27|9|2022

El pacto significará un mayor ajuste para el pueblo y se sumará un monitoreo permanente del Fondo, que pedirá cumplir las exigencias. 

Finalmente se terminaron los amagues de ruptura. Tal como era de esperar, el Gobierno llegó a un acuerdo con el FMI. Muy lejos de cualquier idea de que fuera un plan con inclusión social o que garantizara el crecimiento económico. A pesar de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su breve mensaje, este acuerdo con el Fondo es leonino, como todos los que el organismo les ha impuesto a los diversos países a lo largo de su historia. Como cada uno de los 22 acuerdos anteriores con la Argentina. 

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Tiempo atrás, desde el Gobierno, y en particular desde el kirchnerismo, se hablaba de un acuerdo con el Fondo para pagar la deuda contraída por Macri “a 20 años”, empezando recién a abonar el capital al cabo de 10 años. Eran puras fantasías. No existe tales plazos en los diversos programas del FMI. 

 

Según el acuerdo, habrá que llegar al déficit cero en 2025. Para ver lo durísimo que será alcanzar este valor, miremos la trayectoria de lo acordado. Argentina se compromete a alcanzar un déficit de 2,5% del PBI este año. Para entenderlo: el año pasado se terminó con un déficit de 3%, alcanzado en condiciones excepcionales (récord de exportaciones tanto por las toneladas cosechadas como por el valor de la soja y el maíz, y por lo tanto un monto excepcional de ingresos por retenciones; cobro del impuesto a las grandes fortunas por única vez). Es un hecho de que ese número (3% de déficit) era irrepetible para este año. Sin ajustar partidas, ya se arrancaba de una proyección de déficit de 4%. El Gobierno aceptaba avanzar a un mayor ajuste, así estaba en el presupuesto y luego fue dado a conocer a los gobernadores en la reunión de enero: 3,3% del PBI. ¡Pero ahora se aviene a ajustar mucho más, hasta un 2,5%! Es imposible sin achicar partidas, con sus consecuencias sociales. El propio ministro de Economía no se atuvo a la verdad cuando dijo que este año “no subirán las tarifas” cuando el propio comunicado del Fondo dice lo contrario, al enunciar que en el acuerdo está la reducción de los subsidios a las privatizadas. 

 

El Gobierno se compromete a alcanzar dicho sendero de ajuste con límites muy estrictos de emisión monetaria. La exigencia del Fondo es clara: con mayor endeudamiento en pesos, para lo que requiere además una suba de la tasa de interés hasta llevarla a términos positivos (por arriba de la inflación). Con lo que se encarecerá a niveles astronómicos el crédito popular. 

 

El ejecutivo plantea que podrá llevar adelante todo esto creciendo. No es viable. El programa del FMI es fuertemente recesivo, dadas semejantes limitaciones fiscales (déficit a alcanzar) pero también monetarias (suba de tasa de interés y reducción de la capacidad soberana de emitir moneda).

 

El acuerdo consiste en que, ante cada vencimiento a pagar, el FMI contablemente desembolsa el monto, en vez de hacerlo la Argentina. O sea, no entra un centavo de plata fresca. Solo el Fondo se paga a sí mismo y le endosa una nueva deuda por ese mismo monto a nuestro país. Así se irían pagando los vencimientos de los 45.000 millones de dólares de capital que se adeudan hasta cumplir la totalidad del cronograma en 2024. Claro que, los desembolsos y esa trayectoria estaría atada a revisiones trimestrales que haría el propio Fondo. Por lo que, trimestralmente, estaríamos bajo la espada de Damocles de que al Fondo “no le guste” alguna medida de política económica y entonces amenace con que se cae todo el acuerdo. Así se hará durante dos años y medio, por un total de 10 revisiones (misiones) del FMI. Una virtual intervención sobre la política económica de nuestro país, ya que pasaríamos a tener un virrey que definiría que se puede hacer y que no. 

 

El Ejecutivo se jacta de que el acuerdo no exige las llamadas reformas estructurales, tales como la flexibilización laboral o modificaciones en el sistema jubilatorio. Todo eso está por verse. Porque al tratarse un programa conocido como “de facilidades extendidas”, la pregunta es qué pasa luego de estos dos años y medio que se acaban de anunciar. Al cabo de los cuales, la Argentina sigue debiéndole al FMI los mismos 45.000 millones de dólares que les debe hoy, y, ahora sí, debe comenzar a desembolsar el capital, a razón de casi 10.000 millones de dólares por año (entre 2026 y 2031, porque, como hemos dicho, lo máximo que se estiran los acuerdos del FMI es a 10 años). ¿Cómo se harán esos pagos? ¿Se refinanciarán? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Se seguirán pagando o también se refinancian? Todas dudas que se irán despejando en las próximas semanas, cuando se conozca la letra chica del acuerdo. Pero, como vemos, todas dudas que empeoran la situación de ajuste en curso. Y donde, una de las formas de resolverlas será que aparezcan, más o menos escondidas, las famosas demandas de “reformas estructurales”.

 

Este acuerdo nos hipoteca el presente y el futuro. Y no resuelve para nada el problema ya histórico del endeudamiento externo de la Argentina, que seguirá creciendo cual bola de nieve. 

 

Por eso volvemos a insistir en lo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda: la única salida es romper con el FMI, con este siniestro acuerdo que llega después que ya le pagamos 6.500 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Al mismo tiempo hay que suspender todos los pagos en concepto de deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.