30|11|2021

Sólo 28 de las 72 bancas en el Senado están ocupadas por mujeres, mientras que en Diputados son 109 de las 257. La brecha en los otros poderes es más amplia.

Las democracias modernas en las que vivimos se construyeron sobre un pilar fundante hasta hoy inamovible: la división sexual del trabajo que asignó a los varones las actividades en el espacio público, el trabajo productivo y las responsabilidades ciudadanas, mientras que a las mujeres le otorgó las tareas del espacio privado, las responsabilidades domésticas y los trabajos de cuidado.

 

Aun con los enormes avances en derechos para las mujeres y disidencias -producto de las luchas históricas que llevamos adelante las feministas de todos los tiempos-, la división sexual del trabajo se mantiene. Según datos del INDEC, en nuestro país el 72% del total de personas que realizan tareas domésticas son mujeres, mientras que sólo el 28% son varones. Además, casi la totalidad (98,6%) de las personas que realizan tareas de servicio doméstico de forma remunerada son mujeres. Estos datos permiten visibilizar el contexto de desigualdad económica marcado por la feminización de las tareas de cuidado y de la precarización laboral. Además de las obvias consecuencias económicas y sociales, esta composición del mercado de trabajo tiene relación directa con la imposibilidad de las mujeres de participar en el espacio público en igualdad de condiciones con los varones.

 

La denuncia de una organización social injusta, que discrimina y subordina a las mujeres lleva siglos. En 1791, la escritora y política francesa Olimpia De Gouges en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana reclamaba: “Hombre....¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo?. De Gouge, junto a Mary Wollstonecraft, fueron las primeras voces feministas que se alzaron frente al injusto y desigual orden social moderno, que privó a las mujeres del acceso a la educación y del goce de los derechos civiles de las nacientes democracias.  

 

Esta exclusión sistemática que hemos padecido, y aún padecemos, las mujeres de los ámbitos reales del poder plantea uno de los desafíos cruciales para nuestras democracias. El déficit democrático que representa la infrarrepresentación de las mujeres sólo puede superarse introduciendo obligaciones legales para producir la igualdad que algunos sectores de la sociedad resisten, y que aseguren la representación de nuestras voces, nuestros intereses y nuestras perspectivas. Una representación paritaria que permita superar la histórica cultura política profundamente sesgada por el sistema sexo-género.

 

Conquistas y pendientes para el feminismo argentino

Nuestro país fue pionero en incorporar en 1991 la ley de cupo femenino en la Legislatura nacional, que estableció un piso del 30% de mujeres en lugares expectables en las listas. Pero el cupo mostró muy pronto que ese 30% de bancas femeninas se transformó en un techo y no en el piso de representación que intentó ser. En 2021, después de casi 30 años de aplicación del cupo, y aún con la aplicación de la ley de paridad que rige a nivel nacional desde 2019, sólo 28 de las 72 bancas en el Senado están ocupadas por mujeres (38,9%) mientras que en la Cámara de Diputados son 109 de las 257 (42,4%). Además, las legisladoras todavía somos minoría en las presidencias de los bloques y comisiones que deciden sobre temas económicos o institucionales, como las de Presupuesto o Asuntos Constitucionales.

 

La ley tampoco derramó como se esperaba a los otros poderes del Estado, donde la brecha de participación entre varones y mujeres es aún mucho más amplia: de los 20 ministerios del gabinete nacional, sólo 3 son encabezados por mujeres; únicamente el 12,25% de las intendencias del país están a cargo de mujeres; y solo en 2 de las 24 provincias tienen gobernadoras.

 

Para superar los obstáculos sociales que nos impiden a las mujeres acceder a los espacios de decisión, las feministas venimos impulsando desde hace décadas acciones para lograr una verdadera democracia paritaria. Lejos de ser una imposición violenta, como se escucho decir a un candidato por estos días, las leyes de paridad son un instrumento clave para conquistar la igualdad de género en todos los espacios de representación políticos y sociales y erradicar la histórica discriminación estructural de las mujeres. La paridad representativa es el primer escalón para lograr la igualdad sustantiva es decir la igualdad que garantice el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.

 

En 2017 logramos la aprobación de la ley de paridad en la legislatura nacional. Al calor de la lucha por la paridad en el ámbito nacional, impulsamos leyes de paridad en las legislaturas provinciales, tomando como ejemplo a las provincias de Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero que ya contaban con paridad. Para monitorear el cumplimiento de las ley de paridad e impulsar su sanción en las provincias que aún no las tenían, mujeres comprometidas con la igualdad formamos Ojo Paritario, un espacio plural y transversal integrado por referentas de diversos partidos políticos, sectores académicos, profesionales y organizaciones de la sociedad civil que cuenta con el con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Argentina.

 

Desde ese espacio hemos impulsado, junto a militantes políticas de todo el país, las leyes de paridad provinciales. Durante 2020, la pandemia no detuvo a la ola paritaria y siete legislaturas provinciales sancionaron leyes de paridad. Hoy solo quedan tres provincias sin paridad para los cargos legislativos provinciales: Tierra del Fuego, Corrientes y Tucumán.

 


#FeministasEnLasListas

Este año se aplica por segunda vez la ley de paridad nacional y es la primera vez que se aplica en muchas de las elecciones provinciales. Según el relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de CABA junto con ADPRA, el cumplimiento de las leyes de paridad para las elecciones primarias es casi del 100%, pero la cantidad de mujeres cabeza de listas, es de solo el 26,5% en las precandidaturas al Senado y de el 33,3% en la Cámara de Diputados. Estos porcentajes implican no solo que no habrá paridad en la composición de las y los legisladores que asuman en diciembre, sino que incluso es posible que la brecha de género aumente en las próximas composiciones parlamentarias.

 

La bajísima participación de mujeres cabeza de lista provoca también una  casi ausencia de la agenda de género en las propuestas electorales. Una agenda que sí está presente en los medios de comunicación y que demuestra una cargada lista de asignaturas pendientes, como el conteo de un femicidio cada 30 horas en nuestro país, el   incremento de la carga de tareas domésticas para las mujeres como consecuencia de  la pandemia, el aumento de la desocupación femenina con niveles de retroceso a dos décadas atrás, o el incumplimiento de la Ley ILE promovida por los grupos antiderechos.

 

El déficit democrático que significa la infrarrepresentación de las mujeres solo podrá superarse si somos capaces como sociedad de reconocer que  varones y mujeres no ocupamos posiciones simétricas, que estamos diferentemente situadas y situados frente a numerosas y diversas circunstancias económicas, políticas y sociales; y que es posible erradicar ese orden jerárquico y desigual con la participación equilibrada de mujeres y varones en todos los espacios de decisión de nuestra sociedad. Garantizar la representación de las voces, intereses y perspectivas de las mujeres es  una condición indispensable para la efectiva vigencia de nuestros derechos y es una herramienta fundamental para erradicar las violencias machistas.  

 

El desafío es la construcción de una verdadera democracia paritaria. Como toda transformación estructural y profunda que implique la erradicación de privilegios y la ampliación de derechos, las resistencias son enormes, pero el desafío vale la pena.

 

Con el mismo objetivo simbólico de escarmiento, y salvando la enorme distancia entre ambos hechos, Olimpia De Gouges fue condenada a la guillotina por exigir los derechos a la ciudadanía para las mujeres, mientras que las diputadas que en 1991 pelearon por la ley de cupo no integraron nunca más un lugar expectable en una lista electoral. Del mismo modo, en estas elecciones —aún con la ley de paridad nacional—, la resistencia a la inclusión femenina y a la lucha impulsada por el movimiento feminista se expresa en las escasas mujeres cabezas de listas y en la ausencia de candidatas feministas que lideraron en 2018 y 2020 la enorme marea verde que tiró abajo uno de los bastiones mas firmes del patriarcado: la criminalización del aborto.

 

No desconocemos los obstáculos, pero hoy el grito feminista por la igualdad es tan fuerte que tenemos la convicción de que, mas temprano que tarde, con nuestro trabajo, con militancia, con sororidad, las mujeres conquistaremos la democracia paritaria. Con la aplicación de la ley de cupo, tuvimos que esperar hasta 1999 para sobrepasar el número de diputadas electas en 1955, bancas conquistadas al calor de la aprobación en 1951 del voto femenino. Como dijera Julieta Lanteri, una de las pioneras de la lucha por el sufragio universal: “Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Éstos no se mendigan, se conquistan”.

 

* Esta nota fue realizada en el marco de la cobertura conjunta entre Letra P y Ojo Paritario sobre las elecciones 2021 en Argentina, con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert (FES).