13|1|2023

Un país en el que nunca nada queda claro

11 de noviembre de 2022

11 de noviembre de 2022

La ciudadanía está confundida. La agenda informativa involucra cuestiones como el ajuste de las jubilaciones, que no se sabe si suben o bajan, y la evolución de los salarios, que dibujan una trayectoria igual de confusa.

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Por otro lado, se sabe que no hay dólares, pero el Gobierno afirma que están disponibles para la producción, cosa que quienes producen no siempre logran confirmar.

 

Sergio Massa llegó al Palacio de Hacienda para poner en orden en una administración ineficaz debido a una falla congénita del gobierno del Frente de Todos: el loteo horizontal de los cargos, que hace convivir en las mismas reparticiones a funcionarios y funcionarias de tribus muchas veces fatalmente enfrentadas. Sin embargo, Fernando Asencio, uno de sus hombres en el Ministerio de Desarrollo Social, se fue con un portazo y reclamando que Victoria Tolosa Paz deje de “sacarse fotos” mientras “el país se prende fuego”. Un consuelo: la ministra logró desactivar el acampe de los movimientos sociales de izquierda en la 9 de Julio.

 

Finalmente, la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner se llena de sospechas.

 

Todo es confuso, por no hablar de una política insufriblemente contenciosa. Argentina, como decía Miguel Cantilo, es el país en el que “nunca nada queda claro”.

 

“Con este aumento y este refuerzo hemos logrado que las jubilaciones mínimas crezcan en un 107%. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que las jubilaciones le ganan a la inflación”, proclamó, junto a Massa y entre aplausos de un grupo de adultos y adultas mayores presentes, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

 

La aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria resultará en un ajuste del 15,6% a partir de diciembre. Por otra parte, habrá un bono de 10.000 pesos para reforzar la mínima en diciembre, enero y febrero, cifra que se limitará a 7.000 pesos para quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas. En Twitter, el ministro de Economía explica que es todo ese combo lo que redondea el 107% mencionado por Raverta.

 

El otorgamiento de sumas especiales puede ser un acto humanamente hermoso, pero es económicamente capcioso: estas no se incorporan al haber propiamente dicho sino, en tanto graciosa concesión pueden ser literalmente pan para hoy y hambre para mañana. Así, si de porcentajes reales se trata, La Nación afirma que “la suba acumulada en todo 2022 (llega) a 72,5%, lo que indica que se ubicaría 27,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación que, según se estima, cerrará el año con un índice de 100%”.

 

La evolución de los salarios también se presta a presentaciones creativas. El índice que elabora el INDEC arrojó que en septiembre un incremento de 6,7% –0,5 punto porcentual por encima de la inflación del mes–, pero el acumulado interanual arrojó un 78,7% contra un IPC del 83%.

 

Urge ponerle un torniquete a esa sangría y este viernes debutará, finalmente, el programa Precios Justos, que mantendrá fijos por 120 días unos 1.500 productos de primera necesidad con una suba inicial del 4% respecto de octubre.

 

La negociación fue complicada y Massa debió hacer concesiones y lanzar advertencias para lograr que el plan fuera voluntario y, por lo tanto, cumplible. Es de esperar que los productos no desaparezcan, que el congelamiento sea tal, que el programa impacte en el IPC de los meses calientes del verano y que la salida –o readecuación– del mismo no resulte traumática. En ello –más una montaña de problemas de fondo que urge resolver– se juega que los ingresos dejen de perder como en la guerra y, acaso, datos políticos y electorales de interés para 2023.

 

La relación entre el empresariado y el Gobierno es inevitablemente difícil. Esa danza enrevesada se observó claramente en la aparición de Massa en la 28º Conferencia Industrial, en la que la queja sobre la falta de dólares para importar insumos se hizo sentir con fuerza. Según cuenta La Nación, relatos sobre “una situación crítica de los stocks” fueron el preludio para que Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA) y director de operaciones de Sinteplast, casi le rogara al ministro: “Es un favor que te pedimos”.

 

Según contó Leandro Renou, querido colega de Página/12 e IP Noticias, Massa le replicó que si no hay dólares es porque quienes hoy los piden se los llevaron del Banco Central adelantando importaciones para aprovecharse, con picardía, de las ventajas del cepo y la brecha.

 

El empresariado puede gustar o no, pero es el que hay y el ministro no dejó a los anfitriones con las manos vacías. Prometió créditos del Banco Nación –fondeados con préstamos de organismos multilaterales– para paliar las demoras del exhausto Banco Central, una nueva regla para las compras externas del año que viene y la incorporación del director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, a la coordinación de esas operaciones con Matías Tombolini, el Central y la Aduana.

 

Pisar las importaciones puede ser inevitable hoy –el BCRA volvió a perder reservas–, pero le pone techo al crecimiento y a la generación de empleo en una economía muy dependiente de insumos extranjeros.

 

La polémica judicial de cada día

La investigación del intento de asesinato de CFK debería ser, por su gravedad política, un ejemplo de pulcritud. Sin embargo, la vicepresidenta apuntó a la aparente reluctancia de la jueza María Eugenia Capuchetti para investigar un posible involucramiento del diputado bullrichista Gerardo Milman –mencionado por un denunciante– y, tras postear un video durísimo en las redes sociales, anunció que la recusará. La magistrada, claro, justificó su renuencia off the record.

 

Los abogados de la atacada pidieron que se secuestren y pericien los teléfonos de dos peculiares asesoras Milman que podrían contener claves para esclarecer la sospecha.

 

La cuestión derivó en el enchastre previsible. Milman dijo que la vice está mirando “una película de ficción” y su jefa política, Patricia Bullrich, habló de “video basura”. Podría haberse detenido allí, pero no lo hizo y tuvo el pésimo gusto de meter en el medio a la familia Maldonado, dándole rosca a un relato falaz sobre la suerte trágica de Santiago. Este, recordemos, debió arrojarse –sin saber nadar– a un río helado del Sur para huir la de un operativo brutal de la Gendarmería que aquella lideraba.

 

¿Milman sabía del atentado, como sugiere la defensa de Cristina? ¿Tuvo algún rol en él? Afirmar eso sería una enormidad imperdonable con los datos disponibles, pero si él mismo se declaró públicamente dispuesto a entregar sus teléfonos a la jueza, ¿qué justifica que en un caso de extrema sensibilidad no se recorra ese camino?

 

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi 11 allanamientos en locales vinculados a los fideicomisos de la familia del exministro Finanzas macrista Luis “Toto” Caputo. Cabe recordar que esa empresa –bastante elusiva, por otra parte– le pagó 13 millones de pesos a Jonathan Morel, el fundador del grupúsculo extremista Revolución Federal, para que le haga en su carpintería –literalmente sin estrenar– mesitas de luz para un hotel en la Patagonia.

 

Curiosamente, Capuchetti se negó a unificar los expedientes del atentado y de Revolución Federal, algo pedido en su momento por De Giorgi. Claro: nunca nada debe quedar claro.