03|12|2022

"El MPA no hace política con sus investigaciones"

19 de enero de 2022

19 de enero de 2022

Recién llegado de la costa atlántica, el fiscal general de Santa Fe retoma temas que no lograron saldarse en 2021. Conflicto institucional y dardos de Saín.

El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA), Jorge Baclini, empezó a transitar el último tramo de su gestión como jefe de fiscales santafesinos. La costa atlántica y las dunas de arena blanca de Ostende le permitieron desconectarse unos días luego de la alta conflictividad institucional que atravesó la provincia durante 2021, clima caldeado que tiene pocas chances de apaciguarse en los próximos meses. Con el recambio de quincena y ya de vuelta en su oficina, arma agenda para la Junta de Fiscales que se volverá a reunir en febrero y se pone al día con declaraciones y acusaciones de lawfare por parte del exministro de Seguridad Marcelo Sain. En diálogo con Letra P, Baclini sacude arena de las ojotas y enumera tres discusiones que se aproximan: control de fiscales, los fueros de los legisladores y las legisladoras y recursos para el MPA. 

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-Hubo momentos de mucha conflictividad institucional entre la Legislatura, el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿por qué no se resuelve?

 

- Porque hay un conflicto de poderes, hay investigaciones del MPA que han generado rispideces en la Legislatura. Por eso es necesario revisar el proceso de juzgamiento de los fiscales que hoy está en manos de la Legislatura. El procedimiento actual no es el adecuado, incluso consideramos que no es constitucional y es necesario cambiarlo para que los fiscales puedan trabajar con garantías adecuadas, mayor independencia y autonomía en su trabajo. Y después, hay situaciones conflictivas que hacen al intercambio del Ejecutivo y el Legislativo que no son incumbencia nuestra. 

 

- ¿Es discrecional el control de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura?

 

- Las decisiones de los fiscales son sobre conflictos que generan desacuerdos y en muchos casos denuncias que son utilizadas como una presión contra los investigadores. Es materialmente imposible que la Legislatura esté dedicada a resolver todos los casos y pueda llevar adelante el control disciplinario de los todos fiscales.

 

- ¿Quién debería controlar el trabajo de las fiscales y los fiscales?

 

- El control de los fiscales existe desde el día uno en la figura del auditor. Hubo una demora en la designación, pero ahora la tenemos (está a cargo de María Cecilia Vranicich) y es el órgano  adecuado porque es un órgano técnico, que conoce el funcionamiento y el estándar de control que tienen que tener los fiscales. En cambio, cuando el control lo hace un órgano político, analizan el funcionamiento del MPA desde esa perspectiva, que no es la adecuada porque la persecución penal de los delitos es una función jurídica. Sí es cierto que las cabezas directivas del MPA como el fiscal general y los fiscales regionales tienen que tener un control mixto, jurídico y político, porque trazamos las políticas de dirección de funcionamiento del MPA.

 

-Hay sectores del MPA a los que se los critica por hacer política con las investigaciones.   

 

- Las decisiones de persecución penal que se toman dentro del ámbito del Poder Judicial se ciñen estrictamente a lo jurisdiccional. Obviamente que hay decisiones que generan un impacto político, pero el MPA no hace política con sus investigaciones, interpretar eso es totalmente erróneo. 

 

- Esta semana, Sain los acusó de lawfare y de usar los medios para incidir en la opinión pública en la causa por espionaje ilegal. ¿Qué opina al respecto?  

 

-Son cuestiones que quedan en su ámbito. La investigación sigue su curso y no merecen mi atención esas declaraciones.

 

- Hay mucha expectativa sobre esa causa, ¿Cuándo podría tener novedades?

 

- Eso lo manejan los fiscales.

 

- La causa por el juego ilegal tuvo un impacto muy fuerte en la política santafesina, ¿Qué consideración hace de que las condenas al financista de juego ilegal Leonardo Peiti y al exfiscal Gustavo Ponce Asahad fueron con un juicio abreviado?

 

- Los fiscales llegaron al convencimiento de que era la manera más adecuada para resolver el caso. El acuerdo abreviado fue avalado por la Fiscalía regional y por el juez, así que no puedo hablar de sensaciones cuando los fiscales han tomado una decisión que está en el marco de la política criminal que nosotros tenemos.

 

- Esa investigación, y la intención de los fiscales de imputar al senador Armando Traferri, puso en agenda la discusión por la inmunidad de proceso de los y las legisladoras santafesinas. ¿Es una protección excesiva? 

 

- La inmunidad de proceso tiene que ser modificada. Santa Fe tiene que ir a un sistema como el nacional. Las protecciones a los legisladores ya están dadas por la inmunidad de arresto y de opinión, no es necesaria una restricción tan fuerte como la inmunidad de proceso.  

 

- ¿Sólo se podría modificar con una reforma constitucional?

 

- Habría que analizar la normativa en detalle. Lo mejor sería con una reforma integral de la Constitución y adecuar los procedimientos a los estándares nacionales, pero con acuerdo político se podría avanzar.

 

- Es su último año a cargo del MPA, ¿Qué le queda pendiente?

 

- Hemos logrado muchos de los objetivos que nos planteamos, pero el MPA está en pleno desarrollo y queda mucho por hacer. Este no el mismo Ministerio Público que arrancó en 2014 ni el que tomé en 2017. El desafío es consolidar la estructura de recursos humanos, estamos comprando muchísimo instrumental y tenemos que tener más personal que pueda ejecutar y trabajar con esos recursos. Hoy trabajamos con mucho personal que pertenece al Ministerio de Seguridad.

 

- ¿Le escatimaron recursos al MPA? 

 

- No, se hizo una proyección progresiva, con traspasos del viejo sistema penal, pero hoy el MPA tiene otra dimensión. Se fortalecieron áreas con experticias puntuales que antes dependían del esfuerzo individual de un juez de instrucción, hoy se trabaja con mayor profesionalización. Tenemos áreas de persecución de delitos económicos que necesitan entre 15 y 18 contadores para hacer dictámenes contables, áreas de violencia de género que necesitan psicólogos. El MPA hoy cuenta con 700 personas entre fiscales y fiscales adjuntos, funcionarios y hasta personal de maestranza, la provincia de Mendoza, por ejemplo, tiene 1600, Córdoba aún más, no digo que necesitemos esa cantidad, pero sí que hay que pensar en fortalecer el sistema.