13|1|2023

04 de diciembre de 2022

04 de diciembre de 2022

Un documentalista que vive en Israel descubrió al prófugo Teodoro Gauto, acusado de crímenes de lesa humanidad. La Justicia, lenta. Pelea para extraditarlo.

“Entré por un sueldo, tenía 20 años, me interesaba el auto nuevo, la pilcha nueva, esas boludeces”, le dijo hace algunos años Teodoro Aníbal Gauto a Sergio Slutzky. La charla fue telefónica, más larga, y sucedió tiempo después de que Slutzky, un argentino que emigró hace 46 años a Israel, descubriera que aquel agente civil retirado del Ejército durante la última dictadura vivía en el barrio Kiriat Bialik, a unos kilómetros de su casa. Fue en 2015 y marcó el inicio de una lucha por lograr que Gauto dé explicaciones en Argentina por las violaciones a los derechos humanos de las que está acusado. Esa lucha quedó registrada en el documental Nuestra bronca, que Slutzky estrenó a fines de noviembre en Buenos Aires, y logró lo que la Justicia nacional aún no: que el agente de inteligencia retirado hablara sobre su participación en el terrorismo de Estado.

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“Yo soy ciudadano argentino, pero también soy familiar de una víctima de la última dictadura. Desde esos lugares es que digo, insisto, en que esta persona, que está acusada de cometer crímenes de lesa humanidad, tiene que presentarse a la justicia a dar explicaciones”, remarcó Slutzky en diálogo con Letra P. Por estos días permanece en Buenos Aires, adonde llegó para estrenar el documental que hizo con su hijo, de nombre Tomer, y revisitar a todas sus “fuentes” en el caso que lo mantiene ocupado full time desde hace casi una década.

 

Un genocida en el barrio

Shlomo (Sergio) Slutzky vive en Israel desde 1976. Se fue de Argentina cuando se instaló la última dictadura en la que su primo Samuel, casi 20 años mayor que él, fue secuestrado. En 2015 se enteró de que en el barrio Kiriat Bialik, en el distrito israelí de Haifa, a unos kilómetros de su casa, llevaba varios años de vida apacible y desapercibida Gauto, imputado y procesado por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino conocido como “La Cacha”, que funcionó en unos galpones linderos al Penal de Olmos, en el partido bonaerense de La Plata, a partir de 1977.

 

Según su legajo, Gauto integró entre 1975 y 1979 el plantel de personal civil del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, una unidad del Ejército argentino que durante la última dictadura sirvió de base de operaciones para el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio y que tuvo a su cargo el gerenciamiento de La Cacha. El lugar, que fue demolido a principios de los 80, recibió a cientos de víctimas de la última dictadura, entre ellas mujeres embarazadas. 

 

“Lo único de cierto que existe (en el expediente que lo tiene como procesado) es que trabajé como personal civil del Destacamento de Inteligencia 101”, le dijo por teléfono Gauto a Slutzky, antes de definir como “administrativas” sus funciones específicas. “Confeccionar fichas con nombres y apellidos de una lista que me daban mis jefes, con datos que podía tener personas, como domicilio, señas personales; en algunos decía comunista, marxista leninista”, puntualizó.

 

La Cacha fue el último destino en el que vieron con vida a Sam, como era conocido el primo de Sergio. Samuel era un médico porteño que se sumó a la militancia revolucionaria a mediados de los 60. Integró la acción que las Fuerzas Armadas Peronistas intentaron en Taco Ralo, provincia de Tucumán. Fue un preso político hasta 1973. Ejerció como médico municipal en La Plata durante el breve período de libertad, hasta que fue secuestrado en julio de 1977.

 

A Gauto lo procesaron en 2010. Entonces, la Justicia argentina libró una orden de captura nacional e internacional. Cinco años después, a Slutzky le dijo que la causa en su contra era “un juicio político, por venganza”. Su extradición jamás se concretó.

 

Gauto obtuvo la nacionalidad y se instaló en Israel a principios de 2000, cuando era investigado por la Justicia argentina por defraudación al Banco Central, en una causa que había nacido en 1998 y por la que estuvo preso algunos días en la cárcel de Devoto. También había sido investigado por defraudación en España. Tras la crisis de 2001, él y su esposa, Silvia Cherñak, acudieron al beneficio de la Ley de Retorno israelí que establece que todo judío, su cónyuge, sus hijos y nietos y sus respectivos cónyuges tienen derecho a inmigrar al país: el abuelo de Silvia era judío. Tener causas judiciales en contra figura entre las excepciones al beneficio; pero Gauto mintió.

 

Una vez que se conoció su paradero, Argentina intentó poner en marcha su detención y extradición; una misión, hasta ahora, casi imposible, dado que para concretarlo era necesario presentar pruebas que la Justicia de Israel considerara suficientes para iniciar un proceso en su contra. Slutzky mantuvo varias reuniones con funcionarios de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri. En el documental quedó registrado el compromiso del entonces secretario del área, Claudio Avruj, para que “el señor Gauto esté ante el tribunal dando cuenta de sus hechos”.

 

Los sucesos posteriores demostraron un viraje hacia otro lado. En 2018, el juez federal de instrucción de la causa, Ernesto Kreplak, fue recusado y su reemplazante, Adolfo Gabino Ziulu, dio de baja el pedido de detención; por lo que las alertas de Interpol perdieron vigencia y Gauto, su condición de prófugo. En una jugada que se leyó como una provocación, en 2019 Gauto viajó a Argentina, donde ingresó sin problemas. Regresó a Israel cuando el juzgado reactivó su pedido de indagatoria. 

 

Desde entonces, tanto la Fiscalía como la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trabajan en la obtención de nuevos elementos para fortalecer la acusación contra Gauto y darle un nuevo impulso al proceso para juzgarlo en el país. En marzo pasado, Slutzky declaró en la causa y aportó nuevas fotografías de Gauto. Mientras tanto, Israel espera. “Es un hecho que ingresó ilegalmente a Israel y eso se lo perdonaron. Ahora es necesario que vuelva a ser requerida su detención internacionalmente para ver si cambian de parecer”, concluyó Slutzky.