A ninguno de los prelados le tembló el pulso a la hora de firmar la declaración: Joaquín Gimeno Lahoz (Comodoro Rivadavia), Esteban Laxague (Viedma), Alejandro Benna (Alto Valle), Juan Chaparro (Bariloche), Fernando Croxatto (Neuquén), Jorge García Cuerva (Río Gallegos), José Slaby (Esquel) y Roberto Álvarez (auxiliar de Comodoro Rivadavia) estamparon su rúbrica. Al día siguiente, adhirieron a esa proclama la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), mesa política y laical del episcopado; el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que además recordó que la minería trae "ultraje y despojo" a los pueblos originarios; la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (Confar) y las Casas Salesianas del Chubut.

 

No menos ruido hizo en esferas políticas provinciales la declaración pública firmada por el pastor Américo Jara Reyes, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina; la pastora Wilma Rommel, presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, y Mariana Beux y Maximiliano Heusser, a cargo de las Superintendencias Metodistas de la Patagonia. En ese texto, condenaron las dos décadas de “embestida” prominería en Chubut y también la violencia, pero señalando “que la madre de las violencias, como decía el arzobispo de Brasil, Élder Cámara, es la violencia opresiva que ejercen los poderosos sobre el pueblo”.

 

La política megaminera de Arcioni también fue cuestionada en un documento suscripto por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gremio docente CTERA, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Masristella Svampa y Rita Segato.