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La Justicia habilitó el debate de un parque público en Costa Salguero

La Legislatura porteña deberá discutir la iniciativa popular, que impulsó el FdT junto a organizaciones ambientales, en un plazo máximo de un año.

La Justicia porteña habilitó el debate en la Legislatura de la creación de un parque público en el predio de Costa Salguero tras la verificación de las más de 53 mil firmas que juntaron dirigentes del Frente de Todos junto a organizaciones sociales y ambientales. El proyecto deberá ser ser votado en el Parlamento porteño en el plazo máximo de un año.

 

“El Tribunal Superior de Justicia resuelve: informar al Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante oficio de estilo, que se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 40 y que no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”, sostuvo el máximo tribunal de justicia de la Ciudad en su fallo.

 

En diálogo con Letra P, el legislador del FdT Juan Manuel Valdés resaltó el rol de los vecinos: “Consiguieron un triunfo histórico. Por primera vez, la Legislatura tendrá que tratar una iniciativa popular. Con cada firma, le dijimos al gobierno porteño que la costanera tiene que ser para vivirla y no para especular con ella. Estamos muy contentos de que este año tenga que tratarse la creación del parque público en la zona”.

 

Desde el oficialismo, en cambio, no hubo palabras. Solo una fuente parlamentaria del bloque que responde al jefe de Gobierno dijo que "se respetan los procesos de la Justicia".

 

Con este fallo, los legisladores cuentan con un año como plazo máximo para debatir un proyecto que fue eje de campaña de una de las principales fuerzas opositoras de la Ciudad. De hecho, la presentación de la lista del FdT para las elecciones legislativas de 2021 se realizó en Costa Salguero. Allí, el entonces primer candidato a diputado nacional, Leandro Santoro, encabezó la presentación de firmas para evitar “la privatización del espacio público”. 

 

El oficialismo no cambió de perspectiva: se mantuvo firme y logró aprobar, en compañía de aliados y en diciembre de 2021, un proyecto para rezonificar el predio de 18 hectáreas y habilitar la construcción de edificios privados para viviendas, oficinas y comercios. Un porcentaje de ese espacio, además, está destinado a espacio público. El argumento para impulsar cambios fue, en principio, la chance de promover una revitalización de la zona, y, también, la creación de miles de puestos de trabajo. 

 

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