30|6|2022

Acuerdo o default: en marzo, Argentina dejará de pagarle al Fondo

06 de diciembre de 2021

06 de diciembre de 2021

Un vencimiento que es un escollo insalvable. Del optimismo a la inquietud por la falta de señales. Fondos frescos y apuesta para surtir de dólares al Central.

Ya no es una posibilidad ni un análisis que surge del muy acotado nivel de las reservas del Banco Central. Ya es una decisión: el Gobierno dejará de pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo, haya o no, para entonces, un acuerdo para refinanciar la deuda tomada en 2018 por Mauricio Macri.

 

La Casa Rosada no apuesta a un default. De hecho, cree que habrá acuerdo y, para apurarlo, el fin de semana envió a Washington una delegación de técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central. De esas negociaciones complejas dependen las metas plurianuales sobre las variables clave que Alberto Fernández prometió elevar al Congreso.

 

Más allá de eventuales desacuerdos que puedan surgir cuando se conozcan las condiciones del Fondo –sugeridos en la última carta de Cristina Kirchner–, la refinanciación de esa deuda es una decisión del Frente de Todos en pleno, tanto del presidente como de la vice y de Sergio Massa.

 

Sin embargo, crece la expectativa, si no de un acuerdo cerrado, al menos de una declaración del staff que dé cuenta de su proximidad, señal que, según registra el Gobierno se demora.

 

Hasta ahora, el Gobierno siguió pagando los vencimientos a la espera del final exitoso de esas gestiones, pero el peso de los pagos comprometidos por la administración anterior hace imposible la continuidad de esa política en caso de que no se alcance pronto un entendimiento. En efecto, el mes que viene hay que pagar 730 millones de dólares, en febrero 370 millones y en marzo, imposibles 2.870 millones. Esta última cifra es la línea roja que se trazaron las autoridades, según supo Letra P. Si no hubiera entendimiento para entonces, el país entraría en default con el FMI o, lo que es lo mismo, con la comunidad internacional.

 

Seguir pagando solo dejaría totalmente exhaustas las reservas del Banco Central y precipitaría una devaluación del tipo de cambio oficial, lo que abortaría el rebote económico, agravaría la pobreza y comprometería la gobernabilidad, según se evalúa.

 

Es más, el Gobierno espera que el Fondo dé el visto bueno a incluir, en un eventual programa de Facilidades Extendidas que llevaría el plazo de repago a diez años, el envío de dinero fresco equivalente a los pagos realizados en los últimos meses, justamente, para reforzar las reservas del Central. Esos pagos fueron realizados con los 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), la moneda del organismo, que llegaron en agosto en concepto de ayuda extraordinaria a los países miembros para paliar los efectos de la pandemia.

 

La cuenta de los reembolsos para no caer en cesación de pagos mientras se negocia es elevada: en concepto de intereses, 334 millones de dólares en agosto y 390 millones el mes pasado; como capital, 1.880 millones en septiembre y 1.880 millones este mes. En total, 4.484 millones de dólares, algo más que los DEG recibidos.

 

Con esos pagos, el capital adeudado cayó a algo más de 40.000 millones de dólares y la intención es que la refinanciación incluya fondos frescos que restablezcan el monto de 44.000 millones.

 

Sin embargo, el Gobierno pretende que el país –tanto bajo la actual administración como en la próxima– no afronte vencimientos por cuatro años y medio, de modo de que no se ahoguen las perspectiva de crecimiento.

 

Como se dijo, el objetivo es arreglar, porque se sabe que de eso depende la restauración del crédito, en primer lugar comercial y en segundo término financiero, para las empresas. Eso también implicaría un ingreso futuro de dólares. Asimismo, se aguarda que se aceite la llegada de fondos de otros organismos multilaterales, el anuncio de inversiones –en especial, en la minería, en proyecto vinculados a la explotación de litio y cobre–, el ingreso de divisas por turismo receptivo y, sobre todo, dólares por exportaciones –de trigo desde este mes y de soja desde fines de marzo– para que la autoridad monetaria vuelva a acopiar reservas y pueda hacer frente al temporal cambiario.