28|4|2022

Un negocio de U$S 32 mil millones que busca locación definitiva: ¿lejos de MDQ?

15 de enero de 2022

15 de enero de 2022

Kicillof mira con expectativa la exploración offshore que desató críticas y una cruzada judicial. Posibles cambios para descomprimir el “impacto turístico”.

La posibilidad de que en la costa marítima bonaerense se encuentren y exploten yacimientos de hidrocarburos abre un escenario de gran expectativa en el gobierno bonaerense. La actividad podría generar ingresos por 32 mil millones de dólares y 22 mil puestos de trabajo directos solo en su etapa inicial, con un enorme impacto en términos de empleo indirecto e infraestructura en municipios costeros. Así se evalúa en distintos ámbitos de la gestión de Axel Kicillof, donde entusiasma la posibilidad de que Buenos Aires se convierta en una provincia petrolera. En tanto, pese a las protestas ambientalistas y los planteos en la justicia, el gobierno intenta esquivar polémicas: acaso la exploración termine haciéndose más lejos de los destinos turísticos en alerta y la discusión, apagándose.

 

En efecto, en medio de una avanzada legal del intendente marplatense Guillermo Montenegro, que fue a la Justicia para pedir que frene el proyecto, y de las movidas ecologistas que se desplegaron en esa ciudad, en la Provincia hay quienes señalan que las actividades podrían terminar teniendo lugar en otros puntos de la costa bonaerense.

 

Después de un primer momento de impacto por las protestas ambientalistas, de evaluación de postura y análisis del escenario, el gobierno bonaerense salió en línea con la administración nacional a defender la sustentabilidad ambiental de la posible extracción de gas y petróleo frente a las costas.

 

Fue a fines de la semana pasada, a poco de que se conociera la autorización para realizar estudios sísmicos en tres áreas de exploración ubicadas en la Cuenca Argentina Norte (a 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata).

 

Las imágenes de militantes ecologistas empetrolados en las playas marplatenses y de otros puntos de la costa bonaerense, denunciando el inminente desastre ambiental si el proyecto seguía, coparon las noticias y sacudieron la agenda los primeros días de 2022.

 

Si bien es una práctica extendida en la cuenca austral argentina, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde hay 36 pozos activos de gas y petróleo, la posibilidad de que la explotación se traslade al área conocida como la Cuenca Atlántica Norte (CAN) generó una fuerte reacción.

 

El CAN es un área marítima ubicada frente a la costa atlántica bonaerense, desde la altura de Samborombón hasta el sur de Bahía Blanca, que se compone de 14 áreas. El aval ambiental que dio el gobierno a la empresa noruega Equinor en sociedad con YPF fue para realizar estudios de exploración sísmica en tres de ellos: CAN 100, CAN 108 y CAN 114.

 

Solo el CAN 100 -el ubicado frente a Mar del Plata- tiene potencial de generar 200 mil barriles de petróleo diarios. Es una producción similar a la actual de YPF, según una estimación que salió de boca del propio presidente de la compañía, Pablo González. “Se estima que para su desarrollo las inversiones serían de 6 mil millones de dólares, con un impacto muy positivo en la cadena de proveedores locales y en la generación de empleo. En la fase de desarrollo, se podrían generar 22.000 empleos directos. Todo este impacto en un solo proyecto”, detalló el santacruceño González.

 

El denominado “Proyecto Argerich” ya pasó la etapa de estudios de sedimento y con esta autorización del gobierno nacional ahora pasará a la etapa de análisis sísmico, lo que activó las alarmas ambientalistas, y la reacción de Montenegro, que ya fue a la Justicia para que frene los emprendimientos.

 

“Es un oportunista”, le contestaron en la Gobernación. “Si no dijo nada cuando (Juan José) Aranguren licitó el proyecto en 2018, ¿por qué viene a decir algo ahora?”, dijo a Letra P el subsecretario de Energía de Buenos Aires, Gastón Ghioni.

 

Ghioni se convirtió en uno de los voceros de la postura de la administración Kicillof en un debate que, en rigor, involucra mucho más al gobierno nacional, donde se dispararon la mayor cantidad de dardos desde organizaciones ambientalistas y a donde se puso el foco de las críticas por la autorización firmada por el ministerio que conduce Juan Cabandie.

 

El propio Kicillof, que desde su primer día en la gobernación afirmó que quiere convertir a Buenos Aires en una provincia petrolera, subrayó en su primera intervención pública sobre el tema este aspecto. “En primer lugar, quiero aclarar que el proyecto está en territorio nacional, en el Mar Argentino, y no es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, dijo. Y agregó: “No va a afectar la cuestión visual y es prácticamente imposible que haya un derrame. Para la provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para los municipios también”.

 

En el gobierno provincial, que acaba de crear por primera vez en su historia un Ministerio de Ambiente, hablan de potenciales ingresos por más de 32 mil millones de dólares y un horizonte de posibilidades con un enorme impacto sobre los municipios y la infraestructura marítima, vial y portuaria si en la CAN 100 se comienzan a explotar pozos petroleros.

 

Por estos días, mientras la Justicia comienza a analizar el pedido de Montenegro, en la gobernación se mueven con cautela, intentando esquivar el fuego cruzado entre el movimiento ambientalista y el gobierno nacional, que tiene al ministro Matías Kulfas como el principal vocero de batalla. El titular de Producción cargó días atrás contra Greenpeace, a quien acusó de hacer “propaganda” con “argumentos falaces”.

 

Kicillof, dicen los que lo conocen de cerca, es de los que creen que la agenda “verde” no puede subordinar la agenda productiva. Pero esa línea fue “pulida” en los primeros días del año, cuando se terminó de consensuar una postura pública desde la provincia, que tuvo como uno de sus voceros a Augusto Costa.

 

“No hay desarrollo sin cuidado del ambiente, pero tampoco se puede prohibir todo por las dudas. Hay que buscar el equilibrio que garantice el cuidado integral del ambiente para desarrollar la actividad hidrocarburífera como cualquier otra”, dicen en el entorno del gobernador.

 

Por lo pronto, en la gobernación esquivan la confrontación con el intendente marplatense. Especialmente porque hay quienes advierten que la exploración y eventual explotación podría no terminar siendo frente a las costas de esa ciudad, sino en otro punto del área de la cuenca.

 

En los últimos días, por caso, se conoció que YPF presentó el estudio de impacto ambiental para la exploración sísmica en un nuevo bloque de la Cuenca Argentina Norte, el área CAN 102, frente a las costas de la provincia, al límite con aguas de Uruguay, y a la altura de la Bahía de Samborombón. Mucho más al norte que Mar del Plata.

 

Otra de las posibilidades es que la exploración termine siendo en el CAN 114 y no en el CAN 100, es decir, mucho más al sur de Mar del Plata y más cercano a Bahía Blanca, donde hay un desarrollo mucho más importante de la industria petrolera y el “impacto social” podría ser atenuado.

 

“La Cuenca alberga una decena de proyectos como el Argerich. La explotación podría terminar siendo en otro punto del mar, lejos de los destinos más turísticos”, se esperanzan algunos funcionarios en gobernación. “No tiene sentido discutir con los oportunistas que usan políticamente el tema”, lanzan, en referencia a Montenegro.