27|12|2021

Reclaman por recursos estatales en riesgo para la producción cultural

06 de diciembre de 2021

06 de diciembre de 2021

Piden la sanción de una ley que revierte otra, de 2017, que pone en peligro fondos específicos para el fomento de múltiples actividades. Resistencia de JxC.

La incertidumbre por la suerte de un proyecto de ley que exige la revisión de la ley 27.432, sancionada en diciembre de 2017 durante el gobierno de Cambiemos, genera preocupación en ámbitos culturales receptores de recursos estatales.

 

La norma que la iniciativa cuestiona acompañó, sin repercusión mediática, la reforma previsional sancionada a fines de año y elimina asignaciones específicas para distintas entidades estatales y mecanismos de fomento del sector cultural y de la producción audiovisual.

 

El artículo 4 de la norma a revisar pone al último día de 2022 como tope para la vigencia de las asignaciones específicas incluidas en gravámenes de distintas leyes previas. Entre ellas, el impuesto a los juegos de sorteo y concursos deportivos de una ley de 1986, del que se destina un porcentaje al Fondo Especial para las Bibliotecas Populares. Se agrega un gravamen a las entradas de cine que contribuye con el Fondo de Fomento Cinematográfico y se afectan, también, las exigencias impositivas establecidas por la ley audiovisual. Con ellas, se garantizan recursos directos para el fondo de fomento a los medios comunitarios, la Defensoría del Público, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Música, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), los medios públicos y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

 

 

 

El proyecto de ley del diputado cordobés del Frente de Todos Pablo Carro establece una prórroga por 50 años de las asignaciones específicas contempladas en esos tres incisos de la ley de 2017. La iniciativa logró dictamen favorable el pasado 19 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con las firmas de legisladores del Frente de Todos y un diputado del PJ de Córdoba.

 

Allí, Carro remarcó que lo que se perdería en 2022 es el envío directo de los recursos, pero no dejarían de cobrarse los impuestos. “Proponemos que no se queden sin asignación específica lo que consideramos las industrias culturales en un sentido amplio. Hablamos del cine, la televisión, la radio, la música, el teatro y las bibliotecas populares”, expresó el legislador.

 

Desde el bloque de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina rechazó el dictamen de mayoría. “Los impuestos de asignación específica deberían ser excepcionales y transitorios a situaciones puntuales y no impuestos permanentes sin ningún tipo de control y, menos, prorrogados por 50 años”, afirmó el diputado santafesino del PRO durante la reunión de comisión. Así, la disputa reside en la derivación automática de recursos que garanticen el financiamiento directo de proyectos e instituciones vinculados a la comunicación y la cultura. El proyecto está en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados.

 

Entre los fundamentos de la modificación impulsada por Carro se señala que se trata de “cuentas que tienen una incidencia relativa muy menor sobre las ecuaciones de la política económica nacional pero que resultan extremadamente sensibles para un sector como el audiovisual”. El texto fue respaldado por la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo y por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social.

 

En un comunicado conjunto del mes pasado, expresaron: “Resulta imperioso sostener una política de Estado de fomento que ha resultado fundamental para la producción y circulación de la cultura y el entretenimiento de origen nacional”. La iniciativa también recibió el apoyo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas.

 

La Multisectorial Audiovisual, espacio que reúne a sindicatos y asociaciones de la industria del sector, pidió la derogación de los incisos cuestionados. “Para que el INCAA conserve su autarquía y que su propio presupuesto anual no sea arbitrariamente asignado por otros organismos del Estado”, expresa un punto de las conclusiones de su Congreso Nacional celebrado en septiembre pasado.

 

La Defensoría del Público también advirtió sobre la necesidad de revisar la norma de 2017. En diálogo con el Informativo FARCO, su titular, Miriam Lewin, expresó: “Si se eliminan estas asignaciones se va a afectar gravemente el sostenimiento de cientos de proyectos de comunicación comunitaria y la existencia de los medios comunitarios es vital para la democracia y para una comunicación con perspectiva de derechos humanos”.

 

El reclamo de un grupo de organizaciones iluminó tres incisos perdidos en una ley sancionada a la sombra de la reforma previsional de 2017. Un proyecto de ley tomó la preocupación y espera tratamiento. Lo que está en juego son las asignaciones directas para el financiamiento de instituciones y de fondos para la producción cultural y audiovisual. La próxima renovación en el Congreso puede traer novedades, o no.